Vox permite la reprobación de Quiñones y con su abstención vuelve a facilitar que el PSOE gane votaciones en las Cortes

Se trata de una iniciativa de los socialistas que, en concreto, insta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la reprobación y la revocación del nombramiento del consejero Quiñones "dada su falta de planificación y previsión en la gestión" contra los incendios forestales de este verano y que ha salido adelante gracias a la abstención de los 11 procuradores de Vox.

Los socialistas han logrado así reprobar a un consejero de la Junta por primera vez en la historia de Castilla y León, un hecho inédito en los 42 años de trayectoria de la Comunidad.

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Vox, que compartió Gobierno con los populares en la Comunidad entre 2022 y 2024, ha agrandado aún más la ruptura con los populares, incrementado desde su salida del Ejecutivo autonómico, consciente de que votando con el resto de la oposición puede generar mayorías que tumben las medidas impulsadas por el PP o aprueben iniciativas que les perjudiquen.

En ese mismo sentido, Vox también ha permitido con su abstención la aprobación en el pleno de este miércoles de una moción para instar a la Junta a aumentar la inversión en políticas activas de empleo y evaluarlas a través de estudios de las instituciones académicas y centros de investigación de la Comunidad, otro duro golpe al PP por parte de sus exsocios de Gobierno.

Los guiños del partido de David Hierro al resto de la oposición, visibilizados el pasado mes de junio con la aprobación de la polémica Ley de Publicidad Institucional, coinciden, además, con un momento de especial crisis para el Gobierno de la Junta y el PP en la Comunidad ante las críticas a su gestión de los devastadores incendios que han asolado la Comunidad este verano.

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Una situación que podría perjudicar las expectativas electorales de Mañueco en los comicios de marzo, en los que aspiraba a acercarse a la mayoría absoluta, especialmente en la provincia León, en la que el polémico Quiñones preside la gestora de los populares leoneses desde que la expresidenta del PP de León Ester Muñoz fue elegida portavoz en el Congreso

Ese posible retroceso electoral de los populares podría impedir al presidente de la Junta gobernar en solitario y obligarlo a echarse de nuevo en brazos de Vox, en un momento en el que la tensión entre ambas formaciones está en su pico máximo, como han demostrado las votaciones de este miércoles. Los de Abascal son conscientes de su posición de fuerza y la están aprovechando.

La reprobación de Quiñones

Vox ha permitido este miércoles con su abstención la aprobación de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSOE instando al presidente de la Junta a la reprobación y la revocación del nombramiento de Quiñones, "dada su falta de planificación y previsión en la gestión" contra los incendios forestales de este verano.

La iniciativa ha contado con 36 votos a favor, 33 en contra y las 11 abstenciones de los procuradores de la formación de David Hierro.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha mostrado su apoyo a la reprobación del consejero y ha llamado "sinvergüenza" a Quiñones, ante las quejas del portavoz popular, Ricardo Gavilanes, que ha pedido al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, que llamase al orden al procurador liberal, algo a lo que este se ha negado.

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, también ha apoyado la iniciativa del PSOE y ha cargado contra Quiñones por "no haber pedido perdón ni hacer ningún tipo de autocrítica" en el pleno de este martes. "Usted quiso repartir culpas y el consejero es usted", le ha recordado al titular de Medio Ambiente.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, también ha mostrado su apoyo a la reprobación de Quiñones y ha lamentado que no haya salido adelante la comisión de investigación sobre los incendios de este verano solicitada por su grupo.

Santos ha asegurado que el PP es "culpable" de "haber permitido que verano tras verano los mayores incendios se ceben con la Región Leonesa". "Son culpables de que el operativo no tenga unas condiciones laborales mínimas exigibles, no han sido capaces de darles un simple avituallamiento", ha denunciado.

El viceportavoz de Vox, Iñaki Sicilia, ha relacionado las consecuencias de los incendios de este verano con "las políticas del bipartidismo". "Los ciudadanos necesitan gestores que afronten con eficacia las catástrofes y que protejan su vida y su patrimonio", ha señalado, asegurando que "ahí nunca está el bipartidismo".

