"3.300 hectáreas de bosque destruido mientras los ministros se reúnen". Estas palabras vistieron la fachada del edifico Europa, la sede del Consejo de la UE en Bruselas. Activistas de Greenpeace denunciaban así con un contador en tiempo real la cantidad de árboles talados mientras los ministros se reunían para discutir una propuesta de ley sobre la deforestación provocada por la importación de materias primas desde la UE.

Hoy, en el Día Mundial de los Bosques, este grito cobra -si cabe- mayor voz. En 2020 el planeta perdió 51 millones de hectáreas de bosque, un área del tamaño de un campo de fútbol cada dos segundos, principalmente por la expansión de la agricultura industrial, muchos de cuyos productos se consumen en Europa.

De hecho, sólo en el tiempo en el que transcurrió la reunión de los ministros de medioambiente en Bélgica, en el mundo se destruyó un área de bosque equivalente a la ciudad de Bruselas. Y es que es un problema para el que aún hacen falta soluciones urgentes.

En nuestro país, según aseguran desde Ecologistas en Acción, el Gobierno español ha realizado un estudio sobre el impacto que supondría la aplicación del Reglamento europeo para luchar contra la deforestación importada y, aunque este estudio no se publicará oficialmente, sí ha trascendido la contradicción de sus conclusiones. 

Por un lado, se aboga por no rebajar las prohibiciones ni la ambición ambiental de la propuesta de la Comisión Europea. Por otro, se exige no afectar los costes de producción de la industria de piensos y la ganadería industrial con el argumento de que la industria cárnica española perdería competitividad.

Por este motivo, para las organizaciones ambientalistas, es un error analizar el impacto de la ley en el comercio desde un punto de vista cuantitativo. Añaden que la producción de materias primas y de productos derivados genera externalidades negativas cuyos costes se trasladan actualmente al conjunto de la sociedad y que deben ser pagados por quienes generan esos costes.

En este sentido, asguran que el hecho de que algunas empresas tengan que invertir en servicios para cumplir con la nueva ley es simplemente coherente con el principio incluido en los tratados de la UE, de que quien contamina debe pagar.

En 2017 la UE fue responsable del 16 % de la deforestación tropical importada y España destacó por ocupar la tercera posición

De acuerdo a las organizaciones ecologistas, entre las empresas que intentan impedir una legislación ambiciosa están las multinacionales de la soja ADM, Amaggi, LDC, Viterra, Bunge y Cargill —estas dos últimas con fuerte presencia en el Estado español—. Igualmente, la Federación Europea de Aceites y Oleaginosas ha sugerido que la actual propuesta de la UE es problemática para la industria.

En cambio, otros sectores como el del cacao, con una cadena de suministro más compleja que la de la soja, ya rastrean su suministro utilizando mapas de polígonos, que son incluso más avanzados que la geolocalización. Sus pequeños productores piden que el Reglamento sobre deforestación exija una trazabilidad completa que incluya la geolocalización.

Algunas soluciones