Manuel García Gallado acompañó a Pedro Sánchez y Reyes Maroto a un viaje a Cuba.
Manuel Gallardo, el empresario que fue a Cuba con Sánchez a vender pollo al régimen y al que han detenido por defraudar 7 M
La Policía Nacional cree que forma parte de un entramado de empresas españolas e internacionales con ramificaciones en Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.
Más información: Sánchez hace diplomacia en Cuba y anuncia una visita de los Reyes en 2019.
En junio de 2018, una de sus empresas, Brassica Group, ya estaba incluida en registro de grandes deudores de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria). Debía más de 3,3 millones de euros. No fue, ni mucho menos, de golpe: en 2017 adeudaba 3,29 millones.
Aquello debió de pasar desapercibido para el Gobierno, porque en noviembre de 2018, el empresario Manuel García Gallardo, propietario de aquella empresa agroalimentaria, y de otras muchas más, formó parte de la comitiva de compañías españolas con intereses comerciales en Cuba.
El nombre de una de sus sociedades, Kodysa Group, protagonizó uno de los anuncios más importantes de aquellas jornadas.
Pero el pasado viernes 19 de diciembre el empresario fue detenido, en el marco de una operación de investigación de la Policía Nacional, por supuesta pertenencia a organización criminal y presuntos blanqueo de capitales y fraude de subvenciones.
Los investigadores creen que forma parte de un entramado delictivo de empresas, tanto españolas como internacionales, con ramificaciones en Cuba, Panamá, Costa Rica y Arabia Saudí.
Sánchez aterrizó en noviembre de 2018 en La Habana acompañado de su mujer, Begoña Gómez, en una visita que se prolongó dos días, el 23 y 24 de noviembre.
Junto a la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el Gobierno firmó un preacuerdo con la empresa Kodysa Group para la producción de pollo fresco en Cuba. Para ello, se crearían empresas mixtas.
De hecho, García Gallardo estuvo presente en la firma. Así, el objetivo era abastecer "al menos el 25% de las necesidades totales del país" con aves criadas en la propia isla.
Según la información difundida por el Gobierno español, la inversión a realizar iba a ascender "a 50 millones en la que habrá una participación pública española, a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides)".
En el primer viaje de un presidente español en 32 años a Cuba, a García Gallardo se le puede ver en una de las mesas redondas más cercanas al estrado y al presidente de Gobierno.
Fue durante un desayuno ofrecido con motivo de aquella visita oficial, en la que España anunció, como medida estrella, la puesta en marcha de ese proyecto de cooperación empresarial hispanocubano, para nutrir de pollo a la isla caribeña en granjas mixtas.
La investigación
Las pesquisas policiales que han derivado en su detención hace unos días, de hecho, se iniciaron a raíz de una denuncia del mismo Ministerio de Industria que respaldó todo aquello en noviembre de 2018.
Puso en conocimiento de la Policía Nacional el impago de dos préstamos en el marco del programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (REINDUS), que se nutre de fondos europeos.
La cuantía defraudada, según los investigadores, ha ascendido a casi 7 millones de euros. La Operación Rapax, ejecutada por la Policía Nacional de Sevilla, se ha saldado con 5 detenidos, entre los que se encuentra García Gallardo.
Sánchez, durante su viaje a Cuba. El empresario, con traje oscuro y camisa blanca, justo bajo el atril. Moncloa
Se han bloqueado 48 cuentas bancarias y se han efectuado tres registros en la provincia de Cádiz: una oficina en San Fernando, un domicilio en El Puerto de Santa María y otro domicilio en el pueblo de Zahara de la Sierra.
De hecho, en Zahara de la Sierra tenía la sede social una de las compañías del empresario: Avicaribe, ligada también a Avícola del Caribe S.A, con sede en Madrid y que opera en una macrogranja de engorde de aves en Villamartín (Cádiz).
Según los investigadores, el entramado empresarial había presentado, para concurrir a las ayudas, dos expedientes de solicitud independientes, a nombre de dos sociedades distintas. La investigación policial permitió constatar que ambas estaban interconectadas.
Las dos sociedades habían actuado, según la Policía Nacional, de forma concreta para obtener los préstamos mediante la aportación de documentación falsa, simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse.
Una vez abonados los fondos públicos, los detenidos crearon "un entramado mercantil y societario" compuesto "por más de 15 empresas" tanto nacionales como internacionales, con sedes en Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, "con el objetivo de desviar los fondos y darle una apariencia de legalidad". De hecho, los agentes tuvieron que desplazarse a esos países para realizar sus pesquisas.
Una vez conseguidas las autorizaciones judiciales, los investigadores, además del bloqueo de las cuentas, intervinieron en los registros más de 80.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación, que actualmente está siendo analizada.
