Algunos de los espiados por el CNI eran los elegidos por Puigdemont para montar el 'CNI catalán'

Entre los 63 independentistas catalanes presuntamente espiados con el programa Pegasus figuraban personas escogidas por el independentismo para integrar o conformar el llamado "CNI catalán". Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de los servicios secretos.

El "CNI catalán" lleva años siendo objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales en España, que han tratado de desentrañar sus nexos con los cargos públicos de la Generalitat. Un ejemplo de ello es la llamada Operación Judas.

En esa operación, llevada a cabo en septiembre de 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, la Guardia Civil detuvo a 13 miembros del ala más radical de los Comités de Defensa de la República (CDR).

En el sumario se detallaba cómo un "grupo secreto", denominado "CNI Catalán", se reunió con uno de los 13 CDR, dirigiéndoles y marcándoles los objetivos en la sombra. Buscaban aportarles la "infraestructura logística necesaria" para acometer distintas acciones, como la ocupación del Parlament de Cataluña y su posterior defensa. 

Tal y como figuraba en los informes policiales del sumario de esa causa, el llamado "CNI catalán" disponía "de infraestructura organizada a nivel 'técnico y táctico', así como de amplios recursos económicos y capacidad para movilizar a miles de personas".

La existencia de este "CNI catalán" fue una de las razones que llevaron al juez Manuel García Castellón, el instructor de la causa de los CDR en la Audiencia Nacional, a autorizar que la Guardia Civil interviniera las comunicaciones de los investigados y permitiera la colocación de dispositivos de localización en sus vehículos. 

En aquel momento, el juez dejaba constancia de que los detenidos habían dado inicio a un plan "de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el día D, con el fin de subvertir el orden constitucional".

Desde 2012

Según las fuentes consultadas, desde 2012, los independentistas han intentado ocultar las pruebas de la creación de una unidad de inteligencia al servicio del procés, que habría sido alimentada con dinero público. 

Siempre se vio en el Cesicat (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya), creado en 2009 por la Generalitat y disuelto en 2019, el embrión del "CNI catalán". A esa centro se le atribuye el informe de 39 páginas que, en 2013, cimentaba la "Agencia Nacional de Seguridad" de la futura Cataluña independiente.

El entonces presidente, Artur Mas, aseguró desconocer la autoría del informe, aunque posteriormente se supo que se había pagado a una empresa de Madrid casi 22.000 euros por su elaboración.

El PSC denunció a este organismo ante la Fiscalía por el seguimiento a activistas sociales y ciudadanos en las redes sociales, así como por el uso de un "programa espía" en móviles de escoltas de los Mossos d’Esquadra. El entonces consejero de Empresa, Felip Puig –Cesicat dependía entonces de este departamento—, confesó que se habían hecho esos seguimientos. 

En el marco de las investigaciones sobre el referéndum de 1-O salieron a la luz no solo las actividades del "CNI catalán", sino también el intento de destruir las pruebas de su existencia.

La Policía Nacional descubrió la documentación que los Mossos d’Esquadra quisieron destruir en la incineradora de Sant Adrià de Besòs, entre cuyos legajos aparecieron informes sobre seguimientos a periodistas, sindicatos, asociaciones y partidos políticos de sectores contrarios al independentismo.

Un juez de Barcelona archivó la investigación abierta sobre el denominado "espionaje de los Mossos" en 2019, aunque no negó que ese control de personas y entidades se llevara a cabo. 

Defensa del CNI

Saber qué o quién había tras el "CNI catalán" era por tanto una misión clave para los servicios de inteligencia españoles, que tiene la obligación de "prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de derecho y sus instituciones".

Ahora, la decisión del Gobierno de aplacar los ánimos del independentismo permitiendo a ERC y Bildu participar en la Comisión de Secretos Oficiales ha suscitado las críticas y la estupefacción en el seno del CNI: "Es como meter a un gato en la jaula de los ratones", apuntan las fuentes consultadas. "Una salvajada", "un peligro", insisten.

Este miércoles ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que ha defendido a los servicios secretos en el Congreso de los Diputados ante los ataques de los grupos separatistas. Robles ha invocado el derecho del Estado a defenderse, siempre dentro de la legalidad y bajo el control judicial.

"Ya que se rasga las vestiduras, yo le pregunto qué tiene que hacer un Estado y un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas y realiza desórdenes públicos, cuando alguien tiene relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. Me suena todo a gran hipocresía por su parte", manifestó la ministra.