Memoria y polémica en el Pazo de Meirás: la batalla entre el Gobierno, los Franco y el activismo gallego

El Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) suma un nuevo capítulo a su turbulenta historia. Famoso por ser el refugio veraniego y literario de la ilustre escritora Emilia Pardo Bazán y por haber sido expoliado durante la Guerra Civil por el dictador Francisco Franco tras una campaña de donaciones forzosas, una larga batalla judicial dejó el pazo en manos del Estado el 2 de septiembre de 2020.

Exactamente cinco años después, este martes el BOE recogió el inicio del procedimiento para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria Democrática. Esto lo convierte oficialmente —en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022— en uno de los “espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria democrática”.

El texto publicado en el BOE describe el pazo como “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario” (en referencia a Franco). La resolución también señala que “tras la muerte del dictador y hasta 2020 el Pazo de Meirás estuvo marcado por la impunidad, el silencio y la reivindicación. Desde las últimas visitas de la viuda de Francisco Franco, Carmen Polo, a estancias y eventos de los familiares, Meirás se convirtió en símbolo de la indemnidad, pero también de la decadencia del Pazo”.

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El Gobierno celebró el mismo martes un acto en Meirás, encabezado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Pero el PSOE estuvo solo. Ningún otro partido se sumó. Ni siquiera los memorialistas gallegos, que pasaron décadas reclamando que la familia Franco devolviera el pazo a la ciudadanía, ya que este fue donado al dictador en calidad de jefe del Estado, no a título personal.

En lugar de unirse a la celebración, una parte del movimiento gallego por la memoria histórica —la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMHAC) y otra treintena de entidades— se manifestó este martes a las puertas del pazo para dejar patente su enfado.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (i), ante la concentración de protesta encabezada por el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, Carlos Babío (d), este martes. Foto: EFE/Cabalar

“Fue un acto propagandístico que no estaba ligado en absoluto a nada que tuviera que ver con la memoria. La gente que luchó por el pazo en los últimos 20 años, desde el plano de la investigación y de la lucha, incluso los que tuvimos que pasar por los juzgados demandados por los Franco, o los familiares de las víctimas del franquismo, estuvieron fuera, manifestándose”, declara a El Cultural el activista e investigador Carlos Babío, presidente de la CRMHAC.

Babío, nieto de una de las personas que fueron expropiadas para aumentar el tamaño del pazo, no es historiador pero lleva más de dos décadas investigando la historia de Meirás y es coautor, junto a Manuel Pérez Lorenzo, del libro que sirvió al Estado como base argumental para reclamar la titularidad del pazo.

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Titulado Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio, el libro fue publicado en 2017 en gallego por la Fundación Galiza Sempre, ligada al BNG, y actualizado en castellano en 2022 (Meirás. Un pazo para el caudillo, editorial Cumio) incluyendo las novedades posteriores de la investigación y la sentencia judicial.

La comisión que preside Babío, con el respaldo de otras 26 entidades de la Iniciativa Galega pola Memoria, solicitó hace más de un año que el sitio fuera declarado Lugar de Memoria Democrática, pero el Gobierno, dicen, dejó morir deliberadamente la solicitud para iniciar ellos otra de oficio, dejándoles fuera del proceso. El texto del BOE solo menciona de pasada “la movilización de la sociedad civil” y al “movimiento memorialista gallego en defensa de la devolución del Pazo al Estado”.

Portada del libro 'Meirás. Un pazo para el caudillo', de Manuel Pérez Lorenzo y Carlos Babío (editorial Cumio)

“Ellos [en referencia al Estado] quieren ser los protagonistas para cambiar el relato de Meirás”, opina Babío. “Queremos que no se oculte el papel que jugó el propio Estado para blindar una impunidad que la sociedad gallega consiguió desmadejar. Sin la actuación del Estado, sería imposible que el pazo hubiera llegado a manos de los herederos del dictador, hubo una connivencia que se intenta ocultar”. También critica que haya otras propiedades en Meirás que siguen perteneciendo a los Franco y que no han sido reclamadas aún.

Por su parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, aseguró que las asociaciones memorialistas no han sido marginadas del proceso y que estas tendrán voz a la hora de diseñar los usos que tendrá en el futuro el pazo de Meirás.

A la espera del Tribunal Supremo

Además, todo este proceso está envuelto en una gran incertidumbre: el Tribunal Supremo admitió a trámite un recurso de casación interpuesto por la familia Franco y, si falla a su favor, cabe la remota posibilidad de que el pazo les sea devuelto.

“Tal y como está la justicia, puede ocurrir cualquier cosa”, reconoce el historiador Xosé-Manoel Núñez Seixas en conversación con El Cultural, aunque prefiere no especular. “Llevan ya con el asunto sobre la mesa varios años y sería hora de que decidiesen, pero la justicia tiene sus ritmos y, en una situación políticamente tan polarizada como la que vivimos desde hace un tiempo, entiendo que todas las decisiones son difíciles”.

