Isabel Celaá.

Isabel Celaá.

Educación

Los niños menores de 6 años no volverán al colegio el 25 de mayo aunque sus padres trabajen

Ocho Comunidades Autónomas se han negado a seguir el plan fijado por el Gobierno en la prorroga del estado de alarma. 

14 mayo, 2020 15:17

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Las Comunidades Autónomas se han negado a que los menores de seis años vuelvan a clase en fase 2 (25 de mayo) en la tercera Conferencia Sectorial de Educación, en la que Isabel Celaá se ha reunido con los consejeros de Educación de las distintas regiones. 

El Gobierno tenía previsto que, durante esta fase, los niños de entre 0 y 6 que no tuvieran con quién quedarse pudieran regresar a las aulas de manera temporal hasta el final de curso, fijado en junio. Pero no ha sido así. 

Hasta ocho Comunidades Autónomas se han negado a poner en marcha el plan que anunció el Gobierno: País Vasco, Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Baleares, Castilla-La Mancha y Aragón. Todos ellos creen que no es posible que estos niños acudan al colegio por el riesgo que implicaría para la salud de todos. Así lo han expresado algunos  consejeros autonómicos argumentando motivos de prevención e higiene. 

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha pedido conocer los informes que respalden esa reapertura de los centros infantiles y ha asegurado que todos los miembros de la comunidad educativa con los que han hablado "insisten en la absoluta imposibilidad de cumplir las normas de distancia social e higiene con los niños de 0-6 años".

Su homólogo en Baleares, Martí March, no ha descartado la posibilidad antes de reunirse con sindicatos, familias y equipos directivos para negociar la posición para la desescalada, pero ha reconocido que parten de la negativa a volver a las aulas para los alumnos de 0 a 6 y de educación especial.

La consejera de Cantabria, Marina Lombó, ha descartado la vuelta a los centros educativos de los alumnos de Infantil y de Educación Especial y solo lo harán los alumnos de segundo de Bachillerato, los que opten a un título de Formación Profesional y los de enseñanzas de Régimen Especial que tengan que presentarse a una prueba de acceso a enseñanzas superiores volverán de forma voluntaria a las aulas a partir del 8 de junio.

Aula de Infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria Joaquín Costa de Madrid.

Aula de Infantil del Colegio de Educación Infantil y Primaria Joaquín Costa de Madrid. Europa Press

El País Vasco ha anunciado, precisamente este jueves, que retrasa al 25 de mayo, y no al día 18 como dijo en un principio, la vuelta a las aulas de manera presencial de los alumnos de esos cursos para no "tensionar más" a la comunidad educativa y no trasladarle la "incertidumbre jurídica" que existe.

Castilla y León, por su parte, aplicará la desescalada escolar de acuerdo con las pautas que fije el Gobierno a través de las disposiciones consensuadas con las comunidades y una vez estudiado todo ello.

Ante estas réplicas, la propia Isabel Celaá ha reconocido ante sus homólogos regionales que la normativa estatal no los obliga a abrir los centros. Por lo tanto, no se hará. 

Los que sí volverán, con el acuerdo de las Comunidades Autónomas, serán los alumnos de 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de Formación Profesional media y superior y último curso de enseñanzas de régimen especial. Lo harán, eso sí, siguiendo las normas de seguridad del Ministerio de Sanidad, voluntariamente y con una planificación previa por parte del centro. 

En la reunión también se han puesto sobre la mesa la vuelta de las escuelas de educación especial así como la vuelta de la mitad de los alumnos a las aulas en septiembre.

Grupo de trabajo

En la Conferencia Sectorial también se ha acordado crear un grupo de trabajo para abordar otros aspectos: la organización escolar adaptada a la pandemia, la programación didáctica de cursos y áreas, la dotación tecnológica y el refuerzo de la competencia digital y el seguimiento y apoyo de la actividad lectiva a distancia. 

En función de cómo evolucione la pandemia, de cara al próximo curso, el ministerio ha reconocido que será necesario adaptar los currículos y las programaciones de los cursos, áreas y materias para prestar especial atención a las competencias fundamentales y para recuperar los déficits ocasionados por la importante alteración que provocó la brusca suspensión de la actividad educativa presencial en marzo de 2020.

Si la evolución de la pandemia continúa obligando a mantener la distancia interpersonal y no es posible por tanto que se concentre en una misma aula todo el alumnado de un mismo grupo y etapa educativa, sería necesario adoptar medidas como optimizar todos los espacios del centro educativo, combinar la actividad presencial con la actividad a distancia o adecuar los horarios para cumplir las condiciones sanitarias establecidas y garantizar la continuidad de la formación.

Esta situación requeriría además dotar a los centros de equipamiento higiénico- sanitario para el personal y el alumnado; establecer medidas de higiene y control sanitario; elaborar protocolos de movilidad para el acceso y salida y para el interior del centro y dar formación al profesorado y alumnado sobre los requisitos higiénico- sanitarios establecidos.

En todo caso, se deberán programar contenidos y actividades educativas adecuadas para la enseñanza a distancia y online y hacer previsiones para la eventual evaluación a distancia de partes del curso. Para ello, se aprovecharán las buenas prácticas desarrolladas durante los meses de actividad lectiva en el presente cursoescolar.

También será necesario dotar de equipamiento tecnológico a los centros educativos y desarrollar actividades de formación intensiva del profesorado para la utilización de recursos en línea, así como diseñar planes de preparación del alumnado para la utilización de herramientas y plataformas digitales.

En este sentido, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado que el MEFP está ya trabajando con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para diseñar un programa de cooperación territorial que permita incrementar los recursos para avanzar en la digitalización. Se trata de reforzar los recursos y competencias digitales, tanto a través de plataformas como de dispositivos de uso personal y formación del profesorado.