El Gobierno de lo público va a la privada: Sánchez y la mayoría de sus ministros recurren a la Educación y la Sanidad de pago

Lo hizo atacando la gestión que en ambas áreas hacen los gobiernos autonómicos del PP.

Aseguró que la derecha tiene "un plan premeditado para hacer negocio con los derechos de la gente y para desmantelar el Estado del Bienestar", y que el objetivo final es "degradar los servicios públicos para que no quede más remedio que recurrir a lo privado".

Sánchez es el presidente del Gobierno que ha hecho en el Congreso el mayor ataque que se recuerda a la Educación y a la Sanidad privadas.

Sin embargo, la realidad es que él mismo y gran parte de su Ejecutivo han disfrutado o disfrutan, a título personal, de formaciones académicas en instituciones privadas y de servicios sanitarios del ámbito privado.

En materia de Educación, Sánchez ya abrió el fuego contra las universidades privadas el pasado mes de marzo. Lo hizo anunciando su limitación mediante un decreto de urgencia en el Consejo de Ministros.

Las tachó de "academias" y "chiringuitos educativos", y atacó duramente a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándola de favorecer este modelo educativo... del que el mismo Sánchez y muchos de sus ministros han sido tanto alumnos como docentes.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, también arremetió contra la calidad de sus enseñanzas.

Montero afirmó que el Gobierno no va a permitir "que proliferen universidades low cost, en donde abaratan los costes a base de menor cualificación del profesorado".

El presidente Pedro Sánchez, cuya hija menor ha comenzado este año a estudiar en una universidad católica y privada (el ESIC University), también se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en un centro privado.

Alberto Núñez Feijóo se lo recordó en el Congreso este miércoles: "Yo he estudiado en la universidad pública de Santiago y no tengo ningún problema en decirlo. Y usted, ¿dónde ha estudiado?"

Sánchez no respondió. El presidente estudió en un colegio privado, el centro Santa Cristina de Chamartín.

Y luego se licenció en Económicas en el Real Colegio Universitario María Cristina, en El Escorial (Madrid). Se trataba entonces de un centro de pago que, posteriormente, fue adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Luego, trabajó como profesor asociado en una universidad privada, y lo hizo hasta pocas semanas antes de convertirse por vez primera en secretario general del PSOE, el 26 de julio de 2014.

Pedro Sánchez, el flautista del Santa Cristina: alumno aventajado del colegio privado del que no habla

En 2012, Sánchez se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, de titularidad privada. Fue allí donde ejerció de profesor. Como docente, impartió asignaturas como Estructura Económica, Economía Española y Mundial, e Historia del Pensamiento Económico.

María Jesús Montero fue de las ministras más beligerantes contra las universidades privadas, sobre todo en sus intervenciones desde Andalucía. Las catalogó como "la principal amenaza de la clase trabajadora".

La foto de graduación de Pedro Sánchez, como licenciado en Económicas, en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, (Madrid).

"No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que no puede comprarse un título y tiene que tener una beca para poder estudiar", proclamó en un acto del PSOE.

Sin embargo, aunque Montero estudió Medicina en la Universidad de Sevilla, realizó un posgrado en gestión sanitaria en la Escuela de Negocios EADA de Barcelona, que es privada.

De Esade al Liceo Francés

Además de Pedro Sánchez, los ministros Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Elma Saiz y Jordi Hereu estudiaron en universidades privadas.

Los dos primeros lo hicieron en la Universidad de Deusto, donde obtuvieron la Licenciatura en Derecho. Por su parte, la ministra de Inclusión Social, Elma Saiz, se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra, donde también cursó un máster en Asesoría Fiscal.

Marlaska (junto a la entonces ministra de Educación, Isabel Celaá), en noviembre de 2018 en un acto de antiguos alumnos de la Universidad de Deusto. Universidad de Deusto

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por Esade, una escuela de negocios privada fundada en 1958 y hoy adscrita a la Ramon Llull, también privada. También tiene un MBA por Esade.

Otros miembros del Ejecutivo de Sánchez, si bien realizaron estudios universitarios en instituciones públicas, completaron su formación, como María Jesús Montero, realizando posgrados o másters en entidades privadas.

Es el caso del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Aunque licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como docente universitario en el Instituto de Empresa (IE Law School), también privado.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid, donde también obtuvo el doctorado en Derecho Constitucional. Pero complementó su formación académica realizando un máster privado en Derecho Internacional por el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, en mayo de 2024 en un acto organizado por el ESADE, la universidad privada en la que estudió Administración y Dirección de Empresas.

