La ministra de Universidades, Diana Morant, este martes en el Senado.

La ministra de Universidades, Diana Morant, este martes en el Senado. EFE

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El estatuto del universitario de Diana Morant pretende que los alumnos decidan qué estudian: "Pueden usarlo para adoctrinar"

EL ESPAÑOL recaba la opinión de varios catedráticos para valorar la posible medida. Temen que el alumnado pueda eliminar las materias "más difíciles".

Más información: Los universitarios podrán exigir una "evaluación flexible" para conciliar: el polémico estatuto del estudiante de Diana Morant

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Nueva polémica en el mundo universitario español. El Ministerio de Universidades, encabezado por Diana Morant, quiere reforzar el poder del alumnado a través de un nuevo estatuto del estudiante universitario.

En el borrador del proyecto de Real Decreto se recoge por primera vez el derecho a huelga o al apoyo psicológico obligatorio, pero el gran problema, a ojos de algunos catedráticos, ha saltado con la redacción del artículo 20.5. Dice así:

“La programación docente de cada curso será aprobada por los órganos competentes en cada caso y en cada universidad según la normativa de ésta, asegurándose que lo sean por un órgano con representación del estudiantado”.

Esto significa que, de salir adelante el estatuto, los universitarios podrían influir en los programas docentes. Es decir, año tras año darían el visto bueno a lo que les enseñan sus profesores.

Catedráticos críticos

Esta “ocurrencia”, como la ha calificado a EL ESPAÑOL el catedrático de la Universidad de Sevilla Ramón Espejo, repercutirá en que “la calidad de los programas se podrá ver resentida, ya que los estudiantes podrían eliminar las materias más difíciles; aquellas impartidas por los profesores más exigentes”.

Ramón Espejo, catedrático de la Universidad de Sevilla.

Ramón Espejo, catedrático de la Universidad de Sevilla. Cedida

Ese temor lo comparte el catedrático de la Universidad de Granada Daniel Arias. A su juicio, “darle al estudiante las riendas de los contenidos sería el último clavo en el ataúd de la calidad universitaria”.

Además, teme, “determinadas asociaciones estudiantiles muy politizadas pueden poner vetos a contenidos que no encajan dentro de su doctrina. Es decir, pueden usar la medida para adoctrinar”.

Para este profesor de Economía, “el gobierno ha demostrado a lo largo de estos años bastante poca preocupación por la calidad de la enseñanza en este país, no solamente en la universidad, sino en el resto de etapas educativas”.

De ahí que ambos profesores expresen su preocupación por la hipotética nueva norma. “Esto es igual que si a los pacientes les preguntamos cómo hay que operarlos. Es el médico quien sabe hacerlo, no los pacientes”, compara el catedrático Espejo.

Él, crítico con el proyecto de Real Decreto, considera que quien debe elaborar los programas y planes de estudio es el claustro de profesores, no los estudiantes.

“Que yo sepa, no hay ninguna base científica ni ninguna investigación que demuestre que la intervención de los estudiantes en la elaboración de programas mejore la calidad educativa”, valora.

Inflación de notas y adoctrinamiento

Para más inri, ambos docentes han coincidido en que esta medida, a corto plazo, puede provocar una “inflación” en las calificaciones de los alumnos. O lo que es lo mismo, “una falsa subida”.

A juicio de ambos, si los alumnos tienen la potestad de vetar temas, asignaturas o simplemente aliviar las materias de los contenidos más complicados “las notas podrían subir”, paradójicamente.

“Es sencillo, el alumnado podría evitar todo lo complicado de la carrera con esta medida, que es una medida populista para facilitar el aprobado”, dice Espejo. “Al final, podría acabar todo en pintar y colorear, se ponen buenas notas, y luego a repartir títulos universitarios”, añade Arias.

Este profesor, de hecho, avisa de otro problema que podría surgir en el caso de que la norma llegue a aprobarse: “El posible adoctrinamiento”.

Daniel Arias, catedrático de la Universidad de Granada.

Daniel Arias, catedrático de la Universidad de Granada. Cedida

“Existe otro peligro que no hemos mencionado y es la utilización política de los contenidos. Es decir, que determinadas asociaciones estudiantiles muy politizadas pongan vetos a contenidos que no encajan dentro de su doctrina. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir a la universidad en un organismo adoctrinador en función de estas corrientes”, advierte.

Por ejemplo, una asociación de extrema izquierda podría vetar que un profesor de ciencia política enseñe qué son y qué defienden los fascismos o una de extrema derecha podría vetar que el mismo docente enseñe el marxismo.

El largo plazo y la estrategia electoral

La preocupación de estos catedráticos, no obstante, va más allá del corto plazo. Si la medida sale adelante, “los efectos para la sociedad pueden ser demoledores”, advierte Espejo.

“Imagina que en el futuro hay un médico operando que no recibió las asignaturas en cirugía porque hubo un Consejo de Estudiantes que decidió eliminarla porque era muy difícil y la suspendía mucha gente. Sería demoledor”, ejemplifica el catedrático.

Pregunta.– ¿Qué cree que persigue el Gobierno con esta medida del nuevo Estatuto del Estudiante?

Respuesta.– A mi juicio, es una estrategia electoral. La única tabla de salvación de este Gobierno es acudir a colectivos que puedan ser fácilmente comprables, con ideas absolutamente peregrinas, que luego va a ser muy difícil que se pongan en práctica.

Con esta medida, algunos grupos de universitarios pensarán que el Gobierno está con ellos, pero si esto realmente se implanta, al fin y al cabo es una medida demagógica pensada para buscar algún que otro voto. Y la excelencia de la Universidad quedaría resentida nuevamente.

Una correcta participación

Pese a todo, los catedráticos consultados por este diario tampoco cierran la puerta a que los estudiantes puedan opinar sobre los contenidos que deben aprender. “Puede ser enriquecedor en cierta medida”, opina Arias.

Puede ser positivo preguntarles si hay algún aspecto del temario en el que quieren que se profundice. Y se hace, pero en ningún caso que tengan la capacidad de decir: ‘No nos gusta el tema 3; ese no se da’. Pero lo otro es interesante”, reconoce el catedrático.

El catedrático Jesús G. Maestro va un paso más allá. De acuerdo con su interpretación, “que los estudiantes tengan que dar el visto bueno sobre lo que los profesores enseñamos me parece muy interesante, y creo que abre las puertas a un modelo de universidad más abierto, estimulante y acorde con lo que piensan muchos profesores”.

Jesús G. Maestro, catedrático de la Universidad de Vigo.

Jesús G. Maestro, catedrático de la Universidad de Vigo. Miguel Muñiz

El debate, en todo caso, está servido. Pero, de momento, hasta que no se formalice el borrador en un real decreto, esta medida –y las otras previstas en el estatuto del estudiante– no cobrarán vigencia.

Entre ellas destacan el derecho de la conciliación de los estudios, el paro académico reconocido como derecho, la obligación a las universidades a tener planes específicos contra el acoso personal, sexual o el ciberacoso y a adaptar los planes de estudio, de evaluación y de prácticas al estudiantado con discapacidad o necesidades específicas de apoyo educativo.