Ángel Luis Ortiz, (tercero por la izquierda), secretario general de Prisiones, en la concentración de rechazo ante la cárcel de Villena contra la falsa agresión el pasado 8 de octubre.

Ángel Luis Ortiz, (tercero por la izquierda), secretario general de Prisiones, en la concentración de rechazo ante la cárcel de Villena contra la falsa agresión el pasado 8 de octubre. EFE

España INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Interior levanta el castigo a los funcionarios de la cárcel de Villena acusados de agredir a una superior

Los trabajadores estaban suspendidos de empleo y sueldo desde septiembre tras ser señalados como los autores de la falsa agresión a la subdirectora.

23 febrero, 2022 10:54

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La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acaba de levantar la suspensión de empleo y sueldo que mantenía desde hace seis meses sobre los dos funcionarios de la cárcel de Villena acusados sin pruebas de agredir a la subdirectora de seguridad del recinto penitenciario de Alicante. Meses después de esa supuesta agresión, tras las indagaciones de la Guardia Civil, la propia superior fue detenida por un delito de denuncia falsa y otro de simulación de delito.

Pese a ello, ya era tarde para los trabajadores expedientados, que dejaron de cobrar su salario. El departamento de Prisiones, que depende directamente del Ministerio del Interior llegó a asegurar tal y como reveló EL ESPAÑOL que la falsa agresión denunciada por la subdirectora constituía un hecho de una "gravedad" a todas luces "incuestionable".

Así figuraba en el documento que les suspendía de empleo y sueldo, en el que los responsables del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dejaban entrever que la agresión había sido perpetrada por varios de los subordinados de esa subdirectora. Así constaba en el oficio.

Desde entonces, dos de los trabajadores de la cárcel de Villena (Alicante) implicados en el episodio de la falsa agresión se encuentran de baja psicológica. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, "estos meses han sufrido y están sufriendo un verdadero calvario". Hasta tal punto que han pedido el cambio de centro penitenciario. A día de hoy, pese al levantamiento de castigo, continúan en esa misma situación.

Los afectados en la causa, según un escrito remitido por sus representantes legales al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Benidorm, el que se encarga de la investigación de estos hechos, desean "reclamar por todos los daños y perjuicios causados" a todos los compañeros a lo largo de todos estos meses. Empezando por todo el dinero que han dejado de cobrar a lo largo de este medio año.

Estos trabajadores, a los que Interior apuntó sin dudarlo y sin esperar a las indagaciones que la Guardia Civil emprendió hasta determinar que tal agresión nunca llegó a existir, entienden que el perjuicio que se les ha ocasionado es enorme. Han tenido que desembolsar "cuantiosas cantidades de dinero para contratar a letrados en su defensa". Su día a día, es decir, su vida cotidiana, "se ha visto gravemente alterada". Varios de ellos están siendo ayudados "por médicos especialistas para poder superar esta situación".

Acusación particular

El "daño causado" a los trabajadores de la cárcel, explican los abogados de la acusación, "es irreversible". Incluso sus familiares, los mayores y los más pequeños, han tenido que soportar durante estos meses las noticias que y las acusaciones que iban surgiendo tanto desde el Ministerio del Interior. 

Los funcionarios falsamente acusados no solo han debido hacerse cargo de los gastos económicos derivados de su defensa". Además, uno de ellos, al que la subdirectora presuntamente señaló como el autor de la serie de mensajes amenazantes que recibió en su teléfono móvil, "se vio obligado a acudir a la vía penal para denunciar a la persona que supuestamente había remitido con número oculto y pudiendo haber suplantado su identidad, los mensajes a la subdirectora"..

El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska dio absoluta y total credibilidad a la denuncia de la responsable de la seguridad en la prisión y sus acusaciones a los trabajadores, a los que apuntaba como autores del ataque presuntamente sufrido a las puertas de su casa. Incluso el propio Marlaska salió a respaldarla públicamente transmitiéndole todo su apoyo en una entrevista, definiéndola como "una verdadera funcionaria".

El escrito presentado que denunciaba los hechos en el juzgado provenía del sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Este colectivo se había personado en la causa como acusación popular, pero a la vista de las últimas revelaciones -una vez se ha levantado el secreto de sumario- acaban de pedir al juez que les conceda figurar en el proceso como acusación particular. "La investigada ha denunciado de forma falsa y llego a acusar directamente a esta asociación en su denuncia en sede policial".

La denuncia

La subdirectora de Villena denunció la falsa agresión el día anterior a su declaración en una investigación interna promovida por Instituciones Penitenciarias para indagar en la actuación de tres trabajadores durante un altercado con un interno altamente peligroso al que se vieron obligados a reducir. Este se había abalanzado sobre ellos para atacarles en uno de los pasillos del centro a mediados del pasado mes de agosto. 

Este interno, de origen marroquí, es bien conocido en muchas cárceles por su extenso historial de ataques violentos. No en vano, incluso tras su traslado desde Villena y su salida en libertad intentó violar a una joven en Tarancón (Cuenca).

Después, le clavó un cristal a un jefe de servicios en la cárcel de Cuenca. La cosa no quedó ahí, ya que protagonizó otro grave incidente hace apenas unos días. El pasado 19 de febrero, en la prisión de Estremera, comenzó a amenazar de muerte a los trabajadores en una actitud de extrema violencia durante un traslado. El preso empezó a golpearles, a escupirles y a morderles. Solo tras largos minutos se consiguió inmovilizarle y efectuar su traslado dentro de la cárcel.

Este es el interno por el cual Interior comenzó a hostigar a los funcionarios que le redujeron en Alicante y que luego fueron acusados de agredir a la subdirectora. En su denuncia, la mujer llegó a asegurar que el pasado 6 de septiembre, a las seis de la mañana, observó a dos varones dirigiéndose de frente hacia ella en el portal de su edificio. Al mismo tiempo, notó cómo alguien, que le agarraba por detrás, le decía: "Mañana calladita". Al instante, dijo, le propinaron un puñetazo en la cara. 

La denuncia interpuesta por la subdirectora incluía una secuencia de supuestos mensajes de WhatsApp repletos de amenazas que la subdirectora habría recibido días atrás de ese episodio: "Ya vemos que te has posicionado y de qué lado estás, así que no tendremos miramientos contigo. Vamos a por tu director y, si tenemos que llevarte por delante, lo haremos. Te vamos a joder la vida por perra".

Sin embargo, la ahora investigada por simulación de delito y denuncia falsa no pudo aportar los originales de esos mensajes. Aseguró a los investigadores que los mensajes le habían sido enviados desde un "número oculto", y que su teléfono le había desaparecido jornadas antes de su oficina y que por ello no podía remitirles la versión primigenia de esas supuestas amenazas. 

El incidente con el recluso ocurrió el pasado mes de agosto, y se abrió una investigación interna cuyas declaraciones se comenzaron a realizar en septiembre. La subdirectora era, indican fuentes penitenciarias, la persona encargada de guardar las imágenes de las cámaras de la cárcel que grabaron y registraron aquel episodio. Según denunció, los atacantes pretendían que las eliminara. Incluso apuntó en su denuncia al sindicato 'Tu Abandono Me Puede Matar'.

Los investigadores del Instituto Armado sostienen finalmente que la subdirectora de seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) fabricó ella misma esa prueba, que se envió a sí misma los mensajes de uno a otro de sus teléfonos. El terminal desde el que se profirieron las amenazas que recibió en forma de mensajes de WhatsApp era de su propiedad