Alerta migrante: Estas son las personas más afectadas por el nuevo operativo anti-migrante en California

La reciente implementación de la Operación Ángel Guardián en California ha desatado preocupación entre comunidades migrantes, activistas y organizaciones de derechos civiles. Este operativo, lanzado por el Departamento de Justicia el 19 de mayo de 2025, tiene como objetivo arrestar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en jurisdicciones conocidas como “ciudades santuario”.

¿Quiénes son los más afectados por la Operación Ángel Guardián?

Las autoridades federales han confirmado que esta operación se está ejecutando principalmente en condados como:

• Los Ángeles

• Orange

• Riverside

• San Bernardino

• San Luis Obispo

• Santa Bárbara

• Ventura

Hasta el momento, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha colaborado con agencias locales para evitar la liberación de personas con antecedentes migratorios tras cumplir condenas.

Tan solo en los primeros cinco días, se reportaron 13 arrestos directamente vinculados con este operativo en cárceles del condado de Los Ángeles.

Además, ICE informó que durante una semana de acciones enfocadas en la zona metropolitana de Los Ángeles, 239 personas fueron arrestadas, la mayoría con antecedentes penales o con órdenes de deportación vigentes. Las autoridades indicaron que el operativo continuará durante varias semanas y que prioriza la seguridad pública, aunque diversos colectivos han cuestionado su impacto humanitario.

Reacciones e impacto en las comunidades inmigrantes

La Operación Ángel Guardián es coordinada por el Departamento de Justicia y cuenta con la participación activa de varias agencias federales, entre ellas el CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), el FBI, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Estas entidades trabajan de forma conjunta para ejecutar arrestos en cárceles locales, colaborar con autoridades estatales y recolectar información sobre personas con órdenes de deportación vigentes. El esfuerzo interinstitucional ha sido presentado como una respuesta a las políticas de "ciudades santuario", aunque organizaciones civiles cuestionan su legalidad y el impacto sobre familias migrantes.

Estas han comenzado a distribuir recursos legales para que ciudadanos migrantes adopten medidas preventivas, como evitar espacios públicos o apostillar documentos en previsión de una posible deportación.