Cada año, más de 240.000 personas recorren el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) en Santiago, uno de los espacios culturales más visitados del país. Muchas de esas personas nacieron décadas después del fin de la dictadura civil-militar que se extendió en Chile entre 1973 y 1990.
Llegan con lo que han oído en sus casas, con imágenes vistas en las redes sociales, con ideas sueltas, a veces con muy poca información acerca de los hechos que inspiraron su creación.
Al recorrerlo y enfrentarse a los elementos que lo conforman ocurre algo difícil de anticipar: algunos pasan casi en silencio, otros preguntan inmediatamente a su ingreso al lugar; y a veces una fotografía, o una carta escrita desde el exilio, o la voz grabada de una sobreviviente, cambia el tono de la visita.
Lo que aparece ahí suele desbordar el pasado. Se habla de miedo y de ausencia, de familias quebradas, del exilio, de la violencia estatal, se habla también del presente: de las formas en que una sociedad convive con sus conflictos, y de los límites que una democracia necesita cuidar cuando el abuso de poder empieza a volverse posible y hasta aceptable.
La memoria, en ese sentido, hace tiempo que es más que una relación con lo ocurrido: rebasa la conmemoración, poco a poco se ha ido convirtiendo en una práctica pública ligada a la ciudadanía, a la educación, a la cultura y a los derechos humanos, ocurre acompañada, y pide instituciones, lenguaje, mediación, archivos, escucha, y a menudo disputa.
La autora Elizabeth Jelin entiende la memoria como un trabajo social atravesado por conflictos de sentido. Distintos actores pugnan por definir qué se recuerda, cómo se transmite y qué lugar ocupa ese pasado en la vida común (Jelin, 2002).
Esa perspectiva permite mirar las políticas de memoria como parte de una conversación democrática más amplia, donde el modo de interpretar el pasado condiciona lo que una sociedad se atreve a imaginar.
Andreas Huyssen agrega una capa distinta. En sociedades atrapadas en la inmediatez, donde el futuro escasamente se deja ver, la memoria orienta y ofrece anclajes cuando las transformaciones desbordan la experiencia colectiva (Huyssen, 2002).
América Latina conoce bien esa presión. Las memorias de las dictaduras y de la violencia estatal vuelven una y otra vez a la discusión pública.
Las transiciones democráticas de la región cargaron desde el inicio con demandas de verdad y justicia. Quienes las sostuvieron primero, muchas veces en condiciones adversas, fueron los familiares de las víctimas, junto con organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos.
![Banderas LGTBI.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10677475.jpg?p=w:320\/h:240&h=FYwGLDhO"])
En Chile, Elizabeth Lira ha descrito la reparación como un gesto ético y público a la vez, de reconocer el daño y validar la experiencia de las víctimas, asumiendo responsabilidades frente a las consecuencias de la violencia estatal (Lira, 2010).
Una parte de esas demandas terminó tomando forma institucional: archivos, memoriales, sitios de memoria y museos abrieron un espacio a lo que durante años había permanecido en el dolor privado o en la denuncia persistente. A esa trayectoria, hecha de avances y de tensiones todavía vivas, pertenece la creación del MMDH, inaugurado en enero de 2010 por la presidenta Michelle Bachelet J., acompañada por tres expresidentes.
Desde entonces el museo ha reunido testimonios, cartas, fotografías, registros audiovisuales y objetos vinculados a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Su acervo supera hoy las 250 mil piezas —entre ellas 213 mil documentos, 44 mil fotografías, arpilleras y audiovisuales— asociadas a la prisión política, la desaparición forzada, el exilio y la resistencia cultural.
Ahí está también el archivo reunido por la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE) y Teleanálisis, que la Unesco declaró Registro de la Memoria del Mundo (2003).
El acceso a las colecciones es gratuito a través del Centro de Documentación y de los archivos en línea. Aunque el museo hace más que resguardar esas piezas: muchas personas llegan buscando comprender un período específico de la historia chilena y terminan ligándolo a preguntas actuales sobre la desigualdad o la convivencia democrática de hoy.
Steve Stern nombró con claridad ese cambio de etapa. En los primeros años de la transición chilena, el problema central era la 'memoria prohibida'. Hoy la pregunta parece ser otra: "¿A dónde va la memoria?" (Stern, 2013).
![Ilustración creada por la OEI.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11013128.jpg?p=w:320\/h:240&h=xQOr1nWO"])
Durante los años noventa, buena parte de la discusión se orientó a romper silencios y a alcanzar un reconocimiento público sobre los hechos. Más tarde, el desafío se desplazó hacia la transmisión intergeneracional y hacia las formas en que quienes nacieron después construyen vínculos propios con ese pasado.
Esa pregunta ronda el museo todos los días. Está en los estudiantes que llegan sabiendo poco sobre lo ocurrido entre 1973 y 1990 y se van con inquietudes que permanecen al salir. Asoma frente a una carta escrita desde el exilio, ante una fotografía familiar, al escuchar a una persona sobreviviente.
Y toma cuerpo en los lenguajes que el propio museo abre para las nuevas generaciones: concursos como Mala Memoria, que este año vinculó los archivos con el freestyle, los certámenes de tesis y de cortometrajes, o las plataformas educativas como Educa Memoria, donde el pasado pierde distancia y se instala en las discusiones del presente.
