El grupo municipal de Vox ha presentado dos demandas judiciales contra el Ayuntamiento de Valladolid y contra Auvasa por lo que considera sendas “vulneraciones" de la Ley de Contratos, como ha informado en un comunicado.  

El primer recurso Contencioso-Administrativo versa sobre el “fraccionamiento ilegal de los Contratos de Limpieza en Colegios para evitar controles”. Según explica Vox, cuando finalizan esos contratos “fraudulentos”, el Ayuntamiento “pidió a esas mismas empresas que, ya sin contrato, continuaran prestando dos meses más los servicios de limpieza”. El segundo recurso Contencioso Administrativo que presenta Vox va contra AUVASA, por la supuesta contratación “urgente, negociada y sin publicidad” del contrato de Ticketing, “para evitar también controles, y cuando no había justificación para este procedimiento excepcional”, tal y como explica. 

Así, sobre la contratación de Limpieza extraordinaria en los Colegios debido al Covid19, aseguran que la Concejalía decidió fraccionar los contratos entre varias empresas con la condición de que no superaran el importe máximo permitido para contratos menores (15.000 euros), lo cual es “absolutamente ilegal”.

Pero además, apuntan que una vez cumplida la duración prevista de los 3 contratos, la Concejalía dio la orden a esas 3 empresas de continuar prestando el servicio de limpieza dos meses más, sin expediente y sin contrato, por un importe total de casi 90.000 euros.

Estos incumplimientos legales, indican, se recogen en el Informe de la Intervención General, que dice textualmente: “el presente expediente (SE67/2020) se tramita como consecuencia de estar ante una prestación de hecho, en la que los gastos no están soportados por la tramitación previa del correspondiente expediente y no se han ajustado a los trámites legales exigidos por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, previstos en dicha norma.”

Tras preguntar VOX en Pleno y en Comisión por la persona que ordenó la prestación de este servicio por valor de casi 90.000 euros sin tener un contrato que lo amparase, la Concejal de Educación ha sumido personalmente toda la responsabilidad, por lo que exigen la dimisión de la concejal del Área de Educación.

En la segunda actuación que han recurrido ante los tribunales, AUVASA utiliza el procedimiento “urgente, negociado y sin publicidad” para la contratación del Ticketing por un importe de 300.000 euros, cuando este procedimiento absolutamente extraordinario la Ley lo reserva a casos excepcionales que hay que justificar, lo que no es el caso, y constituye un nuevo fraude de ley para evitar los controles administrativos.

Subraya Vox que la licitación de los contratos mediante procedimientos abiertos es garantía de obtención de bienes y servicios necesarios en las mejores condiciones de calidad y precio, y evidentemente parece que ésta no es la finalidad del equipo de gobierno, que prefiere otorgar los contratos por métodos opacos.

Desde el grupo municipal insisten en que la pandemia no puede ser la “excusa” para que Óscar Puente y su equipo aplique el “rodillo socialista para saltarse la Ley”, y han anunciado que utilizarán todos los medios a su alcance para evitarlo.