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En España se legisla mucho y mal, a menudo al dictado de intereses particulares, las continuas modificaciones legislativas crean inseguridad jurídica y la administración rivaliza con las empresas y los ciudadanos en el incumplimiento de los preceptos legales. Todo ello configura un marco institucional que ha contribuido al estancamiento de nuestra productividad económica, con el agravante de que en estos temas, lejos de aproximarnos a los países más desarrollados, estamos alejándonos de ellos.

Este es el sombrío diagnóstico del catedrático de Teoría Económica de la Universidad Complutense Carlos Sebastián, hermano del ex ministro de Industria Miguel Sebastián, cuya dilatada trayectoria profesional incluye el haber sido director general de Planificación del Ministerio de Economía y Hacienda en el primer gobierno de Felipe González, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, director del Servicio de Análisis Económico ERISTE , consejero-delegado y presidente de la empresa de servicios financieros GESIF y de 2005 a 2012 consejero de la compañía multinacional sevillana Abengoa, líder en energías renovables. Es decir, un excelente conocedor del mundo institucional y empresarial español, autor de un gran número de publicaciones, a las que ahora se suma España estancada, un libro que contribuye a identificar algunos de los problemas de fondo que lastran el funcionamiento de nuestras instituciones.

No es un libro para el gran público. Su estilo es sobrio y no menciona apenas nombres, así es que quienes busquen una crónica de escándalos deben escoger otras lecturas. Su claridad expositiva permite en cambio entender temas como el de las tarifas eléctricas, la prolongación de los peajes en las autopistas catalanas o el ventajoso contrato que el grupo ACS consiguió para el malhadado proyecto Castor, el almacén submarino de gas natural en las costas de Tarragona, que al final se ha paralizado, recayendo los costes del fiasco en los consumidores de gas. Todos ellos son ejemplos del funcionamiento clientelar que Sebastián denuncia: ciertos agentes económicos se benefician de un trato de favor por parte del Estado, a expensas de la libre competencia y del interés general. Probablemente ninguna empresa se hubiera comprometido en el proyecto Castor si hubiera tenido que asumir los costes íntegros de un eventual fracaso, pero el apoyo del Estado no habría estado justificado salvo en el caso de que realmente hubiera sido un proyecto prioritario desde el punto de vista del interés general. El Estado clientelar distorsiona el funcionamiento de la economía de mercado, en beneficio de intereses concretos y en perjuicio del interés de todos.

Los excesos legislativos son otro de los grandes males que Sebastián denuncia. Se legisla muchísimo, desde el Estado central, a menudo mediante el procedimiento espurio del decreto ley, y desde las comunidades autónomas, a menudo asumiendo competencias que no les corresponden, con el resultado de una incertidumbre jurídica que dificulta la actuación de las empresas. A los legos en la materia nos resulta asombroso enterarnos que la ley que regula las sociedades anónimas y limitadas, es decir de la gran mayoría de las empresas, ha sido objeto de ocho modificaciones sustantivas entre 2010 y 2014. Nuestros gobernantes parecen estar convencidos de que la simple aprobación de una ley crea la sensación de que se está haciendo algo, aunque sólo contribuya a enmarañar el ordenamiento jurídico sin apenas efectos positivos.

Los indicadores sobre gobernanza que publica el Banco Mundial no dejan duda de que en el contexto de Europa occidental, España se sitúa en la cola, pero lo más grave es que en los últimos veinte años, mientras algunos países ex comunistas avanzan, España retrocede. En nuestro caso, Sebastián indica que la Transición modernizó el Estado y las reformas económicas de los 80 agilizaron el funcionamiento de la economía, pero que desde los 90 se ha producido un retroceso, debido a factores como la colonización de las instituciones por los aparatos de partido, la eliminación de mecanismos independientes de control y la deriva clientelar del Estado de las autonomías.

Las últimas elecciones han mostrado que los españoles deseamos un cambio, pero está por ver si se orientará en la dirección adecuada. Sebastián no entra en el tema, pero su advertencia sobre la resistencia que opondrán los intereses políticos, empresariales y corporativos (sindicatos incluidos) que se benefician del Estado clientelar no rezuma optimismo.