Andoni Díaz, el guardia forestal más odiado de España por hacer frente a los caciques de la caza: "Tengo 10 amenazas de muerte"

El suyo no es un caso excepcional, pero sí extraordinariamente raro. Muy pocos guardas se han atrevido a desafiar a las tramas de intereses que siguen penetrando como un tumor algunas partidas de cazadores, ciertas empresas de gestión cinegética e incluso varias administraciones gracias a una cultura secular de permisividad que todavía mira de reojo al monte, no como un ecosistema protegido, sino como un coto privado de influencia y de favores cruzados. Una mano lava la otra y las dos se lavan la cara.

Para entender por qué un funcionario de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava como Andoni estuvo casi a punto de convertirse en un paria en su propia tierra hay que remover en el sustrato de la idiosincrasia ibérica y examinar la pervivencia del caciquismo, no a la manera de un residuo de feudalismo, sino como una red de lealtades invisibles que cose los pueblos españoles.

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En Euskadi no hay milanas bonitas, ni alambradas separando latifundios y clases sociales, pero sí una tradición local que asigna jerarquías y otorga privilegios que son como misiles dirigidos a la línea de flotación de los cimientos igualitaristas de un sistema democrático, auténticos arcaísmos camuflados bajo la etiqueta inofensiva de "costumbre" o "arraigo".

O eso es, al menos, lo que sostiene Andoni. En su opinión, el agente forestal que, como él, hace cumplir la ley de manera implacable no sólo levanta un acta, sino que rompe un pacto tácito que da por hecho que "entre los nuestros" las cosas pueden siempre arreglarse de otro modo.

Los "señoritos vascos" a los que el guarda, ahora retirado, se enfrentó durante algo más de 30 años no fueron únicamente los cazadores con posibles o los dueños de los cotos, sino agentes rurales, cargos intermedios de la Diputación encargados de tramitar –o dejar morir en un cajón– las denuncias que imponía, y responsables políticos del PNV y del PSE que blindaban un ecosistema plagado de irregularidades mientras bloqueaban durante años la comparecencia del propio Andoni en las Juntas Generales para impedir que detallara, con números y nombres, cómo funcionaba la maquinaria de favores a la que plantó cara a costa de su propia salud emocional.

Amenazado de muerte

"Diez veces he sido abiertamente amenazado de muerte por hacer mi trabajo", afirma. "Incluso después de jubilarme, hace de ello un año y medio, volvieron a amenazarme. Desgraciadamente, hay muchísimo furtivo. De hecho, los hay también entre los guardas rurales. Recientemente, uno de ellos mató a un águila imperial en Toledo".

Amenazas de muerte que recibió Andoni. Cedida

A lo largo de su carrera, denunció a cuatro de ellos. "A uno por cazar desde el coche en época de veda con armas silenciosas y las luces", dice. “A otros dos, por documentar que en el coto de Manzanos habían abatido ilegalmente un corzo, se llevaron la cabeza como trofeo y ocultaron el cuerpo para borrar las huellas. Son gente que sabe mejor que nadie dónde se colocan los lazos o qué piezas caen fuera de cupo y que, a menudo, no dudan en mirar hacia otro lado, lo que termina por convertirlos en una parte sustancial del problema. Y lo más triste es que yo asumía que eran compañeros que tenían que velar por el cumplimiento de la ley".

Un guarda forestal como lo era Andoni es un funcionario (en su caso, dependiente de la Diputación Foral de Álava), que posee, por tanto, la condición de autoridad pública. Su sueldo procede de la administración y su mandato legal es proteger el monte y la fauna por encima de cualquier interés privado.

Los guardas rurales a los que denunció, en cambio, son personal de seguridad privada contratado por los cotos y subvencionado en parte con dinero público, cuya lealtad primaria suele estar con el titular del acotado y con la buena marcha del negocio cinegético, de modo que, cuando toleran o encubren irregularidades, dejan de ser los ojos de la ley para convertirse en engranajes de la maquinaria furtiva que Andoni lleva toda la vida persiguiendo.

Cazadores radicales

A pesar de ello, es verdaderamente inusual que un funcionario de Medio Ambiente denuncie a un guarda, lo que explica que el alavés se haya hecho acreedor del odio organizado de una parte del mundo cinegético más radicalizado, que ha encontrado en las redes sociales un escenario perfecto para lo que quienes desde la legalidad le apoyan interpretan como una brutal campaña de acoso.

