Dos abogados ya jubilados, quienes formaran parte de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Valladolid, han certificado la existencia de nueve artículos y un plano "carentes de justificación alguna" que aparecían recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana publicado en en 2004 en el Boletín Oficial de la Provincia.

En tales términos se han expresado el que fuera jefe de la Asesoría Jurídica del Consistorio vallisoletano, José Luis Barca, y el integrante de dicho departamento Luis Ángel Lavín Deza, quienes en su día también llegaron a figurar como investigados en el denominado 'Caso PGOU' que desde hace unos días se dirime judicialmente en la Audiencia de Valladolid y que sienta en el banquillo a cuatro integrantes de la cúpula municipal de Urbanismo desde 2003, acusados de manipular el PGOU para favorecer a determinados promotores inmobiliarios.

Ahora en calidad de testigos, ambos exjurídicos, en declaraciones recogidas por Europa Press, han coincidido al señalar que fue la Secretaría General del Ayuntamiento la que les encargó la emisión de un informe a raíz de la denuncia del Grupo Municipal del PSOE en la que se hacía constar la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos introducida en los últimas días de agosto de 2003 en el PGOU, entre su aprobación provisional por parte del pleno y la definitiva por la Junta.

Al respecto, los dos testigos elaboraron el 14 de julio de 2008 un informe de comprobación entre el PGOU aprobado en 2004 en el Boletín Oficial de la Provincia y el que de verdad tenía que haberse publicado, atendiendo a lo dispuesto en la aprobación provisional por el Pleno, la inclusión tanto de las alegaciones estimadas en el periodo de alegaciones y que por error no habían sido recogidas y, a mayores, las distintas subsanaciones exigidas por la Junta y que debían de dar lugar a un texto único refundido.

Los exjuristas, tras un prolijo examen y comprobar en su día multitud de documentos, han ratificado que de esas 67 deficiencias denunciadas por los socialistas, 25 eran irrelevantes, 33 estaban plenamente justificadas y, en cambio, "para lo que no había justificación alguna, evidentemente, era para nueve artículos y un plano" que descubrieron, ha apostillado José Luis Barca Sebastián, quien ha precisado que en momento alguno aquellos "desajustes" detectados los calificaron entonces como "errores materiales", algo que sí hicieron a posteriori responsables del equipo de gobierno del PP en un intento, según la tesis de las acusaciones, de descartar la intencionalidad de los mismos.

Entre los distintos testigos que han comparecido en la quinta jornada del juicio, el religioso Lino Collazos, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, quien también llego a figurar en su día como investigado, ha sido interpelado por la operación que dicha entidad llevó a cabo para el cambio de calificación de uso del entorno de Cáritas, en la dalle José María Lacort.

Collazos ha explicado que él, como responsable de la gestión económica de la entidad, se limitó a firmar distintos documentos bajo el asesoramiento de un arquitecto y un abogado que llevaban la operación y siempre a posteriori de que todo fuera aprobado por el Patronato de la Fundación.

"Yo no sabía nada de urbanismo y eran ellos los que llevaban todas las gestiones", se ha desmarcado Collazos a preguntas de una operación que permitió un cambio en la calificación de suelo urbano no consolidado a consolidado y que a la postre facilitó a la Fundación Emilio Álvarez Gallego la venta de terreno en esta zona por más de 6 millones de euros para que Parkosa construyera un aparcamiento subterráneo, sin que el Ayuntamiento recibiera a cambio, además, cesiones de suelo, subsuelo y vuelo.

Respecto de dicho proceso, el religioso ha defendido que la venta del subsuelo se produjo en un proceso de concurso público al que se presentaron distintas empresas, Parkosa entre ellas, "que se hizo con el contrato porque hacía más obra y pagaba más" y "sin mediar ninguna indicación del Ayuntamiento sobre a quién se tenía que adjudicar".

Silván e Izquierdo, mañana 

El juicio por el 'Caso PGOU', que investiga hechos ocurridos hace dieciséis años, contará este jueves con el interrogatorio de otros siete testigos, entre ellos el 'popular' Antonio Silván, quien en aquella época era consejero de Fomento y hoy es portavoz del PP en el Ayuntamiento de León tras perder la Alcaldía, y el que fuera portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Javier Izquierdo, el primero de los cuales lo hará por videoconferencia desde las Audiencia leonesa.

Con carácter provisional, Fiscalía vallisoletana solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para el ex concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca; el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.

Por su parte, la acusación popular ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', pide las penas más elevadas para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, para quienes interesa condenas de cuatro años. No pide pena para José Luis Cerezo Bada.