Las escuelas infantiles privadas están viviendo un curso muy agitado. Hace año y medio ya anunciaron que la educación gratuita iba a ser “un barrido” para el sector y parece que se está cumpliendo. Ahora mismo se encuentran con la soga al cuello por motivo de la gratuidad de la educación para niños y niñas de entre 0-3 años. La medida estrella anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que ha provocado una serie de cambios y modificaciones que estos centros, en su mayoría gestionados por autónomas y emprendedoras, no están pudiendo soportar. Para colmo, los pagos por parte de la administración autonómica tardan en llegar, lo que está llevando a una situación financiera complicada, ya que están teniendo que tirar de sus propios ahorros.

Uno de los casos más llamativos y que se ha convertido en viral en las redes sociales es el de Laura Pino, la joven directora de la guardería Los Lunnis, en el barrio de la Viña de Zamora, quien lleva tres años encargándose de este centro infantil, donde ha mostrado lo mal que lo están pasando en el sector para cumplir con las exigencias de la Junta de Castilla y León. "Requisitos de personal, de metros, de instalaciones que, antes de todo esto, ya estaban adaptadas para ellos, los más pequeños", comenta Laura con frustración sobre los requisitos para continuar abiertos. Un ejemplo más de lo que se está viviendo.

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La situación es la siguiente, la Consejería de Educación puso en marcha el año pasado la normativa estatal base para poder formar parte de este proceso que primero fue para niños entre 2-3 años y en septiembre se anunció que también para el próximo curso llegaría para 1-2 años. Al principio han sido 270 los centros que se han adherido, para el próximo son 280, algo de lo que presume la consejera Rocío Lucas. Sin embargo, son muchas las que se están quedando por el camino porque no pueden cumplir con estos requisitos. Su única solución es no adherirse al convenio de gratuidad y seguir siendo un centro privado donde los padres paguen. Pero claro, tarde o temprano, acabarán notando el descenso de niños. Como ha ocurrido esta semana en Valladolid, donde un centro con más de 60 años de historia como el Emaús, también ha anunciado que cerrará en julio ante la falta de alumnos.

Los requisitos

Son muchos los padres de Castilla y León que se van a ahorrar unos cuantos euros, la Junta lo tasó en 2.000 euros gracias a esta medida, pero es cierto que las guarderías (con trabajadoras incluidas) están pasando un tedioso camino para acceder a esta gratuidad, con unas normas que según lamentan “son inviables” en algunos casos. Algunos ejemplos son la existencia de un patio exterior de al menos 75 metros cuadrados, un mínimo también de metros cuadrados en las aulas, áreas diferenciadas para el descanso de los escolares con al menos un lavabo, ratio de alumnos, número de empleados contratados, etc.

Por este motivo, el sector se siente en una “competencia desleal” en una lucha donde reconocen que los colegios, especialmente los concertados, son los grandes beneficiados logrando aumentar el número de aulas y de plazas a costa de su desaparición. Lamentan que ante esta situación las pequeñas guarderías están condenadas a desaparecer provocando la pérdida de empleo de sus trabajadoras.

Uno de los “mayores escollos” que los centros están encontrando es la habilitación de un patio exterior, al que obliga la normativa estatal, según se ha encargado de aclarar esta semana la consejera de Educación, Rocío Lucas. Muchos no lo tienen y por eso han tenido que solicitar a Ayuntamientos que les cedan una parcela municipal en algún parque o jardín. Pues bien, algunos sí están dando el OK, como es el caso de Ávila, Burgos y Salamanca, y otros no lo hacen, según la información de Pilar Granados, presidenta de la Agrupación de Escuelas Privadas de Castilla y León (Aecip).

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La Junta pide una autorización de uso especial para que durante ese tiempo que utilicen la zona exterior los niños lo puedan tener delimitado de alguna manera, de cara a la responsabilidad y seguridad. Sin embargo, los ayuntamientos están actuando de diferentes maneras. Algunos directamente no lo han concedido todavía, en el caso de Valladolid, lo explica, Manuel Saravia, se ha logrado hace unos pocos días. “No ha sido fácil porque es un lío”. Las escuelas infantiles autorizadas solo podrán disponer de estas zonas durante el horario escolar y deberán delimitarlas con elementos móviles como balizas para luego proceder a su retirada. Por supuesto tendrán que dejarlo todo limpio y están sujetos a la vigilancia policial. También se pide que nada interfiera con el tráfico de la zona, o con los recorridos peatonales que sean peatonales. Asimismo, tendrán que suscribir un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes que cubra a alumnos y docentes. 

