Pedro Sánchez anuncia la bajada de 20 céntimos en la gasolina y el diésel para todos los consumidores

El presidente del Gobierno ha adelantado las medidas que este martes aprobará el Consejo de Ministros, en el llamado Plan de Respuestas a las Consecuencias Económicas de la Guerra. Y la iniciativa estrella entre todas ellas es la de aprobar "una bajada directa de, al menos, 20 céntimos por litro en los combustibles para todos los consumidores".

Como ya se anunció el pasado viernes, en el acuerdo con los transportistas, el Estado pondrá 15 de esos céntimos y las petroleras, "un mínimo de otros cinco, aunque algunas ya han anunciado mayores rebajas, y agradecemos su patriotismo".

En esos términos habló Sánchez, que dictaba una conferencia en el marco del tercer encuentro 'Generación de Oportunidades' en el Auditorio El Beatriz de Madrid. Otra de las medidas clave, aunque la dejó caer el presidente sin abundar en ella, fue la aceptación de las condiciones de los transportistas de la Plataforma que llevan dos semanas en huelga indefinida. Una ley los protegerá de los intermediarios "y nunca más trabajarán a pérdida", anunció Sánchez.

La movilización de estos camioneros autónomos se mantuvo, incluso después del "acuerdo histórico" del pasado viernes, y de que los recibiera la ministra. Y es que su exigencia no era sólo de representatividad, sino que reclamaban "menos ayudas y subvenciones y más poder vivir de nuestro trabajo".

Es decir, una garantía de no trabajar nunca más a pérdida. Sánchez anunció la aprobación inminente de "una ley para que los transportistas nunca más tengan que trabajar a pérdida, como aprobamos con la ley de cadena alimentaria". 

No sólo la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, estaba sentada en primera fila escuchando, satisfecha, la solución a la mayor crisis que ha debido afrontar -a la espera de que los transportistas parados se den por enterados-.

Cinco ejes

Junto a ella, escuchando al presidente, se encontraba una nutridísima representación de su Gobierno. Así, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; y la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez. También, Óscar López, director de Gabinete de Sánchez, y la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.

El plan, que se aprobará este martes en Consejo de Ministros, incluirá medidas por valor de 16.000 millones de euros, de aquí al 30 de junio. Los primeros 6.000 millones, "en rebajas de impuestos y ayudas directas", explicó. Ahí van incluidas las rebajas en los combustibles, que entrarán en vigor, en principio, nada más publicarse el decreto en el BOE, el próximo miércoles.

Los otros 10.000 millones, dedicados "a la protección del tejido productivo, mediante nuevos créditos ICO y la ampliación de los periodos de amortización y de carencia para los más vulnerables".

El plan de respuesta tendrá cinco ejes, según lo anticipado por el presidente: las familias, las empresas, los transportistas, la ciberseguridad y los precios de la energía. "Ésta es una crisis asimétrica, y el decreto es complejo", explicó Sánchez, que además definió un objetivo triple: "Proteger a los más vulnerables, repartir con justicia los costes económicos de la guerra y preservar la recuperación económica".

Confianza perdida

Ésa fue una de las preocupaciones que más se traslucieron del discurso de Sánchez, en el foro Generación de oportunidades. El presidente presumió de su capacidad ante las adversidades al enumerar, una por una, las calamidades a las que ha tenido que hacer frente su Gobierno. Así, la pandemia, el volcán, la guerra en Ucrania...

Y su manera de presumir fue pedir confianza en su equipo, ahora que el estallido social lo ha puesto en solfa, con críticas internas a su "Gobierno bonito", como informaba este diario. "Somos el mismo Gobierno que afrontó la pandemia, el que propuso los fondos de recuperación europeos y la compra centralizada de vacunas, el que consiguió el mayor porcentaje de inmunización en menos tiempo, y el que logró el pasado viernes el reconocimiento de la excepción ibérica en el Consejo Europeo, para poder bajar los precios de la energía", proclamó.

"Somos el mismo Gobierno que aprobó el Ingreso Mínimo Vital, el de los créditos ICO, el de los ERTE y el Escudo Social, el mismo Gobierno que aprobó con acuerdo de los agentes sociales la reforma laboral y la reforma de las pensiones", recordó.

Y poniéndose él mismo la medalla de la solvencia que la opinión pública le retiraba en los últimos tiempos, pidió los focos para concluir: "Somos el Gobierno que afrontó la crisis de Afganistán, el que asumió el desastre del volcán con la máxima colaboración de las administraciones y el que ahora no permitirá que los efectos de la guerra retrasen la recuperación y la transformación económica de España".

Las medidas

Respecto a la pandemia, Sánchez no anunció el fin de la mascarilla en interiores, que lleva anticipando desde hace meses que será "muy pronto". Solamente admitió que se va a implantar ya la nueva estrategia de gestión de la Covid, es decir, la "gripalización" de la pandemia... pero sin decirlo así, que la expresión no gustó en enero a la opinión pública.

Respecto a los precios de la energía, el presidente le ha puesto fecha a la propuesta conjunta con Portugal para la Comisión Europea: "Esta misma semana, los dos Gobiernos presentaremos un plan para ponerle un tope al precio del gas que se usa para la generación eléctrica"... otra cosa es cuándo vaya a responder Bruselas. "Creemos que será muy pronto", auguró Sánchez, "y la publicaremos al día siguiente en el BOE para que sea efectiva de inmediato".

El presidente, además, aumentará un 15% el montante del IMV hasta el 30 de junio, marcará un tope del 2% en las subidas de los alquileres, ampliará a más de 600.000 familias adicionales el bono social eléctrico y extenderá las medidas fiscales en el recibo de la luz. Ésas son las únicas "rebajas de impuestos" que anunció... que no son tales, pues son el mantenimiento de las ya existentes.

Es decir, que el famoso Acuerdo de La Palma, aprobado por unanimidad en la Conferencia de Presidentes, se queda en papel mojado.

En el ámbito laboral no dio detalles de la prohibición del despido por la crisis causada por la guerra, ni del tipo de ERTE al que podrán acogerse las empresas en ese caso.

Y de lo que no habló -y ni siquiera dejó entrever- es de una de las preocupaciones clave del Gobierno ahora. Recién aprobada la reforma de las pensiones que indexan éstas al IPC, la actualización del año que viene promete romper las cuentas del Estado, si la inflación alcanza los dos dígitos, como prevén los expertos.

Finalmente, el presidente anunció más medidas regulatorias para "fomentar y acelerar el despliegue de las renovables" y fomentar el ahorro energético. Porque "nunca hemos sido más conscientes de la necesidad de hacerlo". El Plan de Choque, dijo, va a "proteger, repartir los costes y preservar la recuperación".

A la salida de la conferencia, fuentes del Gobierno anunciaron que a lo largo del fin de semana y esta misma mañana, el Gobierno ha estado "contactando con los y las portavoces parlamentarias en el Congreso" para informar y, en la medida de lo posible, acordar estas medidas.

En concreto, el ministro Bolaños ha contactado telefónicamente con los portavoces de PP, ERC, Cs, PNV y Más País para "explicar las líneas generales del real decreto ley que se aprobará mañana por el Consejo de Ministros". Con el resto de grupos también se ha hablado desde el Gobierno. Estas conversaciones han tenido "buena acogida por los grupos y el tono ha sido constructivo".