La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la presentación de la Estrategia Nacional de Deep Tech.
Los universitarios podrán exigir una "evaluación flexible" para conciliar: el polémico estatuto del estudiante de Diana Morant
El futuro Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario permitirá a los alumnos participar en la programación docente de cada curso.
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Los estudiantes universitarios cada vez tendrán más derechos y poder de decisión dentro de la Universidad.
Así lo deja claro el borrador del futuro Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL y que se encuentra en periodo de consulta pública.
Según el texto impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que aún puede sufrir modificaciones tras las alegaciones de la comunidad universitaria, los derechos de los alumnos se verán incrementados en aspectos de corte político como el derecho a la huelga.
Pero el documento va mucho más allá e introduce el derecho a cambiar las fechas de los exámenes por motivos de salud (propia o familiar) y obliga a las instituciones a crear un plan específico de conciliación para aquellos que tienen un trabajo o necesitan cuidar a un familiar dependiente.
Este polémico y nuevo marco normativo del departamento de la ministra Diana Morant, que viene a sustituir al ya obsoleto Estatuto del Estudiante de 2010, da un giro radical en las aulas españolas.
La norma otorgará a los jóvenes herramientas para fiscalizar la docencia, blindar sus evaluaciones y adaptar su paso por la educación superior a las nuevas realidades laborales, tecnológicas y sociales.
Mayor control del calendario
El primer gran bloque de reformas dota al alumnado de un escudo protector frente a la rigidez académica tradicional.
El borrador establece que la programación de pruebas de evaluación no podrá alterarse de forma arbitraria, pero, a su vez, otorga a los universitarios el derecho a exigir que se les fije un día y hora diferentes para un examen. ¿Los motivos? No solo por labores de representación institucional, sino también por motivos de salud significativos, cuidado de personas dependientes, defunción o enfermedad grave de familiares directos.
Además, el texto subraya explícitamente que la inasistencia a clase por estas razones "no podrá penalizar al estudiante".
A esto se suma un incremento del poder estudiantil en la propia organización del curso. El nuevo Estatuto obliga a que los calendarios de fechas, horas y lugares de los exámenes sean acordados por órganos que garanticen la participación de la representación del estudiantado.
Asimismo, se consolida el derecho a contar con al menos dos convocatorias por asignatura (ordinaria y extraordinaria), procurando que en la segunda sea posible obtener la totalidad de la nota final, independientemente de la evaluación continua. Algo que tira por tierra los principios del Plan Bolonia.
El segundo eje de este texto impacta directamente en el trabajo del profesorado y en el desarrollo de las asignaturas.
Aunque los alumnos no aprobarán el temario de su profesor en el día a día, sí que formarán parte ineludible del filtro institucional. El artículo 20.5 del proyecto impone que la programación docente de cada curso deberá ser aprobada por los órganos competentes, asegurándose de que cuenten con representación del estudiantado.
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Además, el nuevo texto decreta que los criterios de evaluación, incluyendo la ponderación de cada prueba, no podrán modificarse una vez finalizado el periodo de matrícula e iniciada la actividad docente. Cualquier cambio excepcional requerirá motivación, autorización del órgano de gestión de la actividad académica y asegurar el conocimiento de todo el estudiantado matriculado. Algo que puede suponer un problema si, por ejemplo, hay un cambio de profesor.
En esta misma línea, este decreto evoluciona respecto al de 2010 y los estudiantes van a ver reconocido su derecho a participar en los mecanismos de garantía de calidad y en las comisiones encargadas de elaborar o modificar las memorias de las titulaciones oficiales.
El último gran bloque del borrador adapta la normativa a las exigencias del 2026. La "evaluación flexible" y la conciliación se convierten en piedras angulares.
El texto consagra como derecho fundamental compaginar la actividad académica con la actividad laboral, considerándolo un mecanismo para asegurar la igualdad de oportunidades.
Obliga a las universidades a elaborar planes generales de conciliación, que incluirán facilidades no solo para estudiantes que trabajen, sino también para mujeres víctimas de violencia de género, de violencia vicaria, víctimas de terrorismo o de catástrofes naturales.
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En el ámbito tecnológico, el nuevo Estatuto reconoce el derecho a la desconexión digital del alumnado. Además, actualiza el régimen de deberes frente a los fraudes académicos, castigando no solo el plagio clásico, sino prohibiendo expresamente el "uso inapropiado de la Inteligencia Artificial" y de las tecnologías de la información en exámenes y trabajos.
Derechos LGTBI
Las políticas de identidad y bienestar también asumen un rol protagonista.
El texto exige al Consejo de Universidades establecer criterios básicos comunes para que el estudiantado pueda solicitar el cambio de género y nombre en sus expedientes.
Además, refuerza el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental por parte de expertos dentro de la universidad, exigiendo la creación obligatoria de un protocolo ante conductas suicidas y de prevención contra el acoso y ciberacoso.
Por último, el Estatuto institucionaliza el derecho al "paro académico" (equivalente a la huelga estudiantil), estableciendo que su declaración será efectuada exclusivamente por el órgano de representación del estudiantado, pudiendo ser total o parcial. Y, para mediar en los conflictos de los campus, impone la creación de una Comisión de Convivencia paritaria, donde los alumnos tendrán el mismo peso en la toma de decisiones que el profesorado y el personal de administración.
