Pedro Sánchez, su suegro Sabiniano Gómez y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Diez años después, el PSOE dice trabajar aún en la ley contra la prostitución pero las feministas ya no se lo creen: "A los amigos de Sánchez no les interesa"
Fuentes de Igualdad sostienen que, tras la aprobación de la Ley de Trata, el Gobierno tratará de reactivar el proyecto, ya rechazado por el Congreso en 2024.
Más información: El Gobierno oculta que su única ley contra la prostitución será una mera transposición de una directiva europea sobre trata.
La Ley prometida por el Gobierno para prohibir la prostitución sigue sin ver la luz. Fue anunciada a bombo y platillo por el PSOE en su programa electoral de 2015, rechazada en el Congreso en mayo de 2024 y reactivada como anteproyecto de ley en 2025.
Fuentes del Ministerio de Igualdad aseguran a EL ESPAÑOL que la norma abolicionista "no está en ningún cajón" y que será abordada después de la aprobación de la Ley de Trata, que según sus planes saldrá adelante a finales de año.
El Gobierno está "esperando los informes para llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros".
Feijóo y Gamarra redoblan la acusación contra Sánchez por lucrarse con la prostitución y Moncloa impone el silencio
Sin embargo, esta dilatada parálisis de la norma abolicionista ha alimentado el escepticismo de una parte del movimiento feminista, que exige un compromiso firme para acabar con la prostitución y que ve una contradicción evidente entre la retórica del Ejecutivo y la ausencia de avances legislativos.
Zuriñe Ojeda, vicepresidenta de Feministas al Congreso, expresa la desconfianza que impera en el movimiento hacia los verdaderos motivos que frenan la tramitación.
"No dudo de la voluntad de las feministas del PSOE de sacar adelante una ley abolicionista, pero les están pasando por encima", afirma en conversación con EL ESPAÑOL.
"No hacen nada más que hablar", denuncia.
Reconoce que las últimas campañas institucionales del Gobierno contra la prostitución son "estupendas", pero considera que resultan insuficientes después de tres legislaturas consecutivas en el Gobierno.
"Ahora que se acaba la legislatura y se acercan las elecciones, vuelven a hablar de ello porque necesitan el voto del feminismo y de las mujeres. Dicen que están empeñados en sacarla. Mentira. Ni la van a sacar aunque vuelvan a ganar. Ya no nos lo creemos".
Ojeda atribuye parte de la resistencia al alcance económico y social del negocio de la prostitución y al elevado número de hombres que recurren a ella.
Ojeda sostiene la tesis de que la inacción legislativa responde al temor de la clase política a enfrentarse a un avispero de consumidores masculinos.
![Ana Redondo junto a varias diputadas y senadoras este jueves en Alcorcón](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11053560.jpg?p=w:320\/h:240&h=d5lptXPw"])
"No hay voluntad por parte de los que mandan, que son hombres. Hay una gran cantidad de consumidores. Se calcula que un 40% de los hombres requiere de la prostitución en algún momento de su vida. Es un gran negocio y no hay una voluntad real de acabar con él".
Y se pregunta: "¿Pero cómo va a haberla, si tenemos a los amigos de Pedro Sánchez, que lo del feminismo les importa poco, y a puteros como Ábalos y a cientos que desconocemos?".
También señala como corresponsable a parte de los partidos situados a la izquierda del PSOE.
Sumar, Podemos y otras formaciones defienden enfoques regulacionistas o basados en el reconocimiento del denominado trabajo sexual, incompatibles con el modelo promovido por el feminismo abolicionista.
![La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto al presidente, Pedro Sánchez, y el suegro de éste, Sabiniano Gómez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11047279.jpg?p=w:320\/h:240&h=CzVU5Zv0"])
Este último, recalca Ojeda, no persigue ni sanciona a las mujeres prostituidas.
Su objetivo es ofrecerles alternativas económicas, sociales y habitacionales; educar y sensibilizar a la sociedad; penalizar el enriquecimiento de terceros, y actuar contra la demanda mediante sanciones a los compradores de sexo.
Uno de los puntos de mayor fricción jurídica y política de la ley es, precisamente, la recuperación de la "tercería locativa" en el Código Penal.
