La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, anuncian la aprobación del proyecto de reforma de la LPI. Foto: Alberto Di Lolli.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Propiedad Intelectual, una reforma parcial del texto vigente que pretende fortalecer la posición de los creadores y facilitar la transición digital de las industrias culturales y creativas. Tras haber dado luz verde al anteproyecto hace 11 meses para su debate entre los sectores afectados -sin lograr su apoyo-, el de hoy es el paso intermedio hacia la aprobación definitiva de la reforma por parte del parlamento.

Ante las críticas de quienes consideran que esta reforma se queda corta, el Gobierno se disculpa diciendo que no descarta realizar "una segunda reforma de más amplio calado" en un futuro y que en ésta "aborda una modificación parcial de la actual regulación para tratar aquellos aspectos que se consideran más urgentes".

Por una parte, el proyecto de ley pretende, según el Gobierno, reforzar los mecanismos de supervisión de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, asegurando una mayor transparencia y eficacia en la operativa de las mismas; mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a las vulneraciones que puedan sufrir en el entorno digital; acotar los límites del concepto de copia privada atendiendo a los progresos de la sociedad de la información -esta medida tiene carácter transitorio, a la espera de la necesaria armonización comunitaria-; y ampliar el derecho de ilustración para usos educativos y de investigación, facilitando el uso de licencias.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Cultura, José Ignacio Wert, han destacado entre las novedades del borrador definitivo la inclusión de una "tasa Google" similar a la de Alemania o Francia. Es decir, que los motores de búsqueda paguen una compensación a los propietarios de los derechos de los contenidos enlazados, aplicando el límite de cita, por ejemplo, a los fragmentos de noticias que aparecen en Google News.

Por otra parte, se refuerzan las potestades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, con el punto de mira puesto en las páginas de enlaces, es decir, aquellas que facilitan información sobre dónde descargar contenidos de forma ilegal, y que hasta ahora habían sido exoneradas en varias sentencias. Así, se introducirán sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros en caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de estos enlaces -un procedimiento lento e ineficaz, según las entidades de gestión-.

Respecto a las entidades de gestión, el anteproyecto establece un refuerzo de la transparencia y vigilancia de estas organizaciones. Según explicó Wert, esto se traduce en la "limitación de la capacidad de las entidades de gestión de aprobar e imponer tarifas", para que no se produzca una "asimetría entre la entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios".

Otro de los asuntos más delicados es la compensación por copia privada, uno de los temas que más criticó el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto de esta reforma. En él recomienda extremar "las cautelas" en la definición del límite de copia privada, así como en la "correlativa implantación del sistema de compensación equitativa por copia privada". Pues bien, según el texto del proyecto de ley, "permanecen amparadas por el límite de copia privada las reproducciones de CD o DVD comprados y las grabaciones de fuentes de televisión o radio para un visionado o escucha posteriores. El tratamiento de las copias "digitales" (a través de Internet) queda remitido a los correspondientes contratos de licencia ("copias licenciadas") suscritos en el momento de adquisición del derecho a reproducir el contenido protegido. Con ello se pretende impulsar un modelo de explotación de derechos de propiedad intelectual acorde al progreso de la sociedad de la información, que ya no se fundamenta en la copia analógica o de soporte, sino en la reproducción virtual a través de copias licenciadas".

Hace unos días, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (ADEPI), portavoz de los intereses comunes de las entidades de gestión SGAE, CEDRO, EGEDA, VEGAP, AGEDI, AISGE, AIE y DAMA, criticó duramente esta reforma asegurando que "arruinará al sector cultural". "El Ejecutivo no ha contado con los agentes de la cultura implicados ni con las indicaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. El proyecto nos aleja de Europa, y además de introducir confusión en el mercado y desconcierto en los usuarios aumentará los litigios. ¿Los grandes beneficiados? Las empresas tecnológicas", denunció en un comunicado. La alusión a las empresas tecnológicas se refiere al hecho de que la compensación económica por las copias privadas de contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual correrá por cuenta de los Presupuestos Generales del Estado -es decir, de todos los contribuyentes, copien o no- y no de las empresas tecnológicas que fabrican e importan los dispositivos y consumibles que permiten realizar dichas copias, aunque el Gobierno asegura que "este sistema es transitorio, a la espera de una armonización comunitaria".