El vasco es también hostigado desde páginas de cazadores particularmente beligerantes que comparten su nombre y su imagen fuera de contexto, lo señalan ante miles de seguidores como "antirrural", exageran o distorsionan su colaboración con proteccionistas y lo presentan como un ejemplo de "funcionario politizado al servicio de los urbanitas anticaza".

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"Como me he enfrentado a ellos y saben que denuncié a cuatro de sus compañeros, me odian", asegura Andoni. "En las redes me ponen a parir. Y políticamente, ya sabemos quiénes les apoyan. Luego hay gente de ese entorno con muchísima pasta. Yo me he cansado de denunciar la salvajada de dinero negro que fluye alrededor del negocio de las explotaciones cinegéticas. El esquema es sencillo: un tipo adquiere los derechos anuales de explotación de un coto por cinco mil euros en calidad de adjudicatario y luego lo revende en dinero negro haciendo porciones. Que si la caza mayor, por un lado. Que si por otro, los puestos de paloma o los recechos del corzo".

En realidad, Blanco nunca ha ocultado que cuestiona buena parte del discurso con el que suele legitimarse la caza como una práctica de utilidad social. "Dicen que cazan por tradición. De acuerdo. Pues hay que señalar que la tradición se está perdiendo porque en poco más de dos décadas han pasado de expedir entre 1,3 y 1,4 millones de licencias de caza al año a unas 600.000. La caza no es un deporte y menos todavía una herramienta de gestión del medio ambiente".

Mientras estuvo en activo, Andoni no sólo se enfrentó a los furtivos y a los guardas rurales, sino a la propia maquinaria institucional que debía respaldarle. A mediados de la década pasada empezó a documentar que decenas de expedientes graves de caza que él había instruido –incluidos casos con armas ilegales y piezas abatidas fuera de cupo– acababan caducando, rebajados o directamente sin incoar, siempre en beneficio de los mismos nombres.

Tras colisionar durante años con los despachos de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava, llevó el asunto a la Fiscalía, convencido de que no estaba ante simples errores administrativos, sino ante un patrón de trato de favor a determinados cazadores y guardas rurales.

Procedimientos penales

De esa ofensiva nacieron dos frentes. El primero, el caso Manzanos: un procedimiento penal abierto contra el jefe de Montes de la Diputación por haber omitido en un expediente de furtivismo datos clave sobre la actuación de Andoni y la gravedad de los hechos, lo que en la práctica rebajó el caso a una simple infracción leve por horario. En este asunto la Fiscalía llegó a pedir tres años de prisión y el proceso terminó con una condena por falsedad documental, tras la que la Diputación destituyó al jefe de Montes de su puesto.

El segundo, más amplio, pretendía que la justicia reconociera como prevaricación el sistema de favores que Andoni venía denunciando: aquí el juzgado no apreció delito y archivó la causa, aunque en las resoluciones quedó constancia de que varios expedientes sancionadores por caza habían prescrito o se habían tramitado de forma deficiente.

Sosteniendo esta lucha, el vasco se ha dejado grandes jirones de su vida: paisanos que le negaban el saludo en el bar del pueblo; neumáticos pinchados de madrugada en pistas forestales; notas anónimas; miradas torcidas en las juntas de caza y años de mobbing interno. En 2021, la Diputación abrió un expediente disciplinario contra él, alegando entre otras cosas deslealtad, filtraciones y falta de respeto a sus superiores, justo después de que su denuncia por los favores a cazadores saliera a la luz pública.

El procedimiento lo mantuvo más de un año en vilo, en baja psicológica y medicado por ansiedad y depresión, hasta que en enero de 2022 la propia institución decidió archivarlo sin sanción, después de comprobar que no se sostenía jurídicamente.

En paralelo, las mayorías de PNV y PSE vetaron repetidamente su comparecencia en las Juntas Generales cuando la oposición pidió que explicara, con cifras y expedientes concretos, el alcance de las multas caducadas y las sanciones rebajadas; sólo en 2023 pudo por fin exponer en sede foral la dimensión del problema que llevaba años denunciando, confirmando así que su guerra no era sólo contra los furtivos, sino contra una forma de gobernar que convertía sus actas en papel mojado.

