Vendió a su bebé por 2.000 € de fiesta; otra lo hizo por alcohol y una tercera para saldar deudas: el mercado de niños en España

Después de horas de charla, Jose confiesa a Fátima que su pareja tiene dificultad para quedarse embarazada y ella –con un largo historial en servicios sociales que acabó con la retirada de la tutela de sus seis hijos en 2022 por situación de desamparo–, decide entregarles a la pequeña que aún está gestándose en su vientre.

Pero nada en esta vida es gratis. A cambio, Fátima pide a Jose la entrega de 2.000 euros en efectivo al momento del intercambio. Estaba todo pensado. Para no levantar sospechas, ella decide trasladarse a Córdoba y dar a luz allí, para inscribir directamente en el Registro Civil a Jose como padre biológico de la pequeña.

Después, Fátima regresa sola a Móstoles. Pero al cabo de unos días algo se le remueve. No se sabe con certeza si es remordimiento o por falta de dinero –ya se había gastado casi el total de los 2.000 euros que Jose le había dado a cambio de su hija–, pero Fátima se arrepiente de lo sucedido.

Intenta recuperar a su pequeña, pero Jose y su pareja se niegan si no reciben a cambio el dinero íntegro de la operación, más otros 1.000 euros en concepto de gastos de manutención. Es entonces cuando Fátima decide acudir a la policía.

Ya en comisaría, la mujer narra como una pareja de Córdoba a la que había conocido en una discoteca y a los que había confesado su temor a que servicios sociales le retirara la custodia de la bebé que esperaba, había secuestrado a su hija y le pedía dinero a cambio de volver a verla.

Tras hacer sus pesquisas, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía nacional (UFAM) desmontó rápidamente la versión de Fátima, quien acabaría detenida junto a Jose y otras tres personas más por delitos de alteración de la paternidad, detención ilegal, falsificación documental y acusación y denuncia falsa.

Los nombres de Fátima y Jose son ficticios, pero la historia es real, como también lo son los otros seis casos que se han documentado en España en los dos últimos años de compra-venta de menores por parte de sus propios progenitores.

Dos de ellos han tenido lugar este mismo noviembre de 2025, cuando una madre intentó vender a su bebé recién nacido en Málaga por 3.000 euros y otro matrimonio asentado en Navarra vendió a su hija de 14 años a una familia de Lleida por 5.000 euros, cinco botellas de whisky y comida para forzarla a casarse con el hijo de los compradores.

Los delitos de compra-venta de menores constituye uno de los delitos "más difíciles de investigar". Arte EE

Cuando se trata de bebés, la motivación suele ser satisfacer a familias infértiles. Pero cuando se trata de niños más mayores, estos son usados como moneda de cambio para saldar una deuda, para realizar matrimonios forzosos o, incluso, para explotación sexual o doméstica. En este caso, las víctimas suelen ser niñas.

Según fuentes a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se trata de "algo recurrente", pero los acontecimientos recientes han hecho que "los compañeros estén mucho más pendientes del tema". Aunque, por desgracia, esta es sólo la punta del iceberg.

Aseguran que "son casos muy difíciles de investigar", ya que se trata "en su mayoría" de "familias gitanas rumanas" que viven al margen de la sociedad y que "hacen los tejemanejes entre ellos". Muchas, incluso, llevan los embarazos a espaldas del sistema sanitario o dejan a los niños sin escolarizar.

La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) estima que sólo se identifican alrededor del 1% de los casos, y estudios de la Universidad Pontificia Comillas y UNICEF calculan que por cada víctima identificada, hay al menos cuatro que permanecen invisibles.

El modus operandi

"Es muy difícil detectarlo porque no es que pongan un anuncio en Wallapop", cuenta una fuente cercana a la investigación de EL ESPAÑOL. Y es que si se les pilla es, casi siempre, "por un error".

