La empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y la Consejería de Igualdad han firmado este martes un acuerdo de colaboración mediante el cual la vivienda pública de la entidad estará a disposición de las mujeres víctimas de violencia machista que necesiten con urgencia un hogar.

De esta forma, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, y la consejera de Igualdad, Sara Simón, han firmado la renovación de acuerdo que en ediciones anteriores ha permitido socorrer a 50 mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos.

Concretamente, Gicaman pone a disposición del Instituto de la Mujer las viviendas vacías de su propiedad en caso de que sea necesario para albergar a víctimas de maltrato de forma urgente. Por su parte, el Instituto de la Mujer debe abonar un alquiler simbólico de 1.000 euros al año por cada una de esas viviendas.

"El convenio supone tener mecanismos, resortes en caso de extrema necesidad y que se salen del circuito habitual, para poder tener todos los recursos a disposición de quienes ven que para salvar su integridad y la de sus hijos tienen que salir de sus viviendas con urgencia", ha expresado Hernando.

Asimismo, ha elogiado la "labor encomiable" de las trabajadoras de los 87 centros de la mujer, de las casas de acogida y del Instituto de la Mujer. Sin embargo, ha lamentado que "en ocasiones, con estos recursos que llegan a muchas personas, no se puede llegar" a los casos más urgentes.

Por otro lado, ha recordado que la Junta concede ayudas para el alquiler al 100 % de las víctimas de violencia de género que solicitan estas subvenciones para acceder a una vivienda. "Esos fondos han permitido llegar a más de 3.700 mujeres y sus hijos en los últimos años. A estas se suman las 50 que no habían podido recibir ayuda a través de las vías ordinarias. Además, habrá medidas extraordinarias, pues en ocasiones no da tiempo de que una mujer busque un alquiler en el mercado ordinario", ha sentenciado.

Facilitar el alquiler

De su lado, Sara Simón ha puesto en valor que este acuerdo refleja la acción transversal del Gobierno regional en materia de lucha contra la violencia de género. También, ha hecho un llamamiento para que los propietarios de viviendas en alquiler "sean sensibles a la demanda de las mujeres" víctimas de violencia de género, pues ha reconocido que "en ocasiones no es fácil que encuentren una vivienda para poder alquilar".

Al respecto, ha recordado que en el ámbito rural es más complicado acceder a una vivienda en alquiler y que en ocasiones "hay un señalamiento a las víctimas". Por ello, ha solicitado que los propietarios de viviendas en alquiler "las pongan a disposición para dar una salida necesaria, imprescindible, para las mujeres que necesitan salir de un espacio de miedo y terror, a veces acompañadas de sus hijos y sin nada".