Momento de la manifestación de este pasado jueves Ical
El campo de Castilla y León anuncia un ‘superjueves’ de manifestaciones contra el acuerdo con Mercosur
“Una vez más, los agricultores y ganaderos europeos se convierten en carne de cañón de una guerra comercial en la que son otros sectores los que recogen las medallas”, han señalado los representantes del campo castellano y leonés.
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El campo de Castilla y León vuelve a salir a la calle para defender su futuro y exigir políticas que garanticen la viabilidad económica y social de agricultores y ganaderos.
Así, las organizaciones agrarias de Castilla y León ASAJA, UPA, COAG y UCCL han convocado, en unidad de acción, movilizaciones en todas las provincias de la Comunidad para manifestar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.
Las protestas se desarrollarán entre los días 26 y 30 de enero, aunque la mayor parte de las concentraciones provinciales se prevé que tengan lugar el jueves 29 de enero, tanto en calles como en carreteras, en lo que han denominado como “el superjueves”.
La convocatoria coincide con la firma provisional del acuerdo este sábado en Asunción (Paraguay), con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, como representantes de la delegación comunitaria.
Mientras que para determinados sectores económicos europeos este acuerdo se presenta como una oportunidad, para el sector agrario supone, según denuncian las organizaciones convocantes, “casi una sentencia de muerte”.
"Carne de cañón"
“Una vez más, los agricultores y ganaderos europeos se convierten en carne de cañón de una guerra comercial en la que son otros sectores los que recogen las medallas”, han señalado los representantes del campo castellano y leonés.
Por ello, reclaman a los eurodiputados españoles que voten en contra del acuerdo cuando llegue el momento de su ratificación en el Parlamento Europeo, paso imprescindible para su entrada en vigor definitiva.
Las organizaciones agrarias advierten de que uno de los principales problemas del acuerdo de Mercosur es la falta de reciprocidad en las condiciones de producción. Los agricultores y ganaderos de los países firmantes podrán producir con exigencias medioambientales, agronómicas y sociales mucho más laxas que las que se imponen en la Unión Europea, generando una competencia desleal para las explotaciones europeas.
Además, denuncian que los productos importados no ofrecerán las mismas garantías sanitarias, lo que puede tener una repercusión negativa directa sobre los consumidores.
ASAJA, COAG, UPA y UCCL exigen una reciprocidad real, con los mismos requisitos para las importaciones, controles efectivos de trazabilidad, salvaguardas ante caídas de precios y un refuerzo de los controles en frontera en materia fitosanitaria, zoosanitaria y de bienestar animal.
Estas reivindicaciones se suman a las ya expresadas por el campo europeo en las manifestaciones celebradas en Bruselas el pasado 18 de diciembre.
Entre las principales demandas del sector se encuentran medidas para garantizar la rentabilidad de las explotaciones, el freno a acuerdos comerciales desleales con países sin estándares equivalentes, una PAC fuerte y bien dotada presupuestariamente, el mantenimiento de sus dos pilares, la simplificación normativa, el equilibrio entre exigencias ambientales y financiación, ayudas reales para el relevo generacional y soluciones a la crisis de precios del cereal, que se prolonga desde hace tres campañas.
"Fraude verde"
Por otro lado, desde COAG han alertado de los "graves riesgos" que implica la modificación del Reglamento de Producción Ecológica en la que está trabajando la Comisión Europea, lo que han llegado a tildar de "fraude verde" porque se abre la puerta a que productos importados puedan comercializarse "como ecológicos en el mercado comunitario sin cumplir exactamente las mismas normas que se exigen a los productores europeos".
Desde la organización han trasladado ya sus alegaciones al Ministerio de Agricultura, en la que han querido "dejar claro" que la simplificación administrativa no puede ser "coartada para rebajar garantías ni para generar competencia desleal".
COAG se ha mostrado predispuesta a apoyar medidas orientadas a facilitar la gestión del sistema ecológico, en especial en lo relativo a los grupos de operadoras, pero considera "inaceptable" que el proceso se utilice para "debilitar los controles y desvirtuar el valor del sello ecológico europeo".
El responsable de Agricultura Ecológica de COAG, José Manuel Benítez, ha incidido en su oposición a que productos de terceros países sean vendidos como ecológicos en Europa "sin cumplir las mismas condiciones" y ha insistido en que "no se puede utilizar la etiqueta ECO de la Unión Europea para productos importados".
La principal preocupación está en el mantenimiento del régimen de equivalencias para las importaciones y en la posibilidad de que dichos productos puedan utilizar el logotipo ecológico de la UE sin que estén ajustados "plenamente" al Reglamento (UE) 2018/848.
"Y es que la CE prorroga 10 años más el régimen de equivalencia reconociendo que no se cumple o que es insuficiente", precisan desde COAG. Dicho texto, además, reconoce que los sistemas "no son plenamente garantistas, lo que pone en riesgo la confianza del consumidor y la reputación del modelo ecológico europeo".