El modus operandi varía en función de la edad de la víctima. Cuando se trata de la venta de bebés recién nacidos, los acuerdos "comienzan cuando la madre vendedora ya está embarazada". Para no levantar sospechas, esta suele dar a luz en casa o practicar alteración de la paternidad o falsedad documental.

En el primero de los casos, la progenitora da a luz y, posteriormente, acude al registro civil para anotarse como madre biológica junto al padre comprador que, a ojos de las autoridades, queda reflejado como biológico, tal y como se dio en los casos de Móstoles y Málaga narrados en estas líneas. Una vez hecho el trámite, la madre desaparece y el padre es quien se hace cargo del bebé.

La segunda opción, y la cual es objeto de más errores por parte de los delincuentes, es en la que la madre biológica acude a los servicios sanitarios suplantando ya la identidad de la mujer compradora, presentando su documentación e historial clínico completo para que el parto figure en los registros con el nombre de quien posteriormente se quedará con el recién nacido.

Este mecanismo fue el que utilizaron en los casos registrados en marzo de 2023 en Don Benito (Badajoz) y Sevilla, y el cual llevó a la detención de ocho personas.

En el primero de ellos, una pareja rumana residente en España, de 43 y 42 años, trajo en avión desde Rumanía a una joven embarazada de 28 años que estaba en su recta final de gestación. Pero el fallo llegó cuando la joven ingresó en el Hospital Don Benito-Villanueva para dar a luz utilizando la tarjeta sanitaria y el DNI de la compradora.

El objetivo era que el niño naciera legalmente como hijo de la pareja residente en España, pero el personal sanitario se dio cuenta de que la paciente no se parecía a la foto del DNI, dando aviso de manera inmediata a la Policía Nacional. A la llegada de las autoridades, el padre confesó haber pagado 2.000 euros en Rumanía para quedarse con el bebé.

Paralelamente, en Sevilla, ocurría un suceso similar. En el Hospital Virgen del Rocío, una mujer ingresó de parto identificándose con el DNI de otra (la compradora). Sin embargo, cuando asuntos sociales consultó el historial de ese DNI, los médicos se dieron cuenta de que esa paciente se había sometido a varios tratamientos de Fecundación In Vitro por esterilidad.

Todo parecía muy sospechoso pues, además de eso, la mujer no mostraba en el historial ninguna cita médica de control de embarazo, lo cual es raro y más tratándose de un embarazo, a priori, complicado. Al ser preguntada, la paciente no supo dar explicaciones coherentes, por lo que se dio aviso a las autoridades y cuatro personas fueron detenidas.

Pero cuando la venta se hace con niños más mayores, la cosa cambia. Los menores son entregados en el momento de la transacción y, al tratarse de familias al margen del sistema, nadie les suele echar en falta. Y esto fue precisamente lo que ocurrió entre las provincias de Sevilla y Cádiz en el año 2021.

Unos padres, residentes en Sevilla, vendieron a su hija de 14 años por 5.000 euros a un hombre de 22 años. La transacción incluía la entrega de la menor como 'esposa' y sirvienta.

La niña vivió en una furgoneta moviéndose entre Sevilla y la provincia de Cádiz, y fue obligada a trabajar recogiendo chatarra diariamente. Sufrió maltrato físico sistemático y agresiones sexuales continuadas por parte de su "marido", prolongándose su agonía durante tres años sin que nadie se diera cuenta.

Ya con 17, la menor logró escapar y pedir refugio a unos conocidos, que la acompañaron a la Comisaría Provincial de Cádiz el 3 de diciembre de 2024.

Paradójicamente, el mismo día que ella denunciaba, sus padres acudieron a otra comisaría para denunciar su desaparición con el fin de que la policía la localizara y se la devolviera, pero el padre fue enviado a prisión preventiva de manera inmediata.

Pero ese no fue todo el horror que estos padres le provocaron a su hija. La investigación reveló que a los 12 años (antes de la venta) su propio padre ya había permitido que otro hombre la violara.

