La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa en Moncloa.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en una rueda de prensa en Moncloa. Efe

Política POLÍTICA

Bruselas admite una denuncia contra Irene Montero por acusar a Antonio David Flores

"Las autoridades españolas presentan como culpables a hombres que no han sido condenados", dice la Asociación Custodia Compartida de Alicante.

24 junio, 2021 01:08
Alicante

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"El testimonio de Rocío Carrasco (exesposa del Sr. Flores) es el de una víctima de violencia de género". Por estas palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), el Gobierno español será investigado por la Comisión de Justicia de la Comisión Europea.

El pasado 2 de junio, Montero intervenía en horario de máxima audiencia en un programa de Tele5 para lanzaba un mensaje de apoyo a Carrasco y a todas las mujeres que han sido o están siendo víctimas de violencia de género

"Hola, Rocío y hola a todas las mujeres que nos estarán viendo esta noche. Quiero mandarte un abrazo y agradecerte sinceramente que hayas tenido la valentía, la entereza, la fortaleza de contar tu testimonio, tu historia de vida. Espero que contarla [...] sirva, al menos, como un acto de reparación de todas las violencias que has sufrido". Montero daba así por reales las acusaciones de violencia de género vertidas contra Antonio David Flores, expareja de Rocío Carrasco.

Extracto de la respuesta de la Comisión Europea.

Extracto de la respuesta de la Comisión Europea.

Y eso es lo que recoge la respuesta de la comisión de Justicia a la Asociación Custodia Compartida de Alicante, fechada el 18 de junio en Bruselas. El gobierno de la Unión Europea ha registrado el escrito de la asociación "como denuncia con el número de referencia CHAP(2021)02321".

Y es que desde el primer momento la ministra se posicionó con la hija de la cantante tras visionar la serie-documental emitida por Tele5 hace unos meses. Como recogió EL ESPAÑOL, incluso participó en ese programa, mandando apoyo a la protagonista.

La denuncia

Desde la asociación alicantina, aseguran que se sienten legitimados para denunciar porque representa "los intereses generales que se ven afectados por la violación de la directiva 2016/343", dado que "es frecuente que los varones que solicitan el modelo de custodia compartida se vean afectados por denuncias de violencia de género".

En este sentido, añaden: "No podemos consentir que las autoridades españolas presenten como culpables a hombres que no han sido condenados por los tribunales", en clara referencia a todos los comentarios de la ministra.

Irene Montero durante el mensaje de apoyo a Rocío Carrasco.

Irene Montero durante el mensaje de apoyo a Rocío Carrasco. Twitter

Afirman que se ha presentado como víctima de un delito de malos tratos a una persona que ningún tribunal ha declarado que haya sufrido este tipo de agresiones, al contrario, se sobreseyó la acusación. Por tanto, "presentar a esa mujer como víctima significa presentar a su exmarido como culpable, hasta el punto de que ha causado su despido laboral".

En el escrito presentado ante la Comisión, se recuerda que España ya ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Azconobieta contra España), en una sentencia que exigía el respeto a la presunción de inocencia a todos los representantes públicos españoles. Francisco Lizaso Azconobieta, tras ser detenido en una operación contra ETA, fue acusado por el entonces gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga, de ser miembro del comando Kirruli de la organización terrorista.

La Comisión ha recordado a los denunciantes que si decide actuar tras recibir su denuncia, "incluso incoando un procedimiento formal de infracción", su objetivo general es "garantizar que las leyes de los Estados miembros sean conformes con la legislación de la UE y que se apliquen correctamente".

Por tanto, se trataría de una investigación genérica que "no puede resolver su situación concreta e individual". Es decir, que "para obtener reparación, incluida una indemnización si está justificada, debe emprender acciones a nivel nacional en el Estado miembro de que se trate".