'El águila y la sotana': así fue la alianza entre el franquismo y la Iglesia en los primeros años de la dictadura

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El águila y la sotana

Julián Chaves
Ático de los Libros, 2026
600 páginas. 29,95 €

Esta complicidad, con sus contextos, evoluciones, complejidades y diversos focos de análisis, es la materia de estudio de Julián Chaves (Malpartida de Cáceres, 1957), catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura, en la obra El águila y la sotana. La Iglesia durante el primer franquismo (1936-1945), publicada por Ático de los Libros y basada en una amplia documentación, incluidas fuentes archivísticas inéditas.

Chaves revisa (maniobra imprescindible para entrar en esta materia) los antecedentes. La Constitución de 1876 reconoce el catolicismo como religión oficial del Estado. A lo largo de la Restauración, la Iglesia, que en las décadas anteriores, con la implantación del sistema liberal, había perdido parte de su poder social, ideológico y económico (desamortización de Mendizábal, supresión de órdenes religiosas…), recupera espacios de influencia en una dinámica de crecimiento (algunos historiadores la definen como una “edad de oro” para la institución) que tuvo su epílogo en la dictadura del general Miguel Primo de Rivera.

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Pero con la Segunda República cambió todo. En el programa reformista del Gobierno del primer bienio (1931-1933) figuraba la cuestión religiosa. Y fue, como recuerda el historiador extremeño, uno de los temas que más favorecieron “la crispación social”, por su “elevada carga emocional”. Para muchos socialistas y republicanos, la injerencia eclesiástica en la vida social y política española era excesiva y había que someter la institución católica al poder civil.

No es extraño, por tanto, que dirigentes relevantes de la Iglesia mostraran su rechazo, después de la etapa de concesiones y privilegios, a los nuevos tiempos políticos. Un recelo que fue creciendo por las medidas anticlericales aprobadas por el Gobierno provisional y los primeros episodios de violencia (quema de recintos religiosos). La aprobación de la Constitución de 1931 supuso la ruptura del diálogo entre Iglesia y Gobierno.

La causa de los sublevados en 1936 encontró en la Iglesia católica alianzas y entendimientos fundamentales para su desarrollo

Situación que cambió con el triunfo en 1933 de la coalición conservadora representada por la CEDA, a cuyo éxito contribuyó el voto de inspiración católica. El nuevo Gobierno “no tardó en mostrar una especial atención a las demandas eclesiásticas más perentorias”, entre ellas la económica.

Pero eran tiempos convulsos y en 1936 la victoria del Frente Popular supuso un nuevo giro en los acontecimientos y los desencuentros volvieron a aflorar. Las preocupaciones eclesiásticas se intensifican, con el control de la enseñanza como principal motivo, y algunas medidas, como la prohibición de las procesiones de la Semana Santa de ese año, causan un enorme revuelo. Faltaban tres meses para el golpe de Estado que abrió un nuevo y traumático capítulo en la historia del país.

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En la guerra, la represión fue “implacable” en ambas zonas, con más de 132.000 víctimas del bando republicano y casi 50.000 del franquista, según los datos ofrecidos en el libro. Casi 7.000 religiosos fueron asesinados. Y hubo cuantiosas pérdidas patrimoniales: miles de iglesias destruidas, con innumerables objetos del culto y bienes artísticos robados, dañados o extraviados para siempre.

Chaves examina la situación en el territorio republicano, con los intentos de restauración de la legalidad constitucional, y, en el capítulo más largo del estudio, en el franquista, donde se produce la identificación de la Iglesia católica con los sublevados: el humo del incienso y el humo del cañón, en imagen acuñada por José María Pemán.

La convergencia de intereses engendra lo que se conocerá como nacionalcatolicismo. La implicación eclesiástica dotó de contenido ideológico y legitimador a los argumentos de los sublevados, que “proyectaron una imagen del conflicto armado como guerra santa”. Una cruzada por la salvación de España contra el caos y la herejía.

No obstante, las relaciones con el Vaticano no fueron fáciles. Después de la guerra hubo que administrar la paz, y los vencedores impusieron un nuevo orden que establecía un control exhaustivo de la población “para acabar con cualquier atisbo de disidencia”. La Iglesia emprendió una vasta labor de reeducación social y se convirtió en garante del proyecto franquista de recuperación de valores de la España tradicional “encarnados por la idea imperial del siglo XVI y la Contrarreforma”. El nuevo papa, Pío XII, felicitó al caudillo por la “victoria católica en España”.

El convenio de 1941, que recoge el deseo franquista de controlar los nombramientos de los nuevos obispos, abre la puerta a un nuevo concordato con la Santa Sede (que tardará en llegar).

La Iglesia se implica en las iniciativas represivas del régimen. La “reconstrucción espiritual” de España exige la persecución de disidentes y, al servicio de la Ley de Responsabilidades Políticas, numerosos sacerdotes se convierten en “cómplices del entramado punitivo franquista”. Una alianza en la que también hubo desajustes y tiranteces, de las que son ejemplos la censura de la pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz del cardenal Isidro Gomá, los roces con Falange y la preocupación en instancias eclesiásticas españolas y vaticanas (en alerta por las experiencias alemana e italiana) por la deriva totalitaria del régimen y la posibilidad de que tratara de controlar la Iglesia.

Sin embargo, la capacidad de adaptación de esta institución a los diferentes escenarios del devenir histórico, como afirma el autor, se acabó imponiendo.