En otros casos, las alarmas saltan con el aviso del colegio o los servicios sociales. Eso fue lo que ocurrió muy recientemente en Navarra, este mismo mes de noviembre.

Un matrimonio de origen rumano residente en Corella (Navarra) vendió a su hija de 14 años a una familia de Mollerussa (Lleida). El acuerdo inicial eran 10.000 euros pero, tras un regateo, el precio final se cerró en 5.000 euros, cinco botellas de whisky y un lote de comida.

La niña fue entregada para casarse mediante el rito gitano con el hijo de los compradores, de 20 años. Fue sacada de la escuela y trasladada a Cataluña.

Fue entonces cuando los servicios sociales navarros notaron la ausencia de la menor. Paralelamente, un vecino de Corella ya había dado la voz de alarma a la Guardia Civil, pues afirmó escuchar a los padres jactarse de la venta de la niña.

Enrique Vila: 'Muchos de los bebés robados en España acabaron en Estados Unidos'

Con las autoridades al tanto, finalmente, la niña fue localizada meses después mendigando en la puerta de un supermercado en Les Borges Blanques (Lleida), donde un ciudadano llamó a la policía al verla intentando cambiar un paquete de galletas por dinero en efectivo.

Pero no en todos los casos las niñas son sólo utilizadas para el matrimonio o su explotación. Los menores se han convertido también en un objeto de trueque mediante el cual los progenitores pueden pagar sus deudas. Así ocurrió en marzo de 2021, cuando una madre vendió a su hija de 12 años para pagar los 4.000 euros que debía.

La mujer, asentada en Córdoba, debía ese monto a un clan rumano, que ofreció como opción de saldo la posibilidad de usar a la niña como moneda para que así esta se casara con su hijo, un menor de 17 años. La madre aceptó y la niña fue llevada a A Coruña, donde residían otros miembros del clan.

Allí fue retenida, se le retiró la documentación y fue violada repetidamente por el 'marido', con el consentimiento y vigilancia de la suegra y el resto del clan. Fue el colegio donde la menor estaba escolarizada donde un docente notó su ausencia de manera prolongada.

Este avisó a la madre, que dio explicaciones incoherentes sobre el paradero de su hija y, al no convencer al profesor, este alertó a los servicios de emergencia. Un mes después, la UFAM localizó a la menor en A Coruña en estado de shock.

Ya en 2023, la madre fue condenada a 17 años de prisión, el 'marido' a 12 años de internamiento en centro de menores y libertad vigilada posterior, y los compradores a penas de dos y 12 años por colaboración y trata.

Un mercado oculto

A día de hoy, tan sólo uno de los siete casos tiene una sentencia en firme. El resto está en fase inicial al haber ocurrido de manera reciente o en fase de instrucción, con todos los implicados en libertad, a excepción del padre implicado en el caso de Cádiz, de sigue en libertad provisional.

El de Navarra, en cambio, se encuentra archivado –aunque recurrido–, ya que la menor, en su declaración judicial, negó que sus padres la hubieran vendido y afirmó que se fue voluntariamente con el chico.

El juez consideró que, sin el testimonio incriminatorio de la menor, no había pruebas suficientes para destruir la presunción de inocencia de los padres, a pesar de que la policía tenía indicios del pago.

En muchos casos se trata de la discreción y de la marginalidad en la que viven sumidas este tipo de familias. En otros, los menores jamás dicen nada por miedo a la respuesta de sus familiares y la dificultad probatoria supone el mayor obstáculo para la Fiscalía.

Además, también afecta "la mala actuación de servicios sociales que, en muchas ocasiones, no informan como deberían", denuncia una fuente policial a EL ESPAÑOL. Así, estos factores hacen el cóctel perfecto para que este tipo de delitos se cometan a espaldas del sistema, constituyendo un mercado oculto que, en raras ocasiones, sale a la luz.