La Comunidad Valenciana es la penúltima autonomía de España en competitividad fiscal tras la reforma impulsada en 2021 que modifica varios tributos como el Impuesto sobre la Renta o Patrimonio. Asimismo, "es una de las más gravosas en términos de Sucesiones, Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados". En total, y según el índice elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, es la penúltima región de España desde el punto de vista de pago de tributos, solo por delante de Cataluña.

Esta clasificación tiene en cuenta de manera independiente a las tres provincias vascas, que además ocupan los puestos 2 al 5 en competitividad fiscal, mientras que la tabla está encabezada por Madrid. También se encuentran en la primera mitad del ranking Canarias, Castilla y León, Andalucía, La Rioja y Murcia.

Según desgrana el informe, entre 2017 y 2021 la Comunidad Valenciana "ha bajado tres escalones y ha empeorado su puntuación en 0,44 puntos". Acaba 2021 con 5,08 puntos y en la decimoctava posición. El motivo son las reformas que el Ejecutivo autonómica ha emprendido en 2021, y que le hacen perder dos posiciones en el índice de competitividad fiscal.

Por un lado, "introduce dos nuevos tramos en el Impuesto sobre la Renta" por encima de los 120.000 euros, "incrementando el tipo máximo hasta el 29,5%". Por otro, "en el Impuesto sobre el Patrimonio también incrementa el tipo marginal máximo hasta el 3,5% y reduce el mínimo exento". Finalmente, introduce un nuevo impuesto propio sobre las viviendas vacías.

Esto ha hecho que la Comunidad Valenciana haya perdido una posición frente a Extremadura, que al emprender diferentes reformas fiscales desde 2018 ha adelantado a la región. 

Entre la batería de recomendaciones de la Fundación para mejorar este índice se encuentra "reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos de forma inmediata, con un tipo impositivo máximo del 20-21%".

En cuanto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pide reducirlo "hasta el nivel de Cantabria, Andalucía o Galicia" y aplicar "al grupo III las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas actualmente a los grupos I y II, para poder derogarlo finalmente".

Finalmente, solicita "derogar el Impuesto sobre el Patrimonio o bonificarlo al 100%". "De no ser posible, aumentar el mínimo exento a 700.000 euros y equiparar la tarifa del impuesto a la estatal de 2020".

Frente político del PP

Precisamente la alta fiscalidad de la Comunidad Valenciana en algunos tributos ha servido al nuevo Partido Popular de la Comunidad Valenciana, liderado por el alicantino Carlos Mazón, para confrontar al Gobierno del Botánico prometiendo una "revolución fiscal" que elimine, por ejemplo, los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

Esta reforma incluye convertir la autonomía en el lugar de España donde las rentas bajas paguen menos impuestos, reduciendo el IRPF hasta el "mínimo legal". Para hacerlo habría que reducir el tramo autonómico del impuesto en un punto, (del 10% al 9%) y elevar un 10% el mínimo de la base liquidable que no se somete a tributación, que pasaría de los actuales 5.550 euros a 6.105.

En consecuencia, menos rentas bajas pagarían IRPF y, en caso de hacerlo, el mínimo sería del 9%, según explicaron este miércoles los populares en una rueda de prensa.