Los ministros Yolanda Díaz y Félix Bolaños, en una imagen de archivo.

Los ministros Yolanda Díaz y Félix Bolaños, en una imagen de archivo. Europa Press

Política GUERRA RUSIA-UCRANIA

El Gobierno planea extender el bono social y subvenciones a afectados sin bajar impuestos

Bolaños contactará este lunes con los grupos para buscar apoyo al decreto que se aprobará el martes, aunque aún negocian PSOE y Podemos. 

28 marzo, 2022 03:01

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El Gobierno prepara un sistema de ayudas directas y subvenciones para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Según fuentes de ministerios afectados, la medida principal será fortalecer el llamado bono social eléctrico. Se hará elevando la cuantía, prolongando el periodo de vigencia y extendiendo el número de personas que puedan percibirlo.

El pasado 21 de diciembre el Gobierno aprobó que los beneficiarios del bono social eléctrico mantendrán sus descuentos de entre el 60 y el 70% de su consumo hasta el 30 de abril y ahora será prorrogado y extendido.

Las cuantías y las condiciones para acceder están discutiéndose aún en el seno del Gobierno, que durante todo el domingo ha mantenido reuniones en los diferentes ministerios afectados para cerrar el decreto que será aprobado el martes 29 en el Consejo de Ministros.

Este lunes, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tiene previsto contactar con el resto de partidos para intentar acercarse a un acuerdo sobre las medidas, antes de aprobarse el martes. De hecho, los portavoces habían sido avisados de que se les contactaría la tarde del domingo, pero a última hora de la tarde no se habían cerrado aún todos los extremos y, por eso, se pospuso el contacto.

En principio, el Gobierno renuncia a la opción de nuevas bajadas generalizadas de impuestos en los combustibles, en favor de ayudas o subvenciones para sectores afectados. Por ejemplo, el acuerdo con los transportistas sigue esa lógica con una reducción del precio a través de la acción del Gobierno y el compromiso arrancado a las empresas petrolíferas.

Bajada de impuestos

La bajada de impuestos fue pactada en la Conferencia de Presidentes de hace dos semanas en La Palma. El presidente de la Xunta de Galicia y próximo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, negoció directamente con el Gobierno, que se resistía a incluir la referencia a los impuestos en la declaración final.

El Gobierno argumenta que carece de margen para bajar impuestos de los combustibles y energías. Los de la luz ya los bajó el pasado mes de junio y lo prorrogó el 21 de diciembre, cuando se redujo el IVA al 10% para los que consumen menos de 10 Kv (el 93% de los consumidores) y el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) al 0,5%, en el mínimo autorizado por la UE, y el 7% del Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) fue suspendido de forma temporal hasta el 31 de marzo. Esa reducción será prorrogada ahora.

Respecto a los transportistas, el Gobierno subvenciona 15 céntimos y las petrolíferas cinco. Las diferentes empresas ya han aplicado esa reducción de precios de forma generalizada.

Y sobre a los topes en los precios, Pedro Sánchez logró que la UE permita a España y Portugal establecer precios máximos. Debe autorizarlo Bruselas y el Gobierno cuenta con enviar la propuesta durante esta semana.

Para fijar ese precio máximo del gas en el mercado mayorista, la vicepresidenta Teresa Ribera se mueve entre los 20 euros de 2020, los 50 de 2021 y los más de 100 actuales. Esa cuantía no está decidida aún y la propuesta debe estar aquilatada para evitar problemas técnicos o choques con la legislación comunitaria.

El decreto con el llamado Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania incluirá también ayudas para el sector pesquero, la ganadería y la agricultura.
En los trabajos internos del Gobierno para perfilar el decreto, hay también una negociación interna entre los dos socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Esta negociación no había concluido aún la noche del domingo.

Negociación PSOE-Podemos

Se negocia en "tres bloques". Uno, de carácter laboral, en el que se analizan los posibles ERTEs específicos y la posibilidad de prohibir ciertos despidos, una medida similar a la ya utilizada tras la pandemia del coronavirus.

El Ministerio de Trabajo plantea volver a prohibir el despido objetivo o procedente para evitar extinciones de contratos basados en el conflicto bélico —antes, en la Covid-19— o que conlleven una indemnización superior para el trabajador.

Un segundo apartado es el social y es el que más dificultad está teniendo. Se refiere, por ejemplo, a la posible desvinculación del IPC del precio de los alquileres y la posibilidad de subir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La parte socialista pone objeciones a las dos medidas. Y el tercer bloque es el de medidas para rebajar los precios de la energía.

En las negociaciones participan por Unidas Podemos Joaquín Pérez, secretario de Empleo y Economía Social, así como Josep Vendrell, jefe de gabinete de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz. También, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales. La reunión empezó este domingo por la mañana y se prolongó toda la tarde.