Quince años de trabajo enseñan que esas conversaciones necesitan tiempo, que requieren mediación y espacios capaces de sostener preguntas difíciles y acompañarlas. La democracia suele pensarse desde sus instituciones y sus procedimientos electorales, aunque todo eso es indispensable, esta pide además lugares donde una sociedad mire sus fracturas y se atreva a fijar límites frente a la violencia.
Por eso las instituciones de memoria forman parte de una infraestructura democrática. La expresión remite a algo concreto: archivos que se pueden consultar de forma gratuita, programas educativos que llegan a las escuelas y universidades, como el Diplomado en Educación, Memoria y Derechos Humanos que el museo dicta junto con la Universidad de Chile, y otros espacios abiertos donde las experiencias traumáticas siguen discutiéndose en público.
Esa infraestructura sostiene un espacio necesario para la vida democrática: la posibilidad de preguntar por el poder y la responsabilidad. El museo lo vuelve material cuando los tribunales y fiscalías le solicitan frecuentemente documentación para causas por crímenes de lesa humanidad, o cuando a través de la plataforma Interactivos pone a disposición del público bases de datos oficiales de materias específicas del trabajo de verdad, justicia y memoria.
No obstante, ese paso hacia la institucionalidad ha traído su propia tensión. Nelly Richard ha advertido que la memoria puede perder fuerza cuando se vuelve una fórmula de consenso y se acomoda al lenguaje de lo aceptable (Richard, 2010).
![Cuadro, pintado por John_Trumbull, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10136741.jpg?p=w:320\/h:240&h=VsoO598F"])
Vale la pena detenerse ahí. Un museo de memoria cumple su función democrática justamente cuando conserva su capacidad crítica y mantiene el pasado en movimiento, abierto a que otras generaciones lleguen con preguntas propias.
Hay otra capa de ese encuentro que la investigación reciente comienza a medir. El museólogo japonés Izumi Ogata ha documentado que la visita a un museo deja huellas verificables en el cuerpo: el cortisol desciende, la presión arterial tiende a ordenarse, y en las mediciones psicológicas bajan notablemente la ansiedad y los estados depresivos.
Llama a ese fenómeno "baño de museo", y lo propone como antídoto frente a la inmediatez presente en el resto del día (Ogata, 2023). Caminar despacio por una sala o quedarse largo rato frente a una imagen terminan siendo gestos mínimos que reparan. Si esa pausa alivia a una persona, queda abierta la pregunta por lo que produce cuando ocurre en una situación colectiva; algo de ese alivio, cabe suponer, alcanza también a la sociedad.
A su vez, Katherine Hite propone pensar los museos de memoria como una suerte de ágora contemporánea: lugares donde conviven el diálogo, la controversia y ciertos acuerdos mínimos sobre la dignidad humana (Hite, 2016). Una visita que incomoda y remueve certezas, de la cual puede salir una pregunta más amplia por la responsabilidad democrática.
Las memorias permanecen en movimiento: cambian los lenguajes, cambian las generaciones y, con ellas, las formas de aproximarse al pasado. Lo que una generación vivió como trauma directo, otra lo recibe como un relato familiar, y a veces como una simple pregunta escolar o un archivo por consultar.
En ese desplazamiento el museo ha ido tendiendo puentes entre la historia chilena y las vulneraciones del presente: muestras sobre la infancia palestina, sobre el traslado forzoso de las niñas y los niños ucranianos o sobre Ayotzinapa, que enlazan el Nunca Más local con la defensa de los derechos humanos hoy. Ese movimiento de perspectiva abre una distancia y, con ella, la posibilidad de que cada generación vuelva a interrogar el pasado desde sus propias preocupaciones.
El desafío democrático de este tiempo pasa por ahí: sostener espacios donde la memoria siga siendo un diálogo, una conversación pública y viva, capaz de incomodar cuando haga falta. Esa tarea vuelve a comenzar cada mañana, mientras nuevos grupos visitan el museo.
También vuelve a comenzar bajo una presión concreta: el presupuesto aprobado para 2026 se rebajó en un 3%, un recorte que obligó a reorganizar el plan de gestión y a acotar parte de la programación, mientras la inflación erosiona su capacidad real y reaparecen el negacionismo y las amenazas de desfinanciamiento. La conversación tendrá que seguir su curso en esas condiciones, y ahí en ese pulso cotidiano se juega buena parte de la democracia chilena.
Referencias
Hite, K. (2016). Pedagogía crítica, perturbación empática y la política de los encuentros en los espacios de memoria en Chile. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
Huyssen, A. (2002). En busca del futuro perdido: Cultura y memoria en tiempos de globalización. Fondo de Cultura Económica.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo Veintiuno Editores, Social Science Research Council.
Lira, E. (2010). Trauma, duelo, reparación y memoria. Revista de Estudios Sociales, (36), 14-28.
Ogata, I. (2023). Thinking of ways to create new value for museums: The practice of “museum bathing” in conjunction with medical care and welfare in a super-aging society. Hakubutsukan Kenkyū (Museum Studies), 58(1).
Richard, N. (2010). Crítica de la memoria. Ediciones Universidad Diego Portales.
Stern, S.J. (2013). Memorias en construcción: Los retos del pasado presente en Chile, 1989-2011. Anuario de la Escuela de Historia, (24), 99-119.
***María Fernanda García Iribarren. Actriz, docente y gestora cultural. Directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
***Elizabeth Ramírez Vargas. Periodista, gestora cultural y tesista del Magíster en Gerencia Pública de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).