Esto no será gratis, ya que los propietarios de las guarderías deberán de pagar una tasa de “poco dinero” según Saravia. Algo similar, ha apuntado, a lo que se está llevando a cabo en Burgos, que “será el modelo a seguir” donde el Ayuntamiento ha impuesto un canon de 115,31 euros al año para hacer uso de ese espacio en base a la ordenanza reguladora de la utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones de dominio público.

Otros como Salamanca lo hacen por una tasa de 5 céntimos el metro cuadrado al día, después de llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que utilicen espacios públicos a un precio simbólico. En este caso son cinco los centros que no contaban con este requisito que es obligatorio. Mientras que en Burgos también se ha dado luz verde aunque en este caso los propietarios de las guarderías deberán de pagar una tasa de 115,31 euros al año para hacer uso de ese espacio.

Cada centro infantil está encontrando su propia mochila cargada de piedras. En el caso de la Escuela Infantil Wattenberg las reformas internas que la Consejería de Educación les obliga a hacer han provocado que su viabilidad sea muy complicada. Y es que según la normativa, ahora es necesario que el patio exterior se comunique con un pasillo principal. Aquí para salir al patio hay que pasar por un aula. Pues bien, según Educación tienen que hacer reforma y ‘comer’ espacio al aula, pero claro, si esto ocurre incumplirán con la normativa de metros cuadrados obligatorios para las clases. “Si no es por una cosa será por otra, está claro que quieren ir contra los centros privados”, lamenta Cecilia de la Red, propietaria del centro que abre las puertas a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León para denunciar una situación que considera “injusta”.

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Peculiaridades hay muchas, además en esta vallisoletana, como se encuentra en casco histórico de la ciudad por lo cual habría que tener mucho cuidado con las paredes y tabiques que se reforman. Por ejemplo, la fachada es intocable en una plaza que tiene como testigo al Museo Nacional de Escultura.

Retraso en los pagos

Pero los centros infantiles también están encontrando más piedras en el camino. El pago que la Junta tiene que efectuar por módulo, en este caso 42.000 euros se realiza en dos pagos y vienen con retrasos. Se trata de una subvención directa a los centros y son estos los que deben asumir los gastos de escolarización: maestra que exigen, técnicos y apoyo para aulas, suministros, alquileres... “Estamos esperando y cobrando algunas escuelas el segundo anticipo” pero la presidenta reconoce que también se están haciendo revisiones del primer anticipo  “por algunos mal entendidos” en la documentación y esto está “ahogando a los centros porque no tienen colchón para aguantar más meses”.

Por último, esta tormenta perfecta también provoca que centros que cuentan con todos los requisitos materiales, lo que no tengan son alumnos. Es el caso del centro Emaús en el barrio vallisoletano de San Pedro Regalado. La razón es que la escuela no cumple con la ratio de alumnos exigido por la Consejería de Educación para que el centro se acoja a la gratuidad de la educación. En este curso en la clase de dos a tres años se solicitaba una ratio de 12 alumnos para acudir a este concierto gratuito, pero fue rechazado porque tenían seis inscritos. Aun así, los padres decidieron dar continuidad. Ahora, con la medida que también se implantará el próximo curso para los niños de 1-2 años se encuentra en la misma situación, y el centro se ha vuelto económicamente inviable. Por este motivo han decidido cerrar porque es imposible competir con otros centros que sí han llegado a las ratios y se han llevado a los niños del barrio al tener la educación gratuita. “No podemos estar todos los años mirando la ratio y es muy complicado luchar contra otros centros que son más grandes”, lamentan fuentes del centro.

Una norma estatal

Mientras tanto, a la Consejería de Educación no le “consta” el sufrimiento que está viviendo este sector ya que desconocen que los centros vayan a cerrar. La consejera se ha apoyado en que la norma para acceder a la gratuidad de 0-3 años es “una norma estatal básica” de 2008 y que hay que cumplir.

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En su opinión, el “elemento diferenciador” es el tener patio exterior, “pero son requisitos que establece el sistema educativo”, ha insistido. Preguntada por el caso concreto del centro vallisoletano, la consejera ha afirmado que desconocía la situación, “son unas reformas que han tenido que realizar todos los centros, pero les hemos dado el margen de este año para que se adaptan, pero insisto en que la norma que es estatal básica”.