Esta figura, que castiga a los dueños y arrendadores de los locales o inmuebles donde, de manera habitual y con ánimo de lucro, se ejerce la prostitución, situó la discusión en un terreno incómodo para el entorno familiar del presidente del Gobierno.
Históricamente, el patrimonio y los activos de la familia de su esposa, Begoña Gómez, proceden de los ingresos generados durante décadas por negocios de saunas y prostíbulos regentados por su padre, Sabiniano Gómez, y por sus tíos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un debate en el Congreso.
La relación de Begoña Gómez con dichos establecimientos ha sido documentada por testimonios que afirman que ejercía de contable y administrativa en ellos.
Paco de Narváez, director comercial de la revista MENsual, especializada en el público gay, relató a EL ESPAÑOL haber recibido pagos directamente de la hoy mujer del presidente del Gobierno: "Begoña me daba un sobre con billetes y yo le firmaba",.
Begoña Gómez abonaba así la publicidad de la sauna Adán, en la calle San Bernardo, en la revista.
Aunque la familia política del presidente ya se desprendió de esta actividad comercial, los registros de la propiedad constatan esa herencia paterna, que incluye valiosos inmuebles pagados con el fruto de esos negocios.
Por ello, Alberto Núñez Feijóo espetó al presidente desde la tribuna del Congreso: "Usted ha sido partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución, y ahora quiere ilegalizar su biografía".
![e](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11012330.jpg?p=w:320\/h:240&h=mFwMxyZ2"])
Un señalamiento que se repitió en el Senado, cuando el PP atribuyó a este motivo la parálisis del proyecto de ley abolicionista: "Claramente, se atascó cuando salió a la luz que el presidente del Gobierno se lucró de los negocios de prostitución de su familia política. Ahí se enterró este debate".
Al margen de las críticas de la oposición, la exdiputada y exportavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso Ángeles Álvarez aporta una lectura más técnica y pragmática sobre la estrategia del Ejecutivo.
Para la histórica dirigente feminista, afirmar que el PSOE no es abolicionista constituye "un comentario interesado", porque el partido está "absolutamente posicionado".
El problema, sostiene, es su aislamiento parlamentario. Su interpretación es que el Gobierno ha separado deliberadamente los dos bloques legislativos.
Por una parte, una Ley de Trata centrada en la protección, asistencia e identificación de las víctimas, susceptible de conseguir un respaldo amplio.
![Pedro Sánchez fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11054786.jpg?p=c:1073:806:nowe:5:3\/w:320\/h:240&h=J_QfWWZh"])
Y por otra, una futura ley abolicionista que concentraría las medidas más conflictivas: el endurecimiento de las penas por proxenetismo, la recuperación de la tercería locativa y el reproche administrativo o penal contra los compradores.
Álvarez teme que la Ley de Trata sea esencialmente "victimocentrista" y paliativa, sin modificar los artículos del Código Penal que regulan el proxenetismo ni introducir sanciones contra la demanda.
La operación permitiría aprobar primero aquello sobre lo que existe acuerdo, y trasladar a otra norma los elementos capaces de fracturar a la mayoría.
El inconveniente es evidente: esa segunda ley "no va a salir porque no dan los números", advierte Álvarez, salvo que el PSOE negocie con el Partido Popular.
Pacto de Estado con el PP
La exdiputada reclama explorar precisamente esa vía. "Hay muchas mujeres del PSOE que dicen: 'Explora hasta dónde podemos llegar con el PP'".
En su opinión, la lucha contra la explotación sexual debería abordarse como una cuestión de Estado, al margen de la geometría habitual de bloques.
"El PP tiene que pensar cinco minutos que España no puede ser el prostíbulo de Europa", afirma Álvarez.
"Hay cuestiones de Estado en las que hay que trascender determinadas posiciones ideológicas, para poner freno a modelos relacionales que colocan al conjunto de las mujeres como cuerpos a disposición de terceros", añade.
Ábalos y Koldo hablaban de repartirse de prostitutas.
El bloque de apoyo al Gobierno se encuentra fracturado por una discrepancia que Álvarez define como de "calado ético".
Porque, entre otros, fueron Sumar, ERC y Bildu los que rechazaron el 21 de mayo de 2024 iniciar la tramitación de la proposición de ley de prostitución y proxenetismo registrada por el PSOE.
