Begoña Gómez, David Sánchez, Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, todos ellos imputados a excepción del presidente del Gobierno
Sánchez y Zapatero hacen de España un caso único en la UE: los familiares directos de dos presidentes, imputados a la vez
Laura y Alba Rodríguez, hijas del expresidente, declararán como investigadas al haber sido administradoras solidarias de la empresa Whathefav SL.
Sus casos se suman a los de Begoña Gómez, esposa del presidente, y David Sánchez, su hermano, este último ya visto para sentencia.
Más información: El juez Calama llama a declarar como investigadas a las hijas de Zapatero y a su secretaria Gertrudis.
El rosario de escándalos de corrupción que rodean al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenaza con transformar el célebre Manual de Resistencia en el prólogo de una interminable serie judicial.
La sinopsis de la trama podría haber salido de la pluma de David Simon: "Las familias de dos presidentes socialistas de un país de la Unión Europea han sido señaladas por la Justicia al mismo tiempo por primera vez en la historia. José Luis, sobre el que pesan los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contrabando de joyas de gran valor, ha acabado en el banquillo y ha arrastrado consigo a sus hijas Alba y Laura.
Por su parte Pedro, o P.S., heredero moral e ideológico de José Luis, se ha librado de las pesquisas, pero su entorno, desde sus manos derechas, Ábalos y Santos, hasta su esposa, Begoña, y su hermano, el músico David, han sido señalados en distintas causas judiciales por haber utilizado su poder e influencia para convertir los resortes del Estado en un engranaje de beneficio privado".
Sin embargo, ni la UCO, ni la UDEF, ni los jueces han visto indicios de ficción en este enredo. Sin ir más lejos, este miércoles el juez Calama decidió imputar a Alba y Laura Rodríguez por su cargo como administradoras solidarias de la empresa Whathefav SL.
La investigación señala que esta sociedad fue una pieza instrumental utilizada para recibir y canalizar los fondos ilícitos recibidos por la trama hacia el entorno de su padre, que ostenta el hito de ser el primer presidente de la democracia de España investigado.
José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodriguez Zapatero, junto al esquema del flujo de pagos de la trama
De 'primeras veces' versa esta no ficción, y si se tiene en cuenta que tanto el hermano de Pedro Sánchez como su esposa, Begoña Gómez, también están imputados, el ecosistema de presuntas corruptelas en torno al PSOE convierte a España en el primer país de la Unión Europea en el que dos presidentes de un mismo partido tienen a tal cantidad de familiares investigados en escándalos judiciales.
El único caso con cierta semejanza se dio en Rumania en 2015. En ese momento, el país tenía a su primer ministro, Víctor Ponta, del socialdemócrata PSD, y a su cuñado investigados por evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Unos años antes, en 2012 y 2014, Adrian Nastase y su esposa Dana, también del PSD, habían sido condenados, pero nunca coincidieron en el tiempo ni en la cantidad de familiares directos vinculados.
El ejemplo de España es especialmente grave precisamente por esa distinción: en el mapa de la corrupción se han cartografiado 15 casos que suman 97 imputados vinculados directa e indirectamente con el PSOE de Sánchez y el de Zapatero.
![El presidente Pedro Sánchez, este jueves en Bruselas.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11296444.jpg?p=w:320\/h:240&h=X4wu4OBq"])
La red de Zapatero
En este último caso, parte de las investigaciones provienen de un chivatazo de la Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y afectan directamente al expresidente socialista y a su entorno más cercano.
Se los acusa de conformar una presunta red criminal organizada dedicada al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales en la que habrían utilizado sus contactos al más alto nivel y un complejo entramado societario para lucrarse ilícitamente con la concesión de ayudas públicas (como el rescate a Plus Ultra), además de favores en negocios internacionales.
En el caso específico de Zapatero, esta misma semana declaró ante Calama también por el escándalo de las joyas valoradas en 1,3 que no declaró ante Patrimonio y que en su día contradijo el Código de Buen Gobierno aprobado por su propio Ejecutivo.
