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Pedro Sánchez prometió, antes de llegar a la presidencia del Gobierno, acabar con los indultos políticos. Lo hizo, y lo recordamos bien, durante su entrevista con Risto Mejide en el programa Viajando con Chester.
Prometió muchas cosas de las que luego se desdijo. Pero la de los indultos es una de las que más se ufanó, hasta el punto de prometer traer de vuelta a España a Puigdemont, para que rindiera sus cuentas pendientes ante la justicia. Empero, no solo indultó —y posteriormente amnistió— a los golpistas catalanes del 1 de octubre, sino que los defendió como un "interés general".
Llegados a este punto, cabe analizar qué entiende el socialismo por interés general. Si analizamos toda la etapa como presidente del Gobierno, uno solo puede deducir que el interés general que él defiende está basado en su conveniencia política o personal; valga la redundancia, pues Sánchez sin la política nunca habría sido nadie.
La democracia, tanto interna como externa, debe defenderse como mecanismo que impide un conflicto civil, porque facilita la alternancia de ideas de manera pacífica. No obstante, esta no es buena per se, sino que debe utilizarse correctamente, y esa tarea corresponde a los ciudadanos que usan su voto libre para impedir que este sistema acabe degenerándose. Esto, en el caso de España, no ha sido así.
Pedro Sánchez llegó a la Moncloa prometiendo que iba a convocar elecciones generales en cuanto terminase la moción de censura que echó a Rajoy, y no fue así. Se quedó hasta que su minoría parlamentaria no le permitió sacar los presupuestos adelante, y convocó elecciones porque ahí todavía respetaba la Constitución. Pasado el tiempo vio que, si quería seguir en Moncloa, sus principios —si es que los tuvo— los tenía que vender al diablo, ¡y vaya si lo hizo!
Lo primero fueron los indultos, después la amnistía, y así hasta nuestros días. Mientras tanto, la justicia sufre las consecuencias al quedar en entredicho tras perder la confianza de los ciudadanos en quienes la imparten, pero no se lo están dejando. Cuando hay una sentencia que no favorece en nada al Gobierno, esta es inmediatamente anulada por el Tribunal Constitucional, el mismo que controla el Gobierno.
Hay un poder que se pisa con otro: el Ejecutivo controla al Judicial. Del Legislativo ni hablamos, porque, aunque no apruebe las leyes que propone el Gobierno, tampoco puede hacer nada más ante la indolencia moral de Sánchez.