La exdiputada lamenta que "un sector de la izquierda maneje conceptos del liberalismo puro y duro, la libre elección, sólo para cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad del cuerpo de las mujeres".
"La libre elección podría llevarnos a admitir que un trabajador cobre menos de lo establecido en convenio porque necesita el empleo", argumenta.
![La abolición de la prostitución también tropieza en Cataluña: el feminismo del PSOE asume su derrota ante el regulacionismo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11053553.jpg?p=w:320\/h:240&h=9W9uCbS-"])
Esta corriente de opinión, mayoritaria en Sumar, Podemos o Más Madrid, no sólo se opone a castigar la demanda, sino que, según Álvarez, se muestra "contraria al endurecimiento de las penas contra los proxenetas, contra aquellos que se enriquecen de la prostitución ajena".
Esta fractura ideológica se ha agudizado con la emergencia de las plataformas digitales como OnlyFans, que han redefinido por completo las vías de explotación.
Álvarez advierte de que "el número de mujeres prostituibles ha aumentado exponencialmente a través de las nuevas vías de cooptación o puertas de entrada como OnlyFans".
Se trata de un entorno donde la prostitución "cada vez es menos marginal" y se normaliza incluso entre jóvenes de clases acomodadas.
Frente a quienes diferencian el entorno analógico del virtual, la histórica activista es tajante.
"Me da igual que sea proxenetismo físico que virtual. Es proxenetismo", afirma.
A su juicio, la figura de la tercería locativa debería aplicarse también a las redes sociales porque "los países son soberanos para eso".
Once años de promesas
Han transcurrido más de diez años desde que el PSOE incluyó en su programa electoral de 2015 el compromiso de desarrollar políticas encaminadas a abolir la prostitución.
El documento prometía recuperar la ya mencionada tercería locativa, penalizar cualquier forma de proxenetismo lucrativo y sancionar la demanda y la compra de servicios sexuales.
Desde entonces se han sucedido los anuncios, las declaraciones solemnes, las iniciativas parlamentarias y las campañas institucionales. Lo único que no ha llegado es la ley.
Ya en septiembre de 2018, dos meses después de llegar a Moncloa, Sánchez anunció que su Gobierno presentaría un anteproyecto contra la trata y la explotación sexual.
Dos años después declaró en Televisión Española que la posición de su partido es inequívoca: "Queremos abolir la prostitución".
![Manifestación en Ferraz de prostitutas contra la ley del PSOE para abolir esta práctica](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/9940255.jpg?p=w:320\/h:240&h=WjW6IUTT"])
Y en octubre de 2021, durante la clausura del 40º Congreso Federal del PSOE, elevó ese propósito a compromiso personal: "Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres".
La primera iniciativa legislativa avanzó en junio de 2022, cuando el Congreso aceptó tramitar una proposición socialista contra el proxenetismo por 232 votos a favor, 38 en contra y 69 abstenciones.
El texto, sin embargo, decayó al concluir la legislatura, sin completar su recorrido parlamentario.
El PSOE volvió a intentarlo en mayo de 2024. Esta vez la Cámara ni siquiera permitió iniciar la tramitación: la propuesta fue rechazada por 184 votos frente a 122 apoyos y 36 abstenciones.
![La ministra de Igualdad, Ana Redondo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11012586.jpg?p=w:320\/h:240&h=OL9Qlc31"])
En junio de 2025, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció que llevaría al Consejo de Ministros un nuevo anteproyecto abolicionista en septiembre. Tampoco ocurrió.
Once años después del primer compromiso electoral, no existe un calendario vinculante ni una mayoría parlamentaria preparada para aprobarlo.
La incertidumbre no afecta únicamente a los plazos, sino a la propia naturaleza de la iniciativa y a quién debe impulsarla.
El pasado 5 de mayo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, explicó que la abolición no figuraba en el Plan Anual Normativo del Gobierno para 2026, porque se trataba de una proposición liderada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Diferenció expresamente esa iniciativa de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que sí está incluida entre las normas que el Ejecutivo pretende aprobar.
Esta explicación parecía descartar, al menos por el momento, la vía del anteproyecto gubernamental anunciada por Redondo en 2025.
Preguntadas por EL ESPAÑOL, fuentes de Igualdad insisten hoy en que "mientras haya legislatura, hay opción".