Además de a los dos líderes de la organización, se detuvo también a tres familiares que actuaban como testaferros. La Policía Nacional les imputa a todos los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude de subvenciones y organización criminal.
El operativo, según las fuentes consultadas, aún no se ha cerrado y judicialmente se encuentra bajo secreto de sumario.
Sector agroalimentario
Siempre vinculado a los negocios del sector agroalimentario, Manuel García Gallardo comenzó su andadura empresarial en Cádiz. Nacido en San Fernando, fue presidente de Nuevas Generaciones del PP de su localidad natal.
La empresa que años después lo hizo conocido, Quality Food, estaba llamada a ser puntera en el arranque del nuevo milenio.
Centrada en el envasado de comida casera, su implantación en la Zona Franca de Cádiz se consideró un hito "porque, además, daba trabajo a mujeres desempleadas sin cualificación previa, uno de los sectores más castigados por el desempleo", detallan a EL ESPAÑOL fuentes de la época.
En sus inicios, Quality Food había estado nutrida con fondos de la administración central. Solo tres años después estaba en concurso de acreedores, por lo que la Zona Franca decidió entrar en el accionariado de manera mayoritaria para salvaguardar los puestos de trabajo.
Con el cambio de gobierno, del PP al PSOE, aquello derivó en una cruzada judicial que se prolongó durante 20 años. Fue condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz a 10 años de prisión por los delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. Contra la sentencia presentó un recurso de casación al Supremo.
La entonces ministra de industria, Reyes Maroto, durante la firma del preacuerdo. Justo detrás, y a la derecha, García Gallardo. E.E.
En febrero de 2022 fue detenido por un presunto delito de cohecho, en un intento de venta de test COVID al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía por el que, supuestamente, iba a cobrar 5 millones de euros en plena pandemia. Fue justo cuando ya había sido condenado a 10 años de prisión.
Sin embargo, el juez del juzgado de instrucción número 2 de Sevilla archivó la causa de los test COVID porque, en cualquier caso, aquello no llegó a consumarse.
Consideró que los indicios recabados durante la investigación sobre un intento de cobro de una mordida "no pueden ser elevadas a la categoría de indicio racional de criminalidad, no pasando de ser meras hipótesis o conjeturas".
Ese mismo año el Tribunal Supremo estimó su recurso de casación por la condena de Quality Food y anuló el juicio, al estimar que la Audiencia había desechado inmotivadamente una prueba pericial en su defensa. Así, además de anular la sentencia, dio orden a que se repitiera el juicio en otro órgano judicial.
Un acuerdo
Sorprendentemente, la Zona Franca, gobernada por el PSOE, llegó a un acuerdo en abril de 2024 con el empresario para evitar el desgaste político de un nuevo juicio y, sobre todo, un extraordinario quebranto en sus cuentas anuales.
Porque había dos causas. Una, penal. Otra, mercantil. La primera, aunque anulada, le daba la razón a la Zona Franca y la segunda, a García Gallardo. Finalmente alcanzaron un acuerdo: el empresario admitió los delitos y, a cambio, la ZF renunciaba a indemnizarle con 20 millones de euros por la adquisición de las acciones de la compañía por debajo de su precio.
Su asunción de la culpabilidad le evitó ir a la cárcel por una "suspensión extraordinaria" de prisión aceptada por el tribunal. El Ministerio Fiscal ya había reducido su petición de penas a unos tres años y medio por los tres delitos, con un máximo de 21 meses por el de estafa en concurso medial. Ninguna de ellas, por tanto, superaba los dos años.
Al no contar con condenas previas, la pena se vio conmutada por una multa de unos 2.900 euros y estuvo condicionada a que no volviera a delinquir en dos años.
Pero tras la caída de Quality Food, Manuel García Gallardo ya había puesto en 2006 en marcha otro proyecto empresarial: Brassica Group. Entre 2008 y 2011, el Ministerio de Industria bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le concedió hasta seis subvenciones por casi 6,9 millones de euros también con cargo a fondos destinados a la reindustrialización.
Casado con una exdirigente socialista, su comida precocinada llegaba a más de 100 comedores andaluces. No solo disfrutó de contratos con la Junta de Andalucía bajo el mandato del PSOE: también se hizo con contratos con el Ministerio de Defensa. En total, unos 33 millones de euros en adjudicaciones.
En 2024, la deuda de Brassica Group con Hacienda ascendía ya a 3,5 millones de euros. El nombre del empresario apareció en la lista de morosos en 2022, un listado de grandes deudores el que aparecen tanto personas físicas como jurídicas, cuyas deudas con el fisco superen los 600.000 euros. En diciembre de 2024, Manuel García Gallardo debía casi 915.000 euros.