Óscar Puente, titular de Transportes y Movilidad Sostenible, estudió Derecho, como Ana Redondo, en la Universidad de Valladolid. También posee un curso en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera, entidad de titularidad privada ligada al PSOE.

En cuanto a los ministros de Sumar, y a excepción de la ministra de Juventud, Sira Rego, tanto Yolanda Díaz como Ernest Urtasun y Pablo Bustinduy han recibido parte de su formación académica del ámbito privado.

Urtasun estudió en el elitista Liceo Francés, aunque luego se licenció en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y posteriormente realizó un postgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se graduó en Ciencias Políticas y de la Administración en la Complutense de Madrid, y posteriormente se licenció en Psicología por la UNED.

Con posterioridad, se doctoró en Filosofía por New School for Social Research, institución privada ubicada en Nueva York, Estados Unidos.

En cuanto a Yolanda Díaz, se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Aunque su currículum oficial en Moncloa recogía que había cursado tres másteres, con posterioridad fueron modificados por cursos y postgrados, vinculados al Consejo Gallego de Relaciones Laborales y a la Confederación de Empresarios de Galicia.

De la Quirón a la Ruber

En materia de Sanidad ocurre algo parecido. El derecho de privacidad y también la confidencialidad con la que los centros sanitarios tratan la información hace difícil concretar. Sin embargo, hay datos suficientes para confirmar que el recurso a la privada también es una constante en el Gobierno de Sánchez.

Pese a ello, el presidente se cebó el miércoles en el Congreso con Madrid, Andalucía o Castilla y León al hablar de la Sanidad pública. Acusó a estas comunidades de realizar "privatizaciones", cuando en realidad criticaba los conciertos sanitarios.

No mencionó a Cataluña, gobernada por el PSOE y que es, desde hace años, la comunidad autónoma con mayor número de conciertos sanitarios. Lo certifica el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

El último estudio del Ministerio de Sanidad, también lo indica: Cataluña dedica el 22% de su presupuesto a concertar servicios, por delante de Madrid (11,7%); Canarias (7%) o la Comunidad Foral de Navarra (6,5%). Tanto Andalucía como Castilla y León se sitúan por debajo de la media nacional (8,6%), con un 4,4% y un 2,9, respectivamente.

Sánchez criticó a Ayuso, cuyo gobierno, aseguró, es responsable de haber "convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana y los ciudadanos siempre pierden".

Cinco días antes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había acudido a hacerse una prueba médica al Hospital Rey Juan Carlos de Madrid, de titularidad pública, aunque gestionado por Quirón. No es el único.

En 2020, en la pandemia, el ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, estuvo ingresado más de una semana en la Clínica de Navarra durante la Covid-19, aquejado de una neumonía.

Al recibir el alta, Cerdán publicó un tuit de agradecimiento a los sanitarios de dicho centro. Aquello le costó no pocas críticas, tanto dentro como fuera del Ejecutivo, en un momento de especial solidaridad con la sanidad pública.

Es el mismo caso que la ex vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. En 2020 también requirió ingresos hospitalarios por el coronavirus, y optó por la Clínica Ruber, de Madrid.

Como Cerdán, a la Clínica de Navarra acude la ministra de Defensa, Margarita Robles, pues, como funcionaria, pertenece a Muface.

Teniendo en cuenta que aproximadamente sólo el 28% de los funcionarios de carrera se decantan por la sanidad pública, es fácil advertir que varios ministros recurren a los servicios de la privada a través de Muface.

Es el caso de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y profesor de Secundaria en excedencia. Por ello, también funcionario.

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Sobre su operación oncológica realizada a finales del pasado mes de abril, tan solo hizo público que había sido intervenido en un hospital de Canarias.

Fue operado en uno de los centros hospitalarios del Grupo San Roque, en Las Palmas de Gran Canaria, de titularidad privada. Su diagnóstico previo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, pivotó entre este hospital, que tiene concertados determinados servicios, y el HPS Perpetuo Socorro, también privado.

Un año antes, en 2023, y cuando Torres era todavía presidente autonómico, le otorgó la Medalla de Oro de Canarias a los siete hospitales del Grupo San Roque "como referentes de la innovación en la atención sanitaria en Gran Canaria y también de sus visitantes"

Otros miembros del Gobierno de Sánchez que son funcionarios de carrera son Carlos Cuerpo (pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado), Luis Planas (inspector de trabajo), Fernando Grande-Marlaska (juez en excedencia, como Robles), José Manuel Albares (perteneciente al cuerpo diplomático por oposición) y Ernest Urtasun (también diplomático).