La dura medida que Florida exige a inmigrantes sin Green Card para obtener su licencia de conducir

Florida ha implementado un nuevo requisito que afecta directamente a los migrantes con estatus migratorio temporal: deberán renovar su licencia de conducir cada 12 meses, sin importar la vigencia de su visa. La decisión, anunciada por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (FLHSMV), ya está en vigor y ha sido recibida con críticas por parte de abogados migratorios y defensores de derechos civiles.

Renovación anual: un paso atrás para muchos

A diferencia de los ciudadanos o residentes permanentes, que pueden renovar su licencia con intervalos de varios años, quienes poseen visas de estudiante, trabajo u otros permisos temporales deberán hacerlo anualmente. Cada trámite exige documentación migratoria actualizada, cita presencial y el pago de tarifas correspondientes.

Este cambio representa un proceso más costoso y complicado para miles de personas que, en muchos casos, ya enfrentan desafíos para mantenerse en regla con su estatus legal. Firmas legales especializadas, como Malescu Law, han advertido que esta nueva política podría disuadir a profesionales y estudiantes internacionales de establecerse en Florida debido a su complejidad burocrática.

Una política que amplía la brecha

Si bien la medida se justifica como una alineación con los estándares federales del programa REAL ID, Florida ha optado por aplicar de forma más estricta sus lineamientos. Mientras otros estados ajustan la duración de la licencia al estatus migratorio vigente, Florida ha establecido una renovación fija de 12 meses, sin excepciones.

La norma fue confirmada por diversos medios, que destacaron que el cambio se ejecutó sin aviso público previo. Además, expertos advierten que la medida no contribuye significativamente a la seguridad vial y solo impone cargas administrativas innecesarias a personas que ya están registradas legalmente en el país.

Contexto migratorio en Florida

Esta decisión se suma a una serie de acciones estatales que han generado preocupación entre comunidades migrantes. Recientemente, el estado abrió un controvertido centro de detención en los Everglades, apodado “Alligator Alcatraz”, destinado a albergar hasta 5,000 personas. Organizaciones civiles han denunciado condiciones precarias y escasa transparencia en su operación.

Asimismo, Florida ha intentado implementar leyes que criminalizan la migración indocumentada, aunque la Corte Suprema bloqueó una de ellas al considerar que invadía competencias exclusivas del gobierno federal. El ambiente político actual es tenso, y muchas familias migrantes enfrentan mayor incertidumbre frente a un marco legal cambiante y cada vez más restrictivo.