¿De verdad España necesita tantos inmigrantes?

Nos encontramos en estos días en un proceso de regularización de inmigrantes (se estima entre medio y un millón los que podrían ser regularizados), que han entrado en España de manera irregular.

No deja de resultar paradójico que, en un país que presenta más de tres millones de parados (2.442.646 personas según datos del sindicato USO a febrero de 2026 más 812.600 fijos discontinuos inactivos a enero de 2026), no se opte prioritariamente por devolver a la actividad económica a estos trabajadores, la mayor parte de ellos españoles y el resto inmigrantes, en situación regular, con ya una historia laboral en nuestro país.

Según el Servicio Público de Empleo Estatal 1.8771.811de los parados reciben la prestación por desempleo.

También hay 799.533 hogares (cifras oficiales a diciembre de 2025) que reciben el Ingreso Mínimo Vital y otros 532.070 que reciben la Renta Mínima en las Comunidades Autónomas, según el informe de 2024 que emite la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Las personas que reciben el ingreso del paro y los perceptores, tanto del Ingreso Mínimo Vital, como de la rentas mínimas, no están obligados a realizar ninguna contraprestación, laboral ni social, por ello.

Además. Si se considera las contra prestaciones recibidas, en un país que el salario medio que se recibe se asemeja al salario mínimo, se fija en  1.221 euros en catorce pagas (17.094 euros anuales) puede resultar que, en no pocos casos, los perceptores reciban más dinero sin trabajar que trabajando, y al no haber una distancia significativa entre lo que se recibe, cuando se trabaja que cuando se está en paro o se percibe un ingreso social, este hecho desincentiva el trabajo y la búsqueda de empleo.

Como el dinero sale de alguna parte, las dos fuentes que nutren estos fondos se obtienen mediante un alza de impuestos desorbitado, (situado en el 38%, por encima del promedio del 34,1% de la OCDE) y del aumento de una deuda que se incrementa cada año (representa el 103,2% del PIB, en torno a 34.500 euros por habitante). Elementos ambos que van a deteriorar, tanto el poder adquisitivo de las familias, como la salud financiera de nuestro Estado del Bienestar.

Acabar con esta paradoja, obliga a plantear, ante grandes males grandes remedios, y requiere enfrentar algunas de las derivas perversas de nuestro sistema de Bienestar.

En lo que se refiere al paro habría que replantearlo radicalmente, el reduciendo el tiempo de las prestaciones, limitándoles a un año y su percepción también debería estar condicionada a la obligación de aceptar cualquier puesto de trabajo que se ofrezca. Los talentos de las personas son muchos y podemos desarrollar un variado abanico de profesiones u oficios, especialmente, los menos cualificados, o aquellas actividades que, tras un corto período de instrucción, pueden ser ejercidas por cualquier persona.

Rememorando a los países socialistas, en el caso de Bulgaria, los universitarios debían aprender además de una carrera un oficio, y en el caso de Hungría, eran los universitarios los que recolectaban las cosechas, por citar dos ejemplos y creo que a ninguno de ellos se les cayeron los anillos. 

Y lo mismo cabe decir de los perceptores de Rentas Mínimas de Inserción,  que nació en los años ochenta del pasado siglo (época Delors ) en el contexto europeo, y que se concibió como una lanzadera hacia el empleo, con carácter temporal, e implicaba una contraprestación. Habría que volver a su espíritu original y que fuera este también el del Ingreso Mínimo Vital. Para evitar los efectos de “cuelgue” y de abusos del mismo, y evitar el mal ejemplo, a nivel social, que significan individuos o progenitores sin una vida laboral activa.

En un país como pinta la España de hoy, en donde además, retornan una parte de los chinos y los rumanos a su país de origen, o a otros países con mejores sueldos, y donde en torno a 80.000 españoles cualificados salen cada año, por los exiguos salarios y donde 3,5 millones son autónomos, una parte importante de ellos en riesgo de precariedad. hay que plantearse muy en serio temas como el trabajo, la productividad, la actividad laboral de la población, los salarios, y el papel que pueden jugar las migraciones en ese contexto, y qué tipo de migración legal se requiere, pues, en cualquier país, el ciudadano sólo se legitima por lo que aporta a la comunidad y por el respeto a las leyes que nos convierten a todos en ciudadanos libres e iguales.