El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en el Congreso de los Diputados, a 30 de septiembre de 2026.
Ni Ley del Cine, ni regulación de la IA: el sector cultural, sin las medidas prometidas por el adelanto electoral
La nueva convocatoria de elecciones hace naufragar varias de las reformas que fueron anunciadas por el ministerio tras años de reclamaciones.
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La nueva Ley del Cine repite como la principal asignatura pendiente del Gobierno en materia cultural tras la convocatoria electoral para el 29 de noviembre que dará lugar a la disolución de las Cortes Generales, poniendo fin a una legislatura que no ha logrado tampoco avances en el uso de la IA en el sector.
En el caso de la Ley del Cine, la norma ya ha 'sobrevivido' al adelanto electoral de 2023, al cambio de ministro al frente del departamento de Cultura y a las dificultades parlamentarias. Así, el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, superó un primer examen el pasado mes de junio en el Congreso, cuando se rechazaron las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición en el debate en el Pleno.
El texto llegaba así a la Cámara Baja tras una larga tramitación que se arrastra desde la pasada legislatura y que ha permanecido enquistada durante los últimos años por las dificultades parlamentarias.
Actualmente, la norma estaba en tramitación en el Congreso de los Diputados, en la fase de ponencia y Comisión de Cultura, donde se estaban debatiendo más de 463 enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios para dar forma al texto definitivo, con el fin de remitirse posteriormente al Senado y continuar su recorrido parlamentario antes de su aprobación definitiva.
La aprobación de una nueva Ley del Cine ha sido una de las principales reivindicaciones de la industria cinematográfica y audiovisual durante los últimos años, especialmente tras la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que generó un fuerte rechazo entre parte del sector por la definición de productor independiente y el reparto de las obligaciones de financiación.
Además, la reforma ha sido una de las promesas reiteradas del actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha defendido desde el inicio de la legislatura la necesidad de actualizar una norma que considera desfasada para responder a la realidad del audiovisual actual.
El actual ministro aseguró el pasado año que la Ley del Cine se aprobaría antes de 2025, algo que no ha terminado sucediendo. En distintas comparecencias y entrevistas, el ministro ha insistido en que la ley es "imprescindible" para un sector cuya cadena de valor ha cambiado profundamente desde 2007, con el auge de las plataformas y las series, que la legislación vigente apenas contempla. De hecho, el proyecto hunde sus raíces en la etapa de Miquel Iceta al frente del Ministerio de Cultura.
![El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). Foto: Jesús Hellín / Europa Press](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11296880.jpg?p=w:320\/h:240&h=eNS89Ces"])
Ya en 2021 el entonces ministro Iceta anunció la reforma como uno de los grandes objetivos de la legislatura y fijó inicialmente finales de 2022 como horizonte para su aprobación. Ese año el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto, que incorporó por primera vez el concepto de "cultura audiovisual" al título de la ley y equiparó películas y series a la hora de acceder a determinadas ayudas públicas.
Posteriormente, el proyecto fue remitido a las Cortes a finales de 2022, pero su tramitación quedó interrumpida por la disolución de las Cámaras tras la convocatoria anticipada de elecciones generales en mayo de 2023, cuando la norma ya había comenzado su recorrido parlamentario. Con el inicio de la nueva legislatura, el Ministerio de Cultura recuperó el proyecto, aunque su avance volvió a verse condicionado por las dificultades parlamentarias.
El proyecto buscaba reforzar las ayudas y garantías para las películas en lenguas cooficiales y establecer por ley la obligación de reservar el 35% de las ayudas a la producción a proyectos liderados por mujeres. Asimismo, rebajaba del 25% al 20% la cuota mínima anual de pantalla en salas para cine español y europeo, e incorporaba como novedad al cine latinoamericano y a las obras dirigidas por mujeres, que computarán el doble a efectos del cumplimiento de dicho porcentaje, entre otras novedades.
Por otro lado, el pasado mes de septiembre el Gobierno sacó a información pública el anteproyecto de ley que regula el uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IA) en el ámbito del Estatuto del Artista con límites, como explicaron fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, impulsores de la norma en colaboración con el Ministerio de Cultura.
![El ministro de Cultura Ernest Urtasun. Foto: Europa Press.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11234717.jpg?p=w:320\/h:240&h=m5cQ5XSR"])
La norma, que no regula el uso de la IA con carácter general, recogía el artículo 13 del Estatuto del Artista que decayó tras el posicionamiento en contra del Consejo de Estado, algo que los sindicatos CCOO, UGT, UAA y Conarte criticaron por situar a los trabajadores del sector "en una posición claramente vulnerable".
Por ello, el Ministerio de Trabajo decidió elaborar un anteproyecto de ley orgánica —según las fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz— que sigue las recomendaciones del Consejo de Estado, que cuenta con los informes preceptivos y con el apoyo del sector cultural y artístico.
De esta forma, el anteproyecto de ley establecía unos usos de la inteligencia artificial generativa en el ámbito artístico que fueran compatibles con el mantenimiento de los derechos, la seguridad jurídica, la garantía de las condiciones de trabajo y el mantenimiento del empleo. También daba especial relevancia a la negociación colectiva y creaba una comisión de estudio sobre el impacto de la IA.
En concreto, se buscaba reconocer la posibilidad de realizar réplicas digitales (fakes, ultrasuplantación) y nuevos contenidos mediante IA generativa solo en el marco del contrato de trabajo, es decir, con consentimiento y retribución; y solo para la utilización en el desarrollo de la obra, tareas de explotación y publicidad de la misma. De esta forma, no se podría utilizar la imagen digitalizada de un actor o actriz para realizar una secuela o una segunda temporada, si el contrato es para una sola temporada.
![El ministro de Cultura, Ernest Urtasún, tras reunirse este miércoles en el Ministerio de Cultura con el sector audiovisual para valorar el anuncio de Estados Unidos de aplicar aranceles a las películas producidas fuera de sus fronteras. Foto: EFE/ Borja Sanchez-Trillo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10950825.jpg?p=w:320\/h:240&h=yt_1N7Yi"])
Desde el departamento de Yolanda Díaz esperaban que fuera aprobado antes del final de la legislatura, algo que finalmente no ha ocurrido.
Por el camino se quedan, además, otras medidas anunciadas desde hace años. La tantas veces prometida y reclamada reforma del INAEM parecía que por fin iba a llegar a buen puerto cuando en 2025 se creó la Dirección General de Artes Escénicas y Música, que tomaba para sí varias de las labores hasta ese momento realizadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas. Sin embargo, el proyecto de Urtasun de convertir el organismo en una Entidad Pública Empresarial naufragó tras el rechazo en bloque de los sindicatos.
Del mismo modo, los autónomos del sector artístico cultural tampoco tendrán las muy solicitadas medidas para mejorar las condiciones en situaciones de intermitencia laboral. En este caso, se trataba, en primer lugar, de una cuota de autónomos hiperreducida que mejorara la que fue aprobada en 2023 (167 euros para quienes ingresaran 4.000 euros netos anuales por su trabajo, frente al tope de 3.000 de la anterior versión). En segundo lugar, se esperaba aprobar una prestación por desempleo especial de 600 euros mensuales durante dos meses para aquellos autónomos que estuvieran de baja por lo menos cuatro meses.
También tendrá que esperar la creación de la Oficina Española de Derechos de Autor que anunció el ministro de Cultura Miquel Iceta en 2022. Un proyecto que también se le ha atragantado a su sucesor, Ernest Urtasun.