Sicilia ha acusado tanto a Quiñones como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "haber llegado tarde y mal" a los incendios. "No han hecho los deberes ninguno, ni el Gobierno ni la Junta", ha afirmado, y ha asegurado que "el PSOE no está para reprobar a nadie". "Esta figura de reprobación no vale para nada", ha añadido, calificándolo de "paripé".

Y ha asegurado que "cuando realmente los políticos reaccionan es cuando se les lleva al juzgado" y que "eso es lo que ha hecho Vox" y ha abogado por "acabar con el infumable Estado de las Autonomías", aunque finalmente su partido se ha abstenido en la votación, permitiendo que saliera adelante la reprobación.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, ha acusado a la oposición de "utilizar una tragedia de carácter nacional para hacer política" y ha asegurado que "Quiñones es un consejero válido".

"Han decidido emprender una cacería política contra Quiñones porque quieren colgarse un trofeo y quieren la cabeza de un consejero válido que ha mostrado compromiso y capacidad y que cuenta con el apoyo del Grupo Popular y el presidente de la Junta", ha afirmado.

Ampliar el operativo contra incendios

Las Cortes han aprobado este miércoles también por mayoría una PNL de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) instando a la Junta a ampliar y reforzar el operativo contra incendios, una iniciativa que ha contado con 47 votos a favor y 33 abstenciones.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha denunciado que en el pleno de este martes "triunfó la soberbia" del PP que "aplaudió al consejero". "Hay que construir una alternativa a la soberbia y quienes hoy mantengan al consejero y su política mantienen la soberbia que ha quemado la Comunidad y ha llevado la desesperación a nuestros pueblos", ha señalado.

Igea ha clamado por "una política distinta" y ha asegurado que "es obligación de la oposición construirla y dar esperanza". "No tienen ni moral ni principios", ha espetado a la bancada popular.

Por su parte, el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado al PP, y a quienes les voten en las elecciones de marzo de 2026, de ser "los responsables de los incendios que el verano que viene volverán a asolar la Comunidad".

El procurador de Vox José Antonio Palomo ha hecho hincapié en que "el clima no lo explica todo" y ha denunciado que "a quien lleva generaciones cuidando el monte se le trate como un infractor potencial". También ha cargado contra la "burocracia asfixiante", la "competencia desigual" y a una PAC "menos adaptada a las realidades del campo".

El procurador del Grupo Socialista, José Luis Vázquez, ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha acusado a Mañueco de ser "el máximo responsable" de las consecuencias de los incendios de este verano. "No hay precio que compense el dolor que han causado con sus políticos", ha espetado al Gobierno autonómico, al que ha acusado de llevar a cabo "una negligente gestión".

Vázquez ha defendido un operativo "público, todo el año, perfectamente coordinado y dotado de medios suficientes".

La procuradora del PP, Beatriz Coehlo, ha defendido la actuación de Quiñones y ha asegurado que en su actuación frente a los incendios de este verano "priorizó siempre la vida de los castellanos y leoneses".

Rechazo a la condonación

La Cámara autonómica ha aprobado por mayoría también una PNL del PP instando a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para que retire el proyecto de condonación de la deuda de las comunidades autonómicas. Una iniciativa que ha salido adelante con 52 votos a favor y 28 en contra.

Los populares han justificado su iniciativa asegurando que por este anteproyecto, "aplicando el acuerdo con los partidos separatistas, se condona deuda autonómica que pasará a ser soportada por el conjunto de los españoles, al ser este proyecto de Ley claramente contrario al principio de igualdad y al interés general de España y de Castilla y León".

"La fiesta de los partidos separatistas y la de Sánchez la pagamos entre todos", ha denunciado la procuradora popular Beatriz Coehlo, asegurando que los castellanos y leoneses tendrán que pagar "523 euros más". "La deuda generada por la mala gestión de los separatistas la vamos a pagar todos los españoles", ha denunciado.

Vox, contra la inmigración ilegal

Las Cortes han rechazado en el pleno de este miércoles una PNL de Vox instando a la Junta a rechazar las políticas de asentamiento de inmigrantes ilegales "impuestas por el Gobierno de España", trasladando públicamente la oposición de la Comunidad a "la imposición de cualquier tipo de reparto de inmigrantes ilegales".

