El campo de Castilla y León pide la dimisión de Von der Leyen por "vender a los productores" con la aplicación de Mercosur

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha rechazado este viernes con firmeza el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de activar la aplicación provisional del Acuerdo UE–Mercosur y ha exigido su dimisión. La organización ha asegurado que Von der Leyen se ha "saltado las reglas y principios democráticos" y ha "vendido a los productores europeos".

"Es una decisión precipitada, lesiva para el sector agrario y políticamente inaceptable en el actual contexto institucional", ha afirmado UCCL, recordando que el Tratado obliga ahora a que la decisión sea confirmada por el Consejo y exigiendo al Gobierno de España que vote en contra de la decisión y se sume a los países contrarios al acuerdo.

"El sector agrario no puede seguir siendo la variable despreciable de la política comercial europea", ha señalado un portavoz de Unión de Uniones, que ha señalado que el acuerdo, tal y como está planteado, "es claramente lesivo para nuestros agricultores y ganaderos, que deberán competir con producciones que no están sometidas a los mismos estándares sanitarios, medioambientales y sociales".

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Sin cláusula de salvaguarda

UCCL ha denunciado que la supuesta cláusula de salvaguarda agraria anunciada por la Comisión "no forma parte del texto del acuerdo y, por tanto, no ofrece protección real ni automática".

A su juicio, se trata de un mecanismo "tardío y discrecional" que actúa "cuando el daño ya está hecho y los agricultores y ganaderos ya han sufrido pérdidas". Para la organización, el sector "no puede confiar en mecanismos" que, además, dependen de decisiones discrecionales de la Comisión "que ya estamos viendo cómo actúa".

La organización ha considerado además "especialmente grave" que se impulse la aplicación provisional cuando la propia Comisión "ha constatado deficiencias en los controles de Brasil recientemente, y que no puede certificar plenamente que no se exporta carne procedente de animales tratados con hormonas prohibidas en la UE".

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"Acelerar la apertura comercial en este contexto es una irresponsabilidad. La seguridad alimentaria no puede sacrificarse en nombre de la geoestrategia", ha subrayado.

Desde el plano institucional, Unión de Campesinos de Castilla y León ha acusado a la Comisión de "forzar los procedimientos y vaciar de contenido el debate democrático". "La aplicación provisional no puede convertirse en un atajo para imponer hechos consumados", ha sostenido. A su juicio, se está "reduciendo el margen real de los parlamentos" y "debilitando el control democrático en un asunto de máxima trascendencia".

Exigencia al Gobierno

La organización ha recordado que el pasado 11 de febrero protagonizó una movilización en Madrid para protestar contra el acuerdo y su eventual aplicación provisional.

Asimismo, ha hecho hincapié en que "mantuvo reuniones con los grupos parlamentarios en el Congreso, impulsó iniciativas para que la Cámara instara al Gobierno a no apoyar esta vía y remitió cartas formales a la Comisión Europea, a eurodiputados españoles y al presidente del Gobierno, trasladando su rechazo y sus argumentos técnicos".

Y ha trasladado la presión al Gobierno. "Ahora la Comisión intenta presentar la aplicación provisional como un trámite técnico, pero la decisión debe volver nuevamente al Consejo", ha recordado, exigiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Agricultura, Luis Planas, que se "alineen con los Estados miembros que previsiblemente votarán en contra, tal y como ha anunciado Francia" para "bloquear esta decisión".

"Del mismo modo, tanto el PSOE como el Partido Popular deben dejar de respaldar una vía que compromete gravemente al sector agrario español e incorporarse al frente común del resto de fuerzas políticas del país", ha afirmado la organización.

Y ha recordado que "si una vez que el Parlamento ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que se examine la legalidad del Tratado, el Gobierno sigue respaldando en el Consejo la decisión de la Comisión, estará asumiendo, junto con aquellos partidos que lo apoyen, la responsabilidad directa de los graves perjuicios que va a sufrir el sector". "Aún estamos a tiempo de evitar un error estratégico de gran magnitud", ha zanjado.