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Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, Núñez Seixas conoce bien el caso. Aunque recalca que no ha tenido que ver con este proceso para convertir el pazo en Lugar de Memoria Democrática, presidió la comisión de expertos creada por el Parlamento de Galicia para explorar las vías legales para recuperar el pazo. También ha participado en la elaboración de un informe sobre sus bienes muebles, cuya titularidad es actualmente objeto de otro proceso legal.

“Si el Supremo ratifica los fallos anteriores, sería una excelente noticia para acabar con cierta anomalía democrática y que el pazo, que fue residencia oficial del jefe del Estado durante los meses de verano de 1938 a 1975, que fue mantenido con fondos del Estado y cuya adquisición sufrió una serie de irregularidades, pueda ser disfrutado por la ciudadanía y se le puedan dar unos usos públicos acordes con su condición de lugar de memoria”, opina Núñez Seixas.

Al mismo tiempo, considera que la “imagen de desunión” que genera el enfrentamiento dentro de la izquierda por el relato le da alas “a la esfera mediática de la ultraderecha”.

Babío, por su parte, insiste: “Queremos la verdad histórica y queremos dignidad, porque junto a otras asociaciones y personas hemos luchado durante 20 años para que el pazo acabara siendo del pueblo gallego, y hemos avanzado muy poco en ello. Es cierto que falta la sentencia del Supremo, pero hay cosas que podríamos ir avanzando y el Estado siempre nos da la callada por respuesta”.

El investigador y activista dice que los juristas consultados por la asociación que preside ven muy improbable que la propiedad sea devuelta a los Franco, pero “no son tan optimistas respecto a la liquidación del estado posesorio”, lo que significa que la familia del dictador podría ser indemnizada por el mantenimiento que han llevado a cabo del pazo en todos estos años. Para Babío esto es “ridículo”, porque “si vas al pazo y ves cómo lo dejaron, es un cachondeo que pretendan ser compensados”.

De hecho, el mal estado de conservación es uno de los argumentos para que el Estado haya cerrado las Torres —la construcción principal— al público desde que obtuvo la titularidad del pazo. Los Franco, en cambio, tuvieron que abrir cuatro días al mes el pazo, incluyendo las Torres, desde que en 2008 fue declarado Bien de Interés Cultural, aunque incumplieron reiteradamente este mandato, por lo que fueron multados en 2017.

Algo similar ocurre con la Casa Cornide de A Coruña. Aún en propiedad de la familia Franco, fue declarada BIC en el 2023, este verano abrió forzosamente sus puertas al público. Actualmente hay en marcha un proceso para que su titularidad regrese a manos públicas.

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Una venta fraudulenta

La resolución del BOE que convierte el pazo en lugar de memoria también señala que, entre 1921 (año en que murió Pardo Bazán) y 1936, “Meirás fue centro de visitas reales, y de conspiraciones contra la República”.

Hay que recordar que el único hijo varón y el único nieto de Pardo Bazán, los militares Jaime Quiroga y Pardo-Bazán y Jaime Quiroga y Esteban-Collantes, fueron asesinados en Madrid por milicianos republicanos en agosto de 1936, durante los primeros compases de la Guerra Civil. Esto dejó la propiedad en manos de Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de Emilia, y de Blanca Quiroga, hija de la escritora.

El 3 de marzo de 1938, aún inacabada la Guerra Civil, se constituyó la Junta Provincial pro Pazo del Caudillo, formada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia de A Coruña. Su objetivo era conseguir un inmueble para donarlo al dictador Francisco Franco como residencia veraniega. Entre los principales promotores figuraban Pedro Barrié de la Maza, Alfonso Molina Brandao, Fernando Álvarez de Sotomayor y otros destacados empresarios coruñeses del bando golpista.

El dinero se obtuvo a través de una suscripción popular que en realidad consistió en donaciones forzosas. Inicialmente se intentó que fuera voluntaria, pero al no tener éxito, se decidió calcular la cifra necesaria y repartirla entre todos los vecinos e instituciones.

Vista de las Torres de Meirás. Foto: Lois Chantada/Wikimedia Commons

Hasta 93 ayuntamientos aportaron dinero para la compra del Pazo, siendo el de A Coruña el que más donó con 25.000 pesetas. La Junta pro Pazo consiguió recaudar 1,2 millones de pesetas, una fortuna para la época.

La compra del Pazo se formalizó el 3 de agosto de 1938 por 406.346 pesetas, y posteriormente, el 5 de diciembre de 1938, se entregó oficialmente al dictador en calidad de jefe del Estado.

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Durante casi cuatro décadas, el Pazo de Meirás se convirtió en la residencia oficial estival del Jefe del Estado español. Franco transformó radicalmente la propiedad: amplió los terrenos originales de 5,7 hectáreas hasta aproximadamente 10 hectáreas, expropió mediante extorsiones y coacciones a los propietarios legítimos de las tierras colindantes.