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Su historia se asemeja a la de la sargento del Seprona Gloria Moreno, que en Lanzarote se atrevió a llevar a juicio a los galleros, a los cazadores de pardelas y, sobre todo, a sus propios mandos, y acabó siendo "premiada" por su celo con la apertura de expedientes, el aislamiento profesional y un intento de sentarla en el banquillo por hacer exactamente lo que marcaba la ley.

Como en el caso de Andoni, también ella fue testigo de cómo sus denuncias por caza ilegal y maltrato animal desencadenaban una tormenta interna: parte de sus compañeros la acusaron, la Guardia Civil abrió un rosario de procedimientos disciplinarios y sólo años después, tras ser absuelta y archivarse varias causas, pudo demostrar que el problema no era el rigor con el que desarrollaba su trabajo, sino un sistema que castiga a quienes se toman en serio la idea de que la ley vale lo mismo para un furtivo anónimo que para un "señor" del campo.

"El furtivismo comenzó cuando la gente no tenía para comer y sólo era posible cazar en las fincas del rey o el duque", asegura Andoni. "En una situación así, lo entendería. Pero es que ahora hay notarios matando especies protegidas de disparos. Yo he denunciado a gente que hacía cientos de kilómetros y se gastaban un dineral para matar corzos por la noche".

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A los 65 años, jubilado ya, continúa patrullando el monte, sólo que sin uniforme. Liberado de los partes de servicio y de órdenes jerárquicas, ahora Andoni escribe libros, concede entrevistas, participa en charlas y campañas públicas y sigue denunciando el furtivismo y esos delitos contra el medio ambiente que en España se parapetan a menudo tras la consideración social de travesuras.

De acuerdo a su experiencia, "muchos cazadores respetan la legalidad, pero también hay un porcentaje significativo de gente que incumple las normas un poquito. Furtivismo hay muchísimo, y a menudo no son casos aislados, sino verdaderas organizaciones".

Hace sólo algunos días, fue descubierta y denunciada en la Val d’Arán una red de cazadores locales que, desde al menos 2017, ofrecía a terceros auténtico turismo cinegético ilegal, guiando a clientes de otras provincias hasta enclaves concretos de ese valle pirenaico para abatir sarrios y ciervos al margen de los cupos y de la normativa.

Gracias a la investigación de los Agentes de Medio Ambiente del Conselh Generau d’Aran y del grupo antifurtivismo de los Agents Rurals de la Generalitat, seis cazadores han sido denunciados, uno de ellos agente de los Mossos d’Esquadra. Se les culpa de abatir ilegalmente al menos 21 sarrios y 3 ciervos, además del uso de visores térmicos y otros medios prohibidos, lo que demuestra hasta qué punto estas tramas pueden implicar también a funcionarios que deberían estar en el lado de la ley.

Otro de los asuntos que más inquietan a Andoni es el de los tramperos, una versión apenas maquillada de los viejos alimañeros que retrató Delibes en la España agraria del siglo pasado. Durante décadas, el alimañero clásico fue el hombre al que se encargaba "limpiar" el monte de todo lo que la incultura de la época señalaba como dañino: lobos, zorros, garduñas, gatos monteses, jinetas o rapaces, primero por encargo de ganaderos y ayuntamientos, luego auspiciado por juntas oficiales de extinción de animales que llegaron a pagar primas por cada cráneo de lobo o piel de zorro entregada en el concejo.

La iconografía los presenta como grandes rastreadores y tiradores finos, conocedores de cada vereda y expertos en un catálogo entero de armas y trampas: cebos envenenados con estricnina o carne podrida, artefactos de hierro camuflados junto a tenadas y leñeras, lazos de cable en collados de paso, aguardos nocturnos sobre muladares. Muchos complementaban el sueldo vendiendo pieles de zorros, nutrias y mustélidos, en un juego ambiguo en el que podían llegar incluso a "fabricar" alimañas –criar lobos o pasear pieles rellenas de paja– para seguir cobrando recompensas.

