El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado este martes por primera vez a las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado viernes en Madrid, una reunión que acabó con sabor agridulce para las comunidades autónomas puesto que la ministra de Hacienda,María Jesús Montero, comunicó que no pagaría la liquidación del IVA de 2017 (Castilla-La Mancha reclama 135 millones de euros en este concepto) pero ofreció medidas paliativas como la relajación del objetivo de déficit.

Sobre este asunto, García-Page ha apelado a apuntalar una "buena relación institucional" con el Gobierno del Estado, si bien ha dejado claro que seguirá defendiendo los intereses de la Comunidad Autónoma en materia de financiación. "Cosa que no voy a dejar de hacer nunca. No nos vamos a amedrentar en algunos discursos", ha dicho.

Así lo ha señalado tras una rueda de prensa en Toledo, donde ha puesto como ejemplo la colaboración institucional que desde la Junta mantiene con diputaciones y ayuntamientos. "Vamos a defender siempre los intereses de la sociedad a la que representamos, una defensa que nos lleva a no hacer sectarismo", ha afirmado, añadiendo en todo caso que hay que "reconocer y agradecer la posibilidad de que el año que viene haya algo más de oxígeno" en forma de relajación de déficit.

En este punto, ha dicho que Castilla-La Mancha "siempre ha exigido que el reparto de las bombonas de oxígeno que da Europa fuera equilibrado entre Estado y comunidades autónomas".

Lo que no ha confirmado García-Page es si Castilla-La Mancha seguirá adelante con las acciones judiciales iniciadas para cobrar el IVA pendiente de 2017.