Adriana Sofía Marín Martínez, Arquitecta y exmiembro de Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. Zaragoza
En España llevamos ya una temporada hablando intensamente del problema de la vivienda y la realidad es que, con el panorama que tenemos, no es para menos. En la actualidad, a la necesidad heredada de revertir la obsolescencia técnica y el envejecimiento de la mayor parte del parque existente de edificios residenciales, construidos en la segunda mitad del siglo XX, se ha añadido una combinación de factores de diversa índole que sostiene el escenario propicio para mantener una tendencia alcista del precio de la vivienda.
El hecho de que un asunto de máxima importancia para el conjunto de la sociedad de un país derive en problema, no es precisamente baladí. Las consecuencias más inmediatas de la actual crisis de vivienda, especialmente en algunas ubicaciones de España, se traducen en términos sociales y económicos, y afectan fundamentalmente, aunque no en exclusiva, a la población joven.
En este sentido, el diseño de estrategias con impactos positivos reales en materia de vivienda (que observen el corto, medio y largo plazo, que integren la realidad multifactorial del contexto en el que se produce el fenómeno y que nos permitan responder como sociedad en tiempo y forma) es un ejercicio dotado de un elevado grado de complejidad, que sólo es plenamente eficaz si consigue responder al crisol de condicionantes que operan sobre el hecho.
La creación de vivienda es un hecho intrínsecamente administrativo. La Administración Pública legisla, regula, promueve e interviene de forma activa en todo el proceso burocrático del desarrollo urbanístico que posibilita el fenómeno de urbanización en nuestro país. Desde la movilización de suelo finalista hasta la concesión de licencias de obra, la tramitación administrativa forma parte del contexto en el que se da el fenómeno de la construcción. La planificación urbana es una competencia nuclear y esencial de la razón de ser de la Administración Pública.
El diseño de vivienda en un hecho profundamente técnico. Los arquitectos proyectamos nuevos edificios y rehabilitamos construcciones existentes en las que transcurre la vida de las personas, definimos los espacios donde desarrollamos diversas actividades, materializando el entorno construido que habitamos. El ejercicio proyectual está hoy fuertemente mediado: por una normativa de obligado cumplimiento que impone requisitos y exigencias que superan ampliamente cualquier momento pretérito; por un sector que no termina de encontrar un mercado laboral especializado y suficiente para atender las necesidades, y por un escenario global de inestabilidad en los precios de la construcción. El rango de soluciones arquitectónicas posibles se circunscribe a la región de alternativas legalmente factibles, técnicamente viables y económicamente asumibles.
La promoción de vivienda es un hecho esencialmente económico. Los promotores movilizan e invierten cantidades ingentes de recursos con objeto de operar en el sector de la construcción creando productos inmobiliarios dependientes de los costes de producción. La disponibilidad de suelo finalista es el primer recurso de un promotor y constituye la condición previa al desarrollo de cualquier edificio residencial.
La construcción de vivienda es un hecho fundamentalmente material. El sector de la construcción engloba a la industria proveedora de materiales, componentes y productos destinados a su aplicación en el sector de la edificación. La actividad de la construcción transforma, físicamente y en primera instancia, la materia prima, para acabar modificando el territorio mediante el fenómeno de urbanización, en un proceso dependiente de los costes de la energía, la existencia de mano de obra cualificada y la disponibilidad de productos específicos. La capacidad de obtención de recursos para la construcción constituye la condición de posibilidad de ejecución de cualquier promoción.
La necesidad de vivienda es un hecho eminentemente existencial. La vivienda es ese lugar en el que las personas creamos hogares y construimos proyectos de vida; es el medio físico en el que experimentamos intimidad, sensación de seguridad, arraigo y estabilidad personal; es el espacio en el que atendemos la domesticidad que da soporte a la familia y desde el cual proyectamos nuestro propio desarrollo como sociedad. La vivienda es ante todo una necesidad básica y fundamental.
La vivienda es un asunto colectivo y una responsabilidad pública. Es el resultado físico, material, de un fenómeno complejo y transversal, que se da un contexto de realidades de naturaleza política, legal, económica, técnica, social y medioambiental. Cualquier posible solución del problema que no observe la variedad e interrelación de las condiciones que influyen sobre el fenómeno y que no comprenda las dinámicas del contexto donde opera, está predestinada al fracaso más absoluto.
La salida inmediata, consistente en optimizar todas las ineficiencias generales y estructurales que se detectan en el contexto de realidades en el que opera el sector, es necesaria, aunque llegados a este punto no sabemos si suficiente. La respuesta óptima, que nos permitirá adaptarnos a este escenario y otros posibles, será compleja (requerirá la adopción de una combinación de medidas de diversa índole), no será única (obligará a un análisis detallado del mercado inmobiliario en cada territorio) y será innovadora (integrará información, conocimiento y herramientas digitales).
Recientemente se ha cumplido un año de la presentación del Decálogo para abordar la escasez de vivienda en España, un documento elaborado por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General de Arquitectura Técnica de España (CGATE). Sólo queda pasar a la acción.
