'El Patilla', el cazador pacense "con problemas de adicción" que dejó morir de hambre a 32 perros en su finca de Azuaga

Antonio Sánchez, de unos 40 años, abría con pesar las puertas de su ostentosa finca en Azuaga, un pequeño municipio situado en la provincia de Badajoz, a los agentes de la Guardia Civil. Sabía que lo que allí escondía era un absoluto horror: 32 perros muertos por inanición.

Un podenco muerto en la finca de 'El Patilla' en Azuaga (Badajoz). Guardia Civil

Con los brazos en jarra, El Patilla, como se le conoce en el pueblo, se detuvo en uno de los boxes de la parcela. A la entrada, se hallaban los cadáveres de dos podencos. Mientras, los miembros del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado tomaban nota de las condiciones en las que se encontraban los animales.

No tenían agua ni tampoco comida. Unos estaban atados. Otros estaban sueltos. Y estos, en ocasiones, se alimentaban de los cadáveres de otros. Está siendo investigado por un presunto delito de maltrato animal. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Badajoz.

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Fuentes cercanas a la investigación indican a EL ESPAÑOL que Sánchez tiene "problemas de adicción". "A raíz de este caso, fue trasladado a un centro", sostienen estas fuentes. Se divorció hace pocos años de su mujer, Estefanía, con la que tiene una hija.

Natural del municipio de Llerena (Badajoz), cazador y mecánico de profesión, El Patilla "se quería deshacer de los perros y los mató así", tal y como afirman vecinos de Azuaga a este diario.

'El Patillas', junto a un agente del Seprona durante la inspección de su finca en Azuaga (Badajoz). Guardia Civil

Desde la Asociación Profesional de Cabos (APC), en conversación con EL ESPAÑOL, condena rotundamente el macabro hallazgo en Extremadura: "Aun en el corazón del verano, cuando las temperaturas extremas elevan los riesgos sobre los seres vivos —y más aún en contextos rurales o aislados—, no puede ni debe permitirse el abandono de animales que dependen plenamente de la responsabilidad humana para subsistir".

El cabo primero Marco Antonio Pérez, vicesecretario de Comunicación de la APC, destaca la labor realizada por los policías medioambientales y espera que este "doloroso suceso sirva como punto de inflexión para reforzar el compromiso colectivo con la protección de los seres más indefensos frente al abandono y la desidia".

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Por su parte, María Manglano, vicepresidenta de la Asociación de Defensa de los Animales (Adana Badajoz) confirma a este periódico que se personarán en la causa. Además, denuncia que "no se hacen los controles pertinentes".

El partido animalista Pacma insta al Ayuntamiento de Azuaga a personarse en la causa por la muerte de los 32 podencos en la finca de El Patilla. El pasado domingo, la formación animalista se concentró en la Puerta del Sol de Madrid tras el cruel hallazgo.

Uno de los cadáveres en avanzado estado de descomposición en la finca de 'El Patilla'. Guardia Civil

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Si se echa la vista atrás, hace escasos cinco años, en Puebla de la Reina, otro municipio de Badajoz, se hallaron cerca de 30 perros muertos. Un caso similar al de El Patilla.

Acusaron a dos hombres, rehaleros también, de un delito de maltrato animal. La protectora El Refugio solicitó 80 años de prisión para cada uno de los varones, mientras que la Fiscalía pidió 37,5 años. Finalmente, fueron condenados a 20 meses de prisión.

Doscientas ovejas muertas

Pero los casos de maltrato animal no solo suceden en tierras extremeñas. En Mula (Murcia), detuvieron a un granjero por dejar morir a 200 ovejas; en Tenerife, investigan a dos sujetos por cortar la cresta a cinco gallos para su posterior uso en peleas; y en Granada, de nuevo, investigan a dos varones por maltratar a 17 perros y 10 caballos.

El Código Penal, en su artículo 340 bis, regula el maltrato y abandono de animales. Las penas no superan los dos años de prisión. Por otro lado, y según recoge la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y Bienestar de los animales, norma que excluye a los perros de caza y rehalas, las multas por sanciones leves oscilan de 500 a 10.000 euros; las graves, de 10.001 a 50.000; y las muy graves, de 50.001 a 200.000.