Las sospechas de la UCO apuntan a que Cristóbal Montoro urdió una red de influencias entre su despacho económico, que actuaba como lobby, y el Ministerio de Hacienda.
Las claves de la trama de Equipo Económico, el lobby de Montoro que "vendía acceso al poder" y pudo ganar 12 millones ilícitos
Los investigadores sospechan que el exministro urdió una red de influencias entre su despacho y Hacienda cuyo objetivo era realizar reformas fiscales para beneficiar a sus clientes.
Más información: Equipo Económico pide anular los mails que originaron el 'caso Montoro' al considerar ilegal la captura hecha por los Mossos.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, se encuentra en el ojo de la tormenta mediática tras ser imputado por los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios y corrupción en los negocios.
La escalera real de acusaciones lo señala como el presunto artífice de urdir, entre 2011 y 2018, una red de influencias entre su consultora, Equipo Económico, y altos cargos del Ministerio de Hacienda para beneficiar a empresas privadas a nivel legislativo a cambio de pagos sustanciales.
La UCO sospecha que el modus operandi de la trama, bautizada como caso Montoro y que, según los investigadores, podría haberse embolsado 12 millones de forma presuntamente ilícita en seis años, era el siguiente:
El despacho, que presuntamente actuaba como un lobby, recibía el encargo de las empresas y Equipo Económico influía en Hacienda a través de su red de contactos. El ministerio, con Montoro a la cabeza, lograba las reformas favorables para beneficiar a los pagadores.
"Podemos hablar de un despacho que vendía servicios de influencia", considera Rafael Rubio, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. "Clasificarlo como lobby... es complicado. En términos académicos, el lobby no existe, tan sólo son entidades de distinta naturaleza jurídica que desempeñan actividades que más bien podrían catalogarse como 'asesoría técnica' con labores de influencia".
Rubio considera que lo grave no es que Equipo Económico llevara a cabo esos servicios de lobby, "que son legítimos", insiste, "sino que para venderlos se pusiera en valor la relación de cercanía –y casi de pertenencia– de quienes ofrecían estos servicios con el poder público. Quienes venden estos servicios venden un acceso privilegiado a los poderes públicos, y estos les van a hacer caso porque el fundador es ministro y una parte de las personas que trabajan en el despacho tienen proyectos".
El abogado y economista Jesús Ruiz Ballesteros considera que en España hace falta desarrollar una ley del lobby para evitar este tipo de situaciones. "Los lobbys son normales en Europa y Estados Unidos. De hecho, probablemente, regular esta actividad traería transparencia, pues al fin y al cabo en la actualidad se realiza con cierta presión social y ganan los que tienen acceso a los medios, aunque sean pocos".
![El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/01\/24\/espana\/politica\/918919040_252596144_320x180.jpg"])
"¿Por qué no se ha hecho hasta ahora si llevamos hablando de ellos desde hace cincuenta años y, especialmente, desde el 'caso Guerra', que tiene muchas similitudes con este, y que se saldó con la dimisión del vicepresidente del Gobierno", se pregunta Rubio.
"Hay quienes dicen que los lobbistas tienen tanto poder que no quieren regularlo; otros dicen que es al revés, que son muy malos lobbistas y por eso no lo logran. Lo cierto es que muchos legisladores piensan que no serviría de nada porque se presenta una falacia: por tipificar el homicidio no dejarán de cometerse homicidios, ¿no?".
Por lo pronto, el Congreso tramita una Ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés que podría haber evitado las actividades investigadas en el caso Montoro.
Hasta el momento, 28 personas vinculadas al caso Montoro, siete de ellas altos funcionarios de Hacienda y catorce cargos de responsabilidad en algunas de las empresas involucradas, además del propio Montoro, están imputados por su presunta colaboración en esta espuria red corrupta que habría utilizado los engranajes del poder para beneficiarse económicamente.
De 'Montoro y Asociados' a 'Equipo Económico'
Cristóbal Montoro fundó en 2006 la empresa Montoro y Asociados, germen de Equipo Económico, junto a antiguos altos cargos de Hacienda y del área económica del Gobierno del Partido Popular de Aznar.
Entre ellos figuraban Ricardo Martínez Rico, que ya había sido secretario de estado de Presupuestos y Gastos; Salvador Ruiz Gallud, ex director general de la Agencia Tributaria; Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez, ex director del gabinete del director general de la Agencia Tributaria; y Francisco Piedras Camacho, ex director del gabinete técnico de Hacienda (hoy todos ellos imputados).
Montoro y Asociados se constituyó con el objetivo de prestar servicios de asesoría económica a personas físicas y jurídicas tanto españolas como extranjeras. Según los datos del Registro Mercantil de la época, su misión era dar "asesoramiento integral y estratégico en materias económicas, fiscales y financieras" y ofrecer una "consultoría estratégica, planificación fiscal y financiera".
Otras figuras prominentes, como Lorenzo Bernaldo de Quirós, primer administrador de la sociedad, y Luis de Guindos, que colaboró con un 5% del capital inicial para la fundación de la empresa, también estuvieron vinculados al negocio en esta etapa primigenia, pero se marcharon seis meses después.
El exministro Montoro en el Congreso. EUROPA PRESS
Dos años después de la fundación de Montoro y Asociados, Cristóbal Montoro regresó a la política nacional como diputado y portavoz económico del Partido Popular. El 13 de junio de 2008, el despacho cambió su denominación a Equipo Económico S.L., y Montoro, que por aquel entonces figuraba como presidente, vendió sus participaciones y cedió el testigo, incluido su paquete accionarial, a su socio cofundador, Ricardo Martínez Rico.
Cambiar el nombre a Equipo Económico, que reflejaba una imagen de asesoría colectiva y experiencia compartida, permitía dejar atrás su relación directa con la figura de Cristóbal Montoro y evitar potenciales conflictos de interés asociados a su nuevo rol público.
"En 2008, en principio, Montoro no tenía un papel de relevancia. Lo irregular empieza cuando hay una relación personal, y quizás algo más que personal, de la que se aprovechan para influir en la administración", explica Rafael Rubio.
Coincidiendo con el retorno de Montoro a la política, y a pesar de la crisis económica, el despacho cuadruplicó sus ingresos, especialmente entre 2008 y 2010, pasando de casi 2,9 millones a más de 5,2 millones de euros anuales. Es en 2008 cuando Ricardo Montoro, el hermano del futuro ministro de Hacienda, entra en el accionariado con un 15% del capital social.
![Manuel de Vicente-Tutor y el exsecretario de Estado de Presupuestos Ricardo Martínez Rico.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/19\/actualidad\/1003743855430_257425672_320x180.jpg"])
Los investigadores creen que Montoro continuó siendo 'socio de hecho' de la consultora tras ser nombrado ministro. Distintos informes incorporados a las diligencias que ha tramitado en secreto el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, cuya causa instruye el juez Rubén Rus, sugieren que Montoro era un socio de hecho y "estaría sirviéndose de testaferros para titular un patrimonio que sería ilícito".
