Castilla y León busca desde este sábado, con una nueva vuelta de tuerca, reducir una incidencia de contagios de coronavirus que ha pasado de preocupar lo que tiene que preocupar una pandemia a ser un verdadero quebradero de cabeza. Son ya varias semanas de ascensos continuos de contagios y, lo que es peor pero que va aparejado a ello, de presión hospitalaria y mortalidad. 

Lejos de que las cifras sean las correctas o no en otros lugares, lo cierto es que la incidencia de Castilla y León no ha parado de crecer y los datos de la última semana marcan un panorama que se dirige a medidas drásticas en las que no se descarta ni siquiera el confinamiento general, pese a que se haya repetido continuamente que es la última medida a tomar. Los contagios han avanzado a los 562 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días pero para ver la subida cada vez mayor basta ver que en la última semana es de 302, bastante más de la mitad. Los contagios suben y lo hacen con una curva que está dejando de ser constante para dispararse un poco más hacia la verticalidad. 

Con estos datos, y los peores ofrecidos al Ministerio de Sanidad en cuanto a hospitalizaciones en planta y UCI de España en la última semana y una mortalidad en ascenso con 116 defunciones en solo siete días, ya son varios días en los que la medida del toque de queda ondeaba en el ambiente. Ya este jueves se daba por hecha. Si no era España lo haría Castilla y León. Y así ha sido, incluso con la presencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en Valladolid. Ya ha entrado en vigor desde las 6 horas y será el más restrictivo de los anunciados en España hasta ahora. A las 22 horas todos deberán estar en casa por las 23 de otros lugares o incluso la medianoche. La Comunidad de Madrid ni siquiera ha declarado el toque de queda. Solo habrá prohibiciones de reuniones desde la medianoche. En la comunidad, las medidas serán en principio para 14 días. 

Sin embargo, lo que más ha preocupado desde el inicio no ha sido la medida en sí. El toque de queda lo pidió Castilla y León por carta al Gobierno. Fue la única comunidad en hacerlo aunque luego otras también lo hayan anunciado. Pero el Consejo Interterritorial del jueves no fue suficiente para llegar a un acuerdo y se emplazó a negociar el mejor mecanismo para hacerlo, donde se discrepa entre las comunidades. No en vano, son ya varias las que han pedido un estado de alarma de manera oficial este viernes, después de que el miedo de vivir una situación como la de la primera ola haya podido a cualquier otra cosa. País Vasco fue la primera y a ella le siguieron otras como Asturias, La Rioja, Extremadura, Cataluña, Navarra, Cantabria y la ciudad autónoma de Melilla. 

Castilla y León, en cambio, se ha decidido por un Consejo de Gobierno extraordinario este viernes tras el que ha salido la medida que deberá aprobar el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Limitar la libre movilidad de los ciudadanos se trata de faltar a un derecho fundamental que, más allá de pandemias y leyes de salud pública, en la Constitución solo se puede realizar a través de la declaración de algunos de los estados previstos como el de alarma, excepción o sitio. 

Con estos datos, más la reunión que Castilla-La Mancha tendrá este sábado para tratar el tema y la apertura de la Comunidad Valenciana a solicitarlo, hace indicar que más pronto que tarde, incluso el fin de semana en el que los ministros tienen que estar disponibles, pueda llevarse a cabo. También gracias a los apoyos que ya ha asegurado darán desde Ciudadanos, mientras que los partidos nacionalistas, a través de las decisiones de País Vasco o Cataluña, parece que también se sumarán a ello. 

Sin embargo, el estado de alarma que parece que se aprobará todavía cuenta con varios flecos que habrá que estudiar. El más importante de cara al futuro de la pandemia trata sobre la hora en la que será efectivo el toque de queda. Y es que es en lo que más discrepan las comunidades autónomas, por lo que no se sabe si será uno único para toda España o serán las propias comunidades las que impongan las suyas propias. Esto último, eso sí, es lo que parece a lo que se encaminan las relaciones entre los gobiernos autonómicos y el estatal como demuestra el documento abierto del nuevo "semáforo" por umbrales que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya han saltado por los aires al hablar de cierres de establecimientos en el nivel tres a las 22 y 23 horas y el anuncio de la comunidad de ampliarlo una más.