Juan Alfonso Ruiz Molina es el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha.
El Gobierno de Page descarta que las filtraciones de Hacienda sobre financiación autonómica reflejen el borrador recibido
Ruiz Molina valorará en los próximos días la propuesta enviada por el Gobierno de España a todas las comunidades del régimen común.
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El Ministerio de Hacienda remitió este viernes su propuesta de renovación de la financiación autonómica a las diferentes comunidades adheridas al régimen común. El Gobierno central considera el borrador enviado como una invitación al diálogo para afrontar una cuestión —otra más— que se le ha encallado.
Previsiblemente, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, valorará el ofrecimiento en una comparecencia pública en los próximos días.
Desde el Gobierno regional optan por la cautela y aguardan a la próxima intervención de quien custodia el erario, aunque creen que las filtraciones de Moncloa respecto al contenido de su plan no representan el espíritu del marco que a Pedro Sánchez le gustaría aprobar.
"No es para nada cómo está contando el Ministerio", apuntan desde la Junta de Comunidades.
EL ESPAÑOL ha publicado que el plan del equipo que dirige Arcadi España prima el gasto sanitario y minimiza el criterio poblacional. Es decir, introduce variables cualitativas que desbordan el mero recuento de la población de cada territorio, un aspecto en el que cabría el entendimiento con Castilla-La Mancha.
La posibilidad de adaptar el censo a su composición etaria o su desigual presencia en el espacio se antoja como una alternativa que podría encajar con las peticiones del Gobierno de Emiliano García-Page, también con la insularidad que define a Canarias e Islas Baleares.
La dispersión territorial que caracteriza a Castilla-La Mancha, también el envejecimiento de una parte de sus vecinos, siempre han emergido como ejes a considerar en el reparto de la caja común. La prestación de los servicios públicos con ambos condicionantes es, obviamente, más cara.
Respecto a la sanidad, el Gobierno de España se habría comprometido a garantizar a esta partida el 38 % del dinero concedido a cada comunidad autónoma; además, se valoraría la edad media de los usuarios de esta prestación.
No obstante, y sin que exista más concreción ni otros detalles, se trata de unos criterios y variables que ha decidido Hacienda de forma unilateral ante la falta de acuerdo con las comunidades autónomas.
Debatir "a la cara"
En los últimos días, Page ha emplazado a Pedro Sánchez a la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar "a la cara" un asunto pendiente de desbloqueo desde hace más de una década.
![Emiliano García-Page es el presidente de Castilla-La Mancha.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11310968.jpg?p=w:320\/h:240&h=GY5kCmt6"])
Entretanto, el jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que la idea acordada entre la anterior titular, María Jesús Montero, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, una entente bilateral que —en todo caso— responde a las necesidades políticas y parlamentarias de Sánchez —y, en menor medida, de Salvador Illa— no puede ser validada en Toledo.
La oposición frontal a la ordinalidad ha marcado la posición de Castilla-La Mancha en este asunto en los últimos años. Este principio, bendecido solo desde el Estado y la Generalitat, establece que los territorios que más dinero aportan a la caja común deben mantener esa misma posición en el momento de la recepción de fondos.
Desde el Ejecutivo de Page entienden que este planteamiento desnaturaliza la solidaridad entre ciudadanos que consagra la Constitución y favorece a las regiones donde residen las rentas más altas.
El jefe del Ejecutivo regional, además, cuestiona el supuesto progresismo de un acuerdo que cree que comprometería la calidad de los servicios de bienestar que prestan las comunidades autónomas, incluidas la educación o la dependencia.
Más allá de la financiación autonómica, la Junta ha pedido al Gobierno de la nación un proyecto de Presupuestos Generales de Estado para su debate y consideración en el Congreso, aunque han invitado al Gobierno a disociar ambos proyectos y sus respectivos alcances.
Un rechazo transversal
La postura de Castilla-La Mancha con el plan de Montero que ahora defiende el ministro España es compartida por la docena de comunidades autónomas que gobierna el PP.
Aunque la sintonía es clara, no existe ningún frente común entre Page y los barones de regiones como Andalucía, Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid. El recelo con el pacto en favor del independentismo catalán les escama por igual, pero asuntos como la gestión de los impuestos propios —su eliminación o bonificación— les separa.
Asimismo, la propia brecha ideológica entre un presidente socialista y otros de centroderecha, o la diferente concepción de lo público de cada administración regional, contrapone dos modelos alejados que sí se alinean en torno al rechazo a un plan que espera un nuevo marco desde hace más de una década.
