El pasado mes de junio, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció el 'Plan Crèixer+', que se llevará a cabo entre 2021 y 2023, que según dijo permitirá reformar y ampliar un total de 50 centros de atención primaria y 22 hospitales, y construir 6 centros de especialidades. El plan costará 658 millones de euros. 

Según se ha prometido, en la provincia de Alicante se realizarán 34 actuaciones, con una inversión de 224,7 millones de euros; en Castellón, 22 actuaciones con 73,3 millones, y en Valencia 40 actuaciones con 340,3 millones de euros. Se trata de la ampliación o reforma en una superficie total de 351.783 metros cuadrados, y permitirá sumar 1.206 camas y 48 nuevos quirófanos.

Un somero análisis de las últimas informaciones acerca de la deuda de desplazados que mantiene el Gobierno central de Pedro Sánchez con el autonómico de Puig, cercana ya a los 1.000 millones, implica que ese plan para tres años apenas cubre el 65,8% de lo que se adeuda a la Generalitat. Lo que se adeuda y no se reclama.

Un informe que ha tenido que solicitar varias veces el diputado popular, José Juan Zaplana, incluso apelando a la vulneración de los derechos fundamentales porque la Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló no quería entregárselo.

Informe sobre deuda de desplazados que entrega ahora la Generalitat con fecha de 2019.

Nuevamente, con estas informaciones se demuestra lo poco que reclama Puig al presidente del Gobierno a las puertas de un congreso regional (de 'País') de su partido en el que está necesitado de que Madrid no le presente un candidato alternativo. Lo mismo ocurre con el trasvase Tajo-Segura, con las vacunas no entregadas, o con dinero para infraestructuras todavía por hacer. Los sucesos de 2016, cuando se alió con Susana Díaz para destronar a Sánchez de la dirección federal del PSOE todavía siguen coleando.

Cuando Puig no ha conseguido que se reforme el sistema de financiación autonómica, en vez de arremeter contra Sánchez ha culpado de todos sus males a la Comunidad de Madrid presidida por la popular Isabel Díaz Ayuso.

Eso sí, ha tenido tiempo para reclamar una suerte de "Commonwealth" mediterránea con los vecinos del norte y reformas estructurales en Cataluña para lo que el califica de "reconexión emocional". Y el dinero que la Comunidad Valenciana gasta en pacientes de otras regiones, sin llegar desde el Ministerio de Hacienda.

Las promesas

Y es que estas promesas de nuevas infraestructuras se producen como resultado de las carencias que ha demostrado la Comunidad Valenciana durante la pandemia. En este sentido, no se cuenta toda la deuda que venía arrastrando el Gobierno central con la Comunidad de varias legislaturas.

De hecho, no se sabe por qué razón ni los socios de Puig tenían contabilizados los más de 400 millones que faltaban de esa factura por los desplazados sanitarios. Tanto, que este mismo año Compromís reclamaba en las Cortes menos de la mitad de ese dinero adeudado.