Una de las personas expropiadas fue la abuela de Carlos Babío, una viuda con cinco hijos. “Fue expulsada con extorsiones y amenazas”, explica. El perito fijó el precio, 2 pesetas por metro cuadrado, pero "nunca las cobró, porque la junta quebró".

“Mi abuela se vio en la calle con sus cinco hijos con una mano delante y otra detrás. Mi padre y muchos miembros de mi familia tuvieron que emigrar”, recuerda Babío.

La propiedad adoptó todas las características de una residencia oficial: se celebraron Consejos de Ministros, actos y reuniones oficiales, y sus gastos ordinarios eran asumidos por la Casa Civil del Estado. Se gestionaba de forma idéntica al Palacio del Pardo.

La magistrada Marta Canales estableció en su larga sentencia (390 páginas) de septiembre de 2020 que, aunque la Junta Pro-Pazo del Caudillo compró efectivamente el pazo en agosto de 1938, la donación posterior se realizó al "Jefe del Estado", no a Francisco Franco a título personal.

En 1941, Franco intentó consolidar la propiedad del pazo a título personal mediante una escritura de compraventa simulada entre los herederos de Emilia Pardo Bazán y él, pero la sentencia judicial de 2020 califica esta operación como una "ficción" llevada a cabo "con el solo objeto de poner el bien a su nombre".

“Resulta evidente que cuando Dª Manuela Esteban Collantes [nuera de Pardo Bazán] firma la escritura pública de compraventa en el año 1941 ya no es propietaria del inmueble porque lo había vendido casi tres años antes", señala la sentencia.

Según explica Núñez Seixas, la simulación de la venta “tuvo como objetivo, además, eludir una propia ley del franquismo, que establecía que la propiedad no debía ser del jefe del Estado, sino de Patrimonio Nacional, como el Palacio del Pardo y tantos otros palacios”.

Los hechos probados establecen que “el 24 de mayo de 1941 no se entrega a Franco el pazo y Franco nada paga”, y que “la vendedora ya había vendido” (a la Junta Pro-Pazo en 1938). Por tanto se trató de una operación “fraudulenta y simulada” para conseguir la inscripción registral.

La escritura de compraventa original, la de 1938, suscrita entre los propietarios originales y la Junta pro Pazo del Caudillo, fue hallada y aportada como prueba clave para la demanda del Estado contra la familia Franco en el año 2019.

Este documento, cuya existencia era conocida pero cuyo paradero se desconocía, fue hallado por los abogados del Estado, a instancias de Babío y sus colaboradores, en el Archivo Histórico de Protocolos del Ilustre Colegio Notarial de Galicia, en el centro de A Coruña, a apenas 15 kilómetros del pazo. El hallazgo se produjo solo unas semanas antes de que el Gobierno presentara la demanda judicial para reclamar la devolución del pazo.

El incendio de 1978

En la noche del 18 al 19 de febrero de 1978, tres años después de la muerte de Franco, un devastador incendio consumió parte del pazo. El siniestro, oficialmente atribuido a un cortocircuito, dejó el edificio inhabitable y tuvo consecuencias dramáticas para el patrimonio cultural que albergaba.

La biblioteca de Emilia Pardo Bazán, uno de los grandes tesoros literarios de la época, sufrió graves pérdidas. Tras el incendio, cerca de 8.000 volúmenes fueron donados a la Real Academia Galega, pero 3.200 libros quedaron atrapados en el pazo, castigados por décadas de humedad posterior. Los investigadores esperaban encontrar "bastantes más libros, casi el doble de los que encontraron", como declaró Xulia Santiso, directora de la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán, en un reportaje del programa Equipo de investigación de La Sexta. Con esta declaración apuntaba a un posible expolio de los libros.

En aquel programa también se hicieron eco del testimonio que una persona cercana a la familia Franco dio a Babío y a Manuel Pérez Lorenzo, autores de Meirás. Un pazo, un caudillo, un espolio. Según sus declaraciones, "había muchos militares llevándose en camiones obras de arte que trasladaban al puerto de Muxía y se mandaban a Francia (…). Les habían dado a los pescadores un donativo para que no aparecieran por allí en toda la noche. Un amigo mío vio sacar los lienzos y meterlos en un pequeño yate”.

“Lo que pasó realmente no lo sabemos. El incendio se declaró como fortuito y se quemaron una serie de obras de arte, pero hay hipótesis que apuntan a un incendio provocado para poder vender obras de arte en el extranjero, pero no existe una base documental que demuestre esa teoría”, señala Núñez Seixas. “Digo hipótesis porque, si digo lo que realmente pienso que pasó, pasado mañana los Franco me ponen otro pleito”, aclara.

Babío, que no es historiador pero lleva más de veinte años investigando la historia del pazo de Meirás, ya no le tiene miedo a la familia del dictador porque ya le han sentando en el banquillo cuatro veces por supuestas injurias y calumnias: “Me demandaron una vez por la vía penal, perdieron; recurrieron y tuve que volver al juzgado. Y luego hicieron lo mismo por la vía civil, pero también perdieron. El problema es que nunca les obligan a pagar las costas”.