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Imputadas 14 televisiones en el fraude de 'la rueda'

La Audiencia Nacional atribuye a las cadenas un delito de corrupción por el método con el que se reembolsaban parte de lo que pagaban a SGAE, en connivencia con algunos socios

5 febrero, 2020 12:40

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a 14 cadenas de televisión en el caso de fraude conocido como 'la rueda', por el cual las personas y compañías involucradas se embolsaban ganancias millonarias con la música emitida en horario nocturno, y que está siendo investigado por la justicia desde junio de 2017. Los entes llamados a declarar en el juicio son los dos principales grupos privados de televisión en abierto, Atresmedia —cuyos buques insignia son Antena 3 y La Sexta— y Mediaset —Telecinco y Cuatro, entre otras—; la pública Televisión Española, y 11 emisoras públicas autonómicas: Canal Sur, Televisión de Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radiotelevisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radiotelevisión de Castilla y León y Televisión de Castilla La Mancha. El juez les imputa un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización y/o grupo criminal.

El fenómeno consiste en la recuperación, por parte de las cadenas de televisión, de buena parte del dinero que pagan a SGAE por derechos de autor de la música que emiten en horario nocturno, ya que está registrada en editoriales musicales de su propiedad. Para ello se valen de una serie de autores que crean composiciones propias o realizan mínimas modificaciones —en algunos casos ni eso, según el auto del juez— en piezas de dominio público (por ejemplo, autores de música clásica cuyas obras están libres de derechos). Algunos autores llegaban a utilizar el nombre de familiares o amigos dado el enorme número de trabajos que llegaban a registrar. Del dinero ingresado por las televisiones, el 50 % se lo reembolsaban a través de sus propias editoriales musicales que ostentaban los derechos de esa música. El resto se repartía entre compositores, intérpretes, productores e intermediarios. En el punto álgido de la rueda, sus detractores denunciaron que hasta el 70 % de lo que SGAE ingresaba en un año por derechos de autor en un año corresponde a una franja horaria que solo ve el 1 % de los espectadores, y con el que se lucraban un número ínfimo de asociados.

El auto del juez, que investiga lo ocurrido entre 2006 y 2011, dice que este fraude "no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se emiten los repertorios musicales que generan los referidos beneficios económicos, que estarían así actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de los investigados".

El instructor también considera que las cadenas "no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador".

'La rueda' ha sido uno de tantos motivos que han generado guerras internas en el seno de la SGAE y lleva siendo denunciado por parte de los socios durante años y varios de sus presidentes han tratado de luchar contra ella —caso de Antón Reixa y José Luis Acosta—, mientras que otros han sido relacionados con ella —caso de José Miguel Fernández Sastrón, que fue investigado por la Audiencia Nacional—.

El 22 de marzo de 2019, al poco tiempo de asumir su cargo, la actual presidenta de SGAE, Pilar Jurado —que acaba de marcarse un tanto positivo con la aprobación de los nuevos estatutos de la entidad— dio por "solucionado" el tema de la "rueda", ya que la nueva Ley de Propiedad Intelectual pone coto a esta práctica al limitar los ingresos que genera la música emitida en la franja nocturna de la televisión al 20 % del total recaudado por la SGAE a las cadenas.