Imagen de archivo de un cachorro de perro.

Imagen de archivo de un cachorro de perro. iStock

Sociedad

Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe criar perros y gatos sin estar inscrito en el Registro de Criadores

La Ley 7/2023 busca luchar así contra la comercialización ilegal de mascotas así como el abandono animal en España.

Más información: Es oficial: la Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a perros sin supervisión de un humano más de 24 horas consecutivas

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Las claves

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La nueva Ley de Bienestar Animal prohíbe la cría de perros y gatos por particulares no inscritos en el Registro de Criadores.

Solo quienes acrediten conocimientos, formación y condiciones óptimas podrán criar perros y gatos de forma legal.

La ley exige la identificación obligatoria con microchip y la esterilización quirúrgica de gatos antes de los seis meses, salvo justificación veterinaria.

El incumplimiento puede suponer multas entre 10.001 y 50.000 euros y busca combatir el abandono, el comercio ilegal y las granjas de cachorros.

La entrada en vigor de la Ley 7/2023 marcó un antes y un después en la relación entre los ciudadanos y sus mascotas.

Uno de los cambios más relevantes afecta directamente a la cría de perros y gatos: desde su funcionamiento, solo pueden hacerlo quienes estén debidamente inscritos en el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

La norma introduce así una regla clara y sin matices: la cría deja de ser una práctica ocasional para convertirse en una actividad regulada.

Durante años, ha sido habitual permitir que una mascota tuviera una camada sin mayor planificación, ya fuera por deseo personal o con la intención de regalar los cachorros. Esa posibilidad desaparece.

La ley prohíbe de forma expresa la cría entre particulares no registrados, cerrando la puerta a una práctica que, aunque extendida, carecía de control sanitario y administrativo.

El nuevo marco legal exige que cualquier persona que desee criar animales de compañía cumpla requisitos específicos.

La inscripción en el registro no es un mero trámite: implica acreditar conocimientos técnicos, formación adecuada y condiciones óptimas para garantizar el bienestar de los animales.

Se trata, en definitiva, de profesionalizar una actividad que hasta ahora operaba en gran medida al margen de la supervisión pública.

La ley también es contundente ante las camadas no planificadas. Los propietarios tienen la obligación de evitar la reproducción de sus animales, lo que se traduce en medidas concretas.

La identificación mediante microchip es obligatoria para perros, gatos y hurones, reforzando la trazabilidad. En el caso de los gatos, además, se establece la esterilización quirúrgica antes de los seis meses de edad, salvo que exista una justificación veterinaria documentada.

Pero ¿qué ocurre si se produce una camada accidental? La normativa no deja espacio a la improvisación. El propietario deberá comunicarlo a las autoridades competentes y no podrá comercializar los cachorros.

En muchos casos, se le exigirá registrarse como criador puntual o adoptar medidas para evitar que la situación se repita.

Detrás de estas restricciones hay un objetivo claro: combatir el abandono y el comercio ilegal. Cada año, miles de animales terminan en protectoras, muchos de ellos procedentes de camadas no deseadas.

Al mismo tiempo, la ley busca garantizar el control sanitario, evitando la reproducción sin criterios que puede derivar en enfermedades hereditarias.

Asimismo, se pretende erradicar las denominadas como granjas de cachorros destinadas, que operan sin supervisión y en condiciones deficientes.

El incumplimiento de estas obligaciones no es menor. Criar sin estar inscrito en el registro es una infracción grave, sancionable con multas que van desde los 10.001 hasta los 50.000 euros.