La concesionaria que gestiona la Autopista del Atlántico, Audasa, ha asegurado hoy en una comunicación sobre la emisión de obligaciones que ha enviado a la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), que reclamará al Gobierno de España más de 1.000 millones de euros en concepto de indemnizaciones si la Comisión Europea encuentra irregularidades en el actual contrato de concesión. Una indemnización que, según ha señalado, sería "significativamente superior" al importe actual de su deuda.

Según la información auditada recogida por Europa Press, la empresa contaba con una deuda financiera neta de 1.034 millones de euros a cierre del ejercicio 2022, la cantidad mínima que solicitaría al Gobierno como compensación ante cualquier modificación en el contrato actual.

La Comisión Europea anunció el pasado 23 de septiembre la apertura de expediente a España por la extensión hasta 2048 de la concesión de la autopista de pago AP-9, la principal vía de vertebración de Galicia, sin lanzar una licitación pública.

Bruselas envió una carta de emplazamiento, el primer paso en los procedimientos comunitarios de infracción, a las autoridades españolas para garantizar la correcta aplicación de la regulación europea en la concesión de contratos, al considerar que España no ha cumplido con sus obligaciones en esta materia. En concreto, el Ejecutivo europeo considera que la última ampliación de la concesión de la AP-9, que extenderá los peajes hasta 2048, no se hizo de acuerdo a la legislación europea.

En septiembre de 2021, la Comisión Europea abrió un expediente a España por la extensión de la concesión de esta autopista, al considerar que la ampliación de los peajes hasta 2048 no se hizo de acuerdo a la legislación europea, que requiere la adjudicación mediante un concurso público.

Por su parte, a febrero de 2023, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana todavía no había previsto ninguna actuación que pudiera afectar a la relación contractual de la concesión, al considerar que no existe ningún pronunciamiento de la Comisión Europea que declare contraria a derecho esta prórroga.

Próximos pasos de Bruselas

Según ha recogido Audasa en su comunicado a la CNMV, si Bruselas resuelve que España no ha cumplido con la legislación europea, podría pedir formalmente al Gobierno que dé cumplimiento a las leyes comunitarias.

En caso de mantener el Gobierno de España el incumplimiento, la Comisión podría optar por remitir el asunto, mediante demanda, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que podría forzar a España a adoptar las medidas necesarias para cumplir con la ley.

"Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a Audasa y por razones de interés público, implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de Audasa a ser debidamente indemnizada, indemnización que a juicio de Audasa sería significativamente superior al importe actual de su deuda", ha advertido la empresa.