En pleno debate sobre las reformas fiscales que deben afrontar las diferentes administraciones, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ya ha marcado su propia hoja de ruta que se extiende hasta el polémico impuesto de sucesiones. Independiente de la de la Generalitat y de la de la Diputación de Alicante.

Mientras en el equipo de Gobierno bipartito (PP-Cs) tratan de cerrar las cuentas para 2023 con un importante incremento del gasto como consecuencia de la crisis energética y la inflación, el alcalde alicantino ha desplegado un ambicioso plan de incentivos que apuntó ya en el debate del Estado de la Ciudad a finales de la semana pasada.

El primero es una bonificación del 95% en la plusvalía en herencias de viviendas entre parientes directos, suprimiendo los tramos de valor catastral determinante de la aplicación de la bonificación por transmisión "mortis causa" y fijando un único porcentaje de bonificación del 95%, máximo permitido por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

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Este anuncio estrella fue justificado por el alcalde ante la propuesta de rebaja fiscal sin concretar el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig: "Ya que la Generalitat no quiere eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, desde el Ayuntamiento vamos a bonificar al 90% las plusvalías que se puedan generar por la transmisión de viviendas entre parientes directos", señaló.

La segunda propuesta fue bonificar la plusvalía municipal en los traspasos de negocios. "En España aproximadamente un 90% de las empresas son familiares y abarcan todo tipo de ámbitos y sectores productivos", explicó Barcala. "Más de la mitad del empleo privado generado lo es por este tipo de empresas, que se suelen traspasar de padres a hijos y queremos proteger ese tejido empresarial", añadió.

Además, la propuesta del PP de Alicante para por reducir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Y también, para las empresas que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración.

Se impulsarán además las políticas contra el cambio climático con la Modificación de la Ordenanza del Impuesto de Construcción y Obras (ICIO) para hacer un escalado sobre su pago según la calidad medioambiental del proyecto, y así animar a tener los edificios con estándares más elevados.

También, se ha programado el desarrollo de un programa de subvenciones para la renovación de los vehículos del servicio público de taxi; e incentivos fiscales a las cubiertas vegetales y jardines verticales en edificios particulares.

Por último, el establecimiento de una línea de ayudas para llevar a cabo las obras de conservación del patrimonio edificado. Y una bonificación del IBI en establecimientos comerciales con más de 100 años de actividad.

A todo esto se une la concesión de ayudas para fomentar la renovación de vehículos particulares con distintivo CERO emisiones y otros medios de transporte eléctricos y etiqueta ambiental ECO, así como el desarrollo de puntos de recarga eléctrica para profesionales autónomos y vehículos públicos y particulares.