Una iniciativa que solo ha contado con el voto favorable de los 11 procuradores de Vox y que ha sido rechazada por 67 procuradores mientras que dos se han abstenido.

La iniciativa instaba a la Junta a promover, dentro de sus competencias, a través de todo los medios legales a su alcance "la colaboración entre administraciones para la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales presentes en Castilla y León, trasladando un mensaje inequívoco de que quien entre ilegalmente en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ayudas sociales".

Por otro lado, a oponerse a la apertura de centros de acogida para inmigrantes ilegales en Castilla y León y suspender cualquier partida presupuestaria destinada a su reubicación y a evitar la concesión de ayudas, subvenciones y convenios con ONGs, asociaciones o entidades que "promuevan, faciliten o colaboren con la inmigración ilegal y el tráfico de personas".

Vox también ha propuesto impulsar la revisión de los criterios empleados en las modalidades concesionales de ayuda a la cooperación internacional competencia de la Junta, condicionando toda ayuda a la colaboración de los países de origen en la "readmisión de inmigrantes ilegales" y adoptar un protocolo general de determinación de edad de los menas para "evitar el fraude".

Por otro lado, a promover acuerdos bilaterales con Marruecos, Argelia y otros países de origen para procurar la atención de los menas en el entorno de su procedencia "priorizando su reintegración familiar o, en su defecto, la tutela por los servicios de protección de menores de sus países de origen".

Por último, la PNL de Vox instaba a la Junta a establecer, dentro del marco de sus competencias, "planes de retorno para menas y adultos en situación irregular, facilitando su reintegración en sus países de origen y suprimiendo ayudas a los Estados que se nieguen a colaborar".

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha cargado contra la iniciativa de Vox. "Su propuesta no es que los inmigrantes no se mueran en el agua, es que se mueran en su casa. El efecto llamada más importante es la desesperación de miles de millones de personas que viven el hambre y la pobreza", ha afirmado.

Igea ha acusado a Vox de apelar "a los más bajos instintos de la humanidad, al miedo, porque es su pulsión y su motor electoral". "Ustedes, la derechita valiente, apelan a la cobardía", ha zanjado.

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, por su parte ha asegurado que la iniciativa de Vox "destila odio, racismo y aporofobia". "Ustedes odian y detestan a los pobres, a aquellos que tienen que jugarse la vida escapando de la muerte. Traen iniciativas que señalan con evidente discurso de odio a niños y niñas que vienen en busca de una vida"; ha afirmado.

La procuradora de Soria ¡Ya! Vanesa García ha asegurado que "apostar por el rechazo automático no es proteger a nuestra tierra" mientras que el representante del PSOE Carlos Fernández ha asegurado que la iniciativa de Vox es "un compendio de odio, de bulos y de prejuicios". "Es una bazofia de texto y es una embustería detrás de otra", ha afirmado.

La representante del Grupo Popular, Noemí Rojo, ha asegurado que la cuestión de la inmigración "merece toda la seriedad y el respeto posible". "La Junta carece de competencias y esto no aporta soluciones reales y contribuye a desviar la atención", ha recordado, señalando que las Cortes "no pueden resolver este debate".

Además, ha hecho hincapié en que la deportación de los menas "es competencia exclusiva del Estado" y que la Junta "no tiene competencias para determinar la edad de un menor extranjero no acompañado". "No se pueden condicionar las políticas de cooperación al desarrollo y eso que solicitan no puede cumplirse", ha afirmado.

Rojo ha señalado que "el verdadero problema está en un Gobierno de España incompetente en cuanto a gestión se refiere". Y ha asegurado que la política migratoria del Ejecutivo central está caracterizada por la "desidia". "El Gobierno mercadea con inmigrantes para mantenerse en el poder y en el PP tenemos claro que la inmigración debe tratarse con rigor y consenso", ha señalado.

La procuradora ha recordado la oposición del PP a la "imposición unilateral" del reparto de menas del Gobierno, asegurando que "privilegia a los aliados del Gobierno". "El Gobierno de Mañueco seguirá trabajando defendiendo los intereses de las personas de Castilla y León, una inmigración legal y ordenada y defendiendo a las personas vulnerables", ha zanjado.

Políticas activas de empleo

El Grupo Socialista ha sacado adelante una moción para instar a la Junta a aumentar la inversión en políticas activas de empleo y evaluarlas a través de estudios de las instituciones académicas y centros de investigación de la Comunidad, gracias al apoyo de los grupos UPL-Soria Ya y Mixto y a la abstención de Vox, que ha sido crítico con la propuesta, al señalar que "no pide nada eficaz".

La moción, presentada en el pleno por el procurador socialista Pedro González, ha instado a la Junta a aumentar la inversión en orientación laboral personalizada y en el refuerzo del personal técnico de las oficinas de empleo, además de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los orientadores permanezcan contratados un mínimo de tres años.

También a garantizar la plena ejecución de los fondos procedentes del SEPE y acordar con instituciones académicas y centros de investigación la realización de una evaluación de las políticas activas de empleo.

Y pide a la Junta a garantizar la comparecencia anual de la consejera ante la Comisión parlamentaria correspondiente; la constitución, en el plazo de un mes, de la comisión acordada en el seno del Diálogo Social para la coordinación entre las consejerías de Educación y Empleo; y la publicación en la web de la Junta, anualmente, un informe de resultados sobre las políticas activas de empleo.

González ha afirmado que las políticas de empleo "no pueden seguir siendo ni una promesa vacía ni un titular en ruedas de prensa, sino palanca fundamental para garantizar oportunidades, cohesión social y crecimiento económico" en Castilla y León.

El procurador socialista ha asegurado que las políticas activas de empleo de la Junta "adolecen de falta de ejecución, escasa evaluación de resultados y limitada adaptación territorial” debido a la baja tasa de inserción, la inexistencia de informes públicos de impacto, la desigual implantación provincial y la falta de planes específicos para colectivos vulnerables".

Desde el Grupo Popular, el parlamentario Pablo Trillo ha apuntado una versión "totalmente distinta" a la socialista, que "se empeña en ver el lado oscuro de las cosas", parafraseando a Louis Van Gaal, y aunque ha reconocido que desde la Junta "no se hacen las cosas perfectas, sí se hacen bien".

Y ha defendido el discurso de la consejera de Industria, Leticia García, durante la interpelación, en la que señaló que "la mejor forma de evaluar estas políticas de empleo es viendo los resultados", y dado que los afiliados a la Seguridad Social superaron el millón en julio y agosto, se demuestra que "es un éxito de todos, no solo de las políticas de la Junta", sino también de las empresas.

La postura de Vox, que se ha abstenido en la moción, ha sido defendida por la procuradora vallisoletana Fátima Pinacho, que ha asegurado que la propuesta socialista se basa en la "falsa apariencia de ser la gran panacea contra el desempleo", frente a una política de la Junta en la que sí se mostró parcialmente de acuerdo en que es "un desastre".

"Con esta moción, no piden nada eficaz", ha afeado, en todo caso, al Grupo Socialista, porque no frena "el paro juvenil desbocado" o la bajada de afiliados a la Seguridad Social provocada, según Pinacho, tanto por el Gobierno como por la Junta. "Enhorabuena, señores del PSOE y del PP, porque este es el resultado de la desastrosa gestión en la que andan entretenidos", ha zanjado.

Desde UPL-Soria Ya, el procurador José Ramón García ha afirmado que "sobre el papel, la moción socialista podría parecer razonable", pero la ha calificado como "un catálogo de buenas intenciones, vacío e incapaz de resolver los problemas de empleo en Castilla y León".

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido "más ambición y entrar más a fondo en las distintas problemáticas de las provincias de la Comunidad", debido a los "desequilibrios estructurales en el mercado laboral" de Castilla y León, aunque ha reconocido el aspecto social de la moción por la que votó a favor de la misma.

También Francisco Igea se ha mostrado de acuerdo con la petición de evaluación de las políticas públicas de empleo de la moción socialista, porque estas políticas "son una preocupación que debe alcanzar a todos".