Los sucesos del pasado 13 de marzo con la detención del presidente de FACPYME (y de la Cámara de Comercio), Carlos Baño, por parte de la Policía Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto delito de corrupción en la gestión de los bono-comercio de los años 2022 y 2023, ha abierto una profunda controversia en el seno de la sociedad alicantina una vez que la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo ha abierto el proceso electoral de la Cámaras de la Comunitat.
La controversia se puede resumir en dos preguntas: ¿Puede Baño presentarse a la reelección? La respuesta es sí. Nada se lo impide puesto que más allá de las investigaciones y las filtraciones del sumario, Carlos Baño es inocente hasta que no haya una sentencia firme por parte de un juzgado. Ya sabemos dónde han terminado la mayor parte de las grandes investigaciones que ha hecho Anticorrupción en Alicante en las últimas décadas. En nada.
La segunda pregunta del titular, ¿debería presentarse?, es más difícil de responder. Y aunque, hablando con algunos representantes de la sociedad civil alicantina -históricamente prudente o cobarde con algunos poderes fácticos, según mire-, me han recomendado no entrar en esta controversia, creo que es importante dejar claros algunos aspectos.
En esta, como en la mayoría de polémicas de esta ciudad y provincia, no cabe ponerse de perfil. Eso sí, es justo señalar que analizar una situación desde mi experiencia y conocimiento de la situación empresarial, política y judicial de la provincia no significa que yo ponga "la mano en el fuego" por una gestión de la que no conozco los detalles. No hablo de los hechos que se investigan, sino del contexto en el que se investiga y difunde una acusación. En cuestiones económicas nadie debería poner la mano en el fuego por otro, ni siquiera por un miembro de tu familia o un amigo.
Cualquier opinión te compromete, y este artículo es mera opinión. Y mi primer compromiso es con el deber ético de cualquier ciudadano de respetar la presunción de inocencia de la persona que tienes enfrente, te guste o no, y permitirle defenderse en el sitio en el que ha de hacerlo, en los juzgados. No en las webs de los diarios ni en los despachos de los políticos.
Así pues, en mi opinión Carlos Baño no solo puede presentarse, sino que además debe hacerlo. Y añadir a su candidatura un compromiso, eso sí, de que si se demuestra que ha habido algún tipo de irregularidad en el caso investigado, dimitirá de sus cargos para no manchar el nombre de las asociaciones (y por tanto a sus miembros) a las que representa.
![El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, tras su puesta en libertad. EFE / Pablo Miranzo](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/03\/14\/actualidad\/1003744169539_261939671_320x180.jpg"])
En primer lugar, a muchos nos ha extrañado que una investigación de dos años de duración tenga su punto de inflexión 15 días antes de la convocatoria de unas elecciones a las que se iba a presentar (por el momento sin oposición) el detenido. Suelo ser bastante escéptico sobre cualquier teoría conspirativa pero al mismo tiempo me niego a ser ingenuo cuando se produce una "casualidad" en la medición de los tiempos en los ámbitos de la justicia y la política. Todo se calcula. Todo se ejecuta conforme a un plan. Y que sirva de advertencia, las investigaciones prospectivas están expresamente rechazadas por la doctrina del Tribunal Supremo.
La Fiscalía Anticorrupción depende jerárquicamente de la Fiscalía General del Estado, y esta del Gobierno de turno. Y ante la condena del anterior fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por motivos políticos, los ciudadanos tenemos no solo el derecho sino también el deber de dudar de las intenciones de quienes dan las órdenes de investigar tal o cual asunto. Es triste y no debería ser así, pero lo es. Una cosa es un juez y otra es un fiscal. Curiosamente, los medios y opiniadores que en su día apoyaron que Álvaro García Ortiz siguiese en su cargo pese a su procesamiento por un delito son los que ahora quieren negarle a Baño la posibilidad de acceder a la reelección.
Y es en este punto en el que llegamos al verdadero meollo de la cuestión. ¿Quién debe elegir al representante de los empresarios?, ¿un determinado medio de comunicación y sus satélites que llevan meses intentando buscar una alternativa cercana a sus intereses sin éxito? ¿el poder político? ¿o los propios empresarios? Yo entiendo que con la presentación de la candidatura de Baño son los legítimos electores, los empresarios y los comerciantes, los que tienen derecho a decidir si su gestión al frente de la Cámara de Comercio de Alicante ha sido buena o mala en el último mandato; si ha favorecido a los intereses de los empresarios y comerciantes o no; si su proyecto para los próximos años es atractivo o no.
Además, creo que Baño debe presentarse a la reelección en la Cámara de Comercio porque, ante todas estas cuestiones, tendrá una mejor posición para defenderse de las acusaciones que se han hecho contra su honestidad. La sociedad alicantina debe saber, sin ningún género de dudas, qué sucedió con las subvenciones del bono-comercio de 58 millones de euros puestas en marcha por la Diputación de Alicante entre los años 2022 y 2024. Debemos saber qué controles tienen nuestras administraciones provincial y locales para evitar posibles desvíos (si es que realmente se han producido, porque todavía nada se ha probado) de fondos públicos.
Pero también debe hacerse público si alguien se ha extralimitado en sus acusaciones elevando a categoría penal lo que puede ser que solo haya sido una irregularidad administrativa. Y si es así, ¿qué intereses ocultos han existido para intentar hurtar a los empresarios y comerciantes unas elecciones libres de presiones externas y ajenas a sus intereses?
En los últimos días hemos conocido que lo que realmente se está investigando sobre Baño, como administrador único de Nexo Retail, la empresa que por decisión de la Junta de Facpyme se constituyó para gestionar esas subvenciones públicas y que titularizaba su presidente (administrador único), asciende a un supuesto fraude de alrededor de 100.000 euros. Sea de 1 o de 100.000 euros, los ilícitos penales, de existir, son los mismos. Pero convendrán conmigo que no se trata del "gran escándalo" que algunos nos han querido hacer creer.
Y por último, otra reflexión. Esta más de andar por casa... ¿No es extraño que se le acuse de supuestamente "malversar" 100.000 euros a una persona que renunció en su puesto de la Cámara de Comercio a cobrar 48.000 euros anuales como lo hacía su antecesor, Juan Riera? Si Carlos Baño ha renunciado a cobrar legítimamente un total de 192.000 euros por sus funciones en la Cámara de Comercio durante los cuatro años de su mandato y finalmente se demuestra que ha desviado 100.000 euros de forma irregular, es razón más que suficiente para que los empresarios y comerciantes busquen otra persona alternativa como su presidente. Pero como son pocos, quizás solo sus adversarios mediáticos o políticos, los que creen que esto haya podido suceder, Baño recibió el pasado miércoles el apoyo explícito de sus asociados, empezando por el del presidente de la patronal alicantina, César Quintanilla. Ahora solo depende de Baño si asume el riesgo de presentarse a la reelección. En su mano está.