El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press
España marca las normas: a partir de 2027 obligará a los autónomos a utilizar un software antifraude
Será entre el 1 de enero y el 1 de julio de 2027 que los empresarios y autónomos deberán implementar en su tributación un software de facturación reconocido.
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A partir del 1 de julio del 2027, los autónomos deberán contar obligatoriamente con un software de facturación adaptado a los requisitos antifraude establecidos por la normativa vigente.
Así lo recoge el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, que ajusta los plazos de implantación de un sistema diseñado para reforzar el control fiscal y garantizar la transparencia en la contabilidad empresarial.
La medida se enmarca en la Ley 11/2021, conocida como Ley Antifraude, que establece una serie de obligaciones técnicas para todos los programas de facturación utilizados en el país.
El objetivo es claro: evitar la manipulación de datos contables y asegurar que cada operación económica quede registrada de forma íntegra, trazable y legible para la Agencia Tributaria.
En la práctica, esto supone un cambio profundo en la forma en que los profesionales gestionan su actividad. El nuevo sistema exige que los registros de facturación sean inalterables, es decir, no se pueden modificar ni eliminar sin dejar constancia.
También prohíbe la existencia de contabilidades paralelas o cualquier mecanismo que permita ocultar ingresos o alterar el orden de las operaciones registradas.
El reglamento técnico, desarrollado a través del Real Decreto 1007/2023, introduce además el concepto de sistemas de emisión de facturas verificables, conocidos como Veri*factu.
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Estos programas permiten, de forma voluntaria en algunos casos, el envío automático de los registros de facturación a la Agencia Tributaria en el momento de su emisión, facilitando el control en tiempo real por parte de la Administración.
Para los autónomos, la obligación no se limita a cambiar de herramienta informática. A partir de la fecha límite, no será válido el uso de programas genéricos o no adaptados, como hojas de cálculo o software sin certificación específica.
Los sistemas deberán contar con una declaración responsable del fabricante, que acredite el cumplimiento de todos los requisitos legales y técnicos.
Entre las exigencias figura también la estandarización de los registros, de modo que puedan ser interpretados sin dificultad por Hacienda en caso de inspección.
![El presidente turco, Tayyip Erdogan.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/11\/actualidad\/1003744203485_262390008_320x180.jpg"])
Asimismo, el sistema debe estar preparado para generar un rastro completo de cualquier modificación, garantizando la trazabilidad total de la información.
El régimen sancionador es especialmente severo. La Ley 11/2021 prevé multas de hasta 50.000 euros para los autónomos que utilicen sistemas no certificados una vez vencido el plazo obligatorio.
En el caso de los fabricantes o distribuidores de software, las sanciones pueden alcanzar los 150.000 euros por ejercicio y tipo de programa.
Así, el calendario de implantación ya está definido: las sociedades mercantiles tienen como fecha límite el 1 de enero de 2027, mientras que los autónomos disponen hasta julio de ese mismo año para completar su adaptación.
![Arcadi España, ministro de Hacienda.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/11\/actualidad\/1003744203154_262385904_320x180.jpg"])
Con este cambio normativo, España avanza hacia un modelo de facturación completamente digitalizado y controlado, en el que la trazabilidad de los datos se convierte en el eje central de la relación entre contribuyentes y Administración.
Una transformación de gran alcance que, más allá de la tecnología, redefine la manera de entender la gestión fiscal en el trabajo por cuenta propia.
![Yolanda, empleada de Mercadona.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/05\/actualidad\/1003744233664_262798091_1706x960.jpg"])