Los nuevos alimañeros

Por extraño que parezca, el personaje ha pervivido con pocas variantes. Es la cara menos fotografiada del mundo cinegético. Después de más de cuarenta años trabajando en el monte –primero como bombero forestal y en labores de restauración, y durante más de tres décadas como guarda de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava–, Andoni sostiene que buena parte del llamado "control de depredadores" no es otra cosa que una campaña permanente de eliminación de fauna diseñada para maximizar la caza de perdiz, el conejo o el corzo mediante métodos que la propia ley cuestiona.

En sus intervenciones públicas, el guardia retirado repite machaconamente que las administraciones de varias autonomías han llegado a autorizar controles durante todo el año sobre especies calificadas de "dañinas" que permitían –exactamente igual que antaño– el uso de lazos, cepos, focos, disparos nocturnos o desde un vehículo, pese a tratarse de artes no selectivas que pueden atrapar desde zorros a gatos monteses, tejones o especies protegidas.

Andoni junto a un artefacto para matar "alimañas". Cedida

En su opinión, el problema no es solo técnico, sino moral y cultural. Los expedientes de autorización de estos controles, explica, a menudo se firman sin informes serios de densidad o daños reales, guiados más por las presiones de sociedades de cazadores y algunos guardas rurales que por criterios científicos.

En lugar de aceptar esa evidencia, el vasco cree que un sector del mundo cinegético sigue defendiendo el discurso clásico del "control de alimañas", mientras cuelga en redes vídeos en los que se exhiben animales atrapados en lazos Wisconsin agonizando durante horas antes de recibir un tiro, algo que él describe como una "salvajada sin sentido".

Como guarda forestal, Andoni ha tenido que levantar numerosas denuncias por el uso de estas trampas, y ha visto de primera mano el sufrimiento que provocan. Ha encontrado zorros, mustélidos y aves rapaces con extremidades destrozadas, animales protegidos atrapados por el cuello o el abdomen, y hembras en celo o preñadas muertas en plena época de cría. Lo que más le indigna no es sólo el dolor innecesario, sino el hecho de que muchas de esas autorizaciones recaen precisamente en personas con interés directo en que haya más piezas de caza.

"Cuando hacen control de depredadores, las administraciones autorizan a cazar de noche desde el coche y en época de veda", continúa Blanco. "El control lo pide el adjudicatario del coto. ¿Saben ustedes quiénes lo realizan? Los guardias rurales. Obviamente, lo que quieren es matar zorros para preservar la perdiz. Es decir, acaban con una especie para preservar otra que luego matan también. ¿Qué clase de lógica es ésa?".

A lo largo de su vida, han sido muchas veces las que ha sentido miedo. Le han tratado de intimidar de todas las formas posibles: amenazándole con quemar su casa, poniendo su nombre en una diana en el Parque Natural de Gorbea o jurando que envenenarían a sus perros. Llegaron incluso a publicar y divulgar en redes una foto del guarda encañonado con un rifle junto a la palabra "Wanted" ('Se busca').

"Los encontronazos con cazadores durante las batidas eran el pan nuestro de cada día", recuerda. "El que no iba con munición no autorizada llevaba un artilugio ilegal. Siempre he creído que es preciso ayudar a la gente que vive en el campo. Pero resulta que la PAC ha estado repartiendo un dineral entre los ganaderos y se asume que parte de las ayudas se destinan para que convivan con el resto de las especies. ¿Lo hacen realmente?".

Lo que Andoni Díaz y Gloria Moreno destaparon en Euskadi y en Canarias no fue sólo el uso de lazos o venenos. Lo que desvelaron en verdad es que en ciertas partes de la España rural la autoridad del Estado se detiene donde empieza el perímetro –físico o simbólico– del coto de los "señores", entendidos no sólo como los dueños del cortijo, sino como el triángulo que forman ciertos funcionarios de la administración, gestores cinegéticos que manejan miles de euros en dinero negro y una red de intereses que, en su opinión, convierte la caza en ocasiones en un espacio de impunidad donde la ley ambiental se aplica, o se archiva, según quién sea el infractor.

Cuando Andoni denunciaba a un furtivo con apellido ilustre o a un empresario influyente, no estaba únicamente imponiendo una sanción; lo que quebraba según él era la 'Omertà' del vecindario, ese manto de silencio sustentado en la asunción implícita de que "entre bueyes no hay cornadas". Como se negaba a mirar hacia otro lado, más de una vez le tocó cenar solo en el bar del pueblo.