La investigación judicial desvela que esta maquinaria se sostenía sobre un núcleo de colaboradores de la más estricta confianza del expresidente.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional este miércoles. Europa Press
Entre ellos destaca su secretaria, María Gertrudis Alcázar Jiménez, 'Gertru', considerada una "pieza operativa esencial" que, desde la propia oficina de Zapatero en la calle Ferraz, articulaba, siempre presuntamente, la cobertura documental de los pagos ilícitos y dictaba cómo debían emitirse las facturas falsas para justificarlos.
Junto a ella, figuras como el amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, Julito, señalado como testaferro y principal contacto directo con los clientes, y Cristóbal Cano, gestor de la administración financiera, completaban un engranaje perfectamente sincronizado.
![Manifestantes se congregan en el exterior del Tribunal de Instancia de Madrid este lunes, a la espera de la declaración de Begoña Gómez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11293668.jpg?p=w:320\/h:240&h=SKDQZsqH"])
Este círculo cerrado permitía a Zapatero ejercer el liderazgo estratégico y el control absoluto de la red sin exponerse directamente en la ejecución material de las gestiones más comprometidas.
El auto del juez Calama detalla cómo la organización no sólo manipuló presuntamente decisiones estratégicas nacionales, como la inyección de fondos públicos a Plus Ultra, sino que diseñó una estructura financiera internacional para eludir a las autoridades.
Fotomontaje de los rostros de Peinado y Begoña Gómez.
Siguiendo las directrices del expresidente, se habría planificado la creación una sociedad off shore en Dubái con el fin de canalizar y ocultar el cobro de comisiones millonarias en el extranjero.
Además, la trama desplegó su influencia ante autoridades de Venezuela para conseguir permisos aeronáuticos e incluso medió en grandes operaciones internacionales de compraventa de petróleo.
Todo ello perfila, según los indicios judiciales, la mercantilización sistemática de la influencia política al más alto nivel para el enriquecimiento ilícito y el blanqueo de capitales.
De la esposa al hermanísimo
Por la parte que afecta a Pedro Sánchez hay dos casos. Uno es el caso Begoña, que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por el juez Juan Carlos Peinado, quien ha propuesto que la causa sea enjuiciada por un jurado popular.
En este procedimiento figuran como acusados la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
David Sánchez declara ante la Audiencia de Badajoz. E. E.
Los cuatro delitos que fundamentan la acusación son la presunta corrupción en los negocios, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la apropiación indebida.
Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado penas de hasta 24 años de prisión para Gómez y han exigido medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la obligación de comparecer quincenalmente y la prohibición de salir de España, argumentando un supuesto "riesgo de fuga".
![David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a su llegada para declarar este jueves.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11285418.jpg?p=w:320\/h:240&h=ncPp4P3t"])
En contraste, la Fiscalía ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al descartar la existencia de delitos.
Mientras la Audiencia Nacional avanza sobre el caso Zapatero y ultima las pesquisas en el caso Begoña, el primer juicio de la historia de España en el que se sienta en el banquillo a un familiar directo de un presidente en ejercicio ha quedado recientemente visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz.
Durante siete sesiones, el tribunal analizó las presuntas irregularidades en torno a la figura de David Sánchez, para quien las acusaciones populares solicitan hasta seis años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
La causa judicial, vista para sentencia, se articula sobre tres hechos fundamentales: su contratación presuntamente hecha a medida en la Diputación de Badajoz, la posterior modificación de su plaza en 2022 para dirigir una Oficina de Artes Escénicas creada, según las acusaciones, a su "capricho", y la sucesiva colocación en el mismo organismo provincial de su íntimo amigo, Luis Carrero.
![Anotaciones en la agenda de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11293207.jpg?p=w:320\/h:240&h=oKc3usX0"])
Los testimonios y pruebas presentados durante el juicio refuerzan la tesis de una presunta instrumentalización de los resortes del Estado.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaron en la vista al entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, como el "motor" encargado de crear la plaza para el hermano de Pedro Sánchez.
A esto se suma el rastro digital de la trama: correos internos de funcionarios pacenses enviados el mismo día de la convocatoria de la plaza bajo el explícito asunto de "El hermanísimo", o mensajes del propio Carrero dirigiéndose a David como "hermanito" en 2022, alardeando de haber "soltado la liebre en Moncloa" poco antes de conseguir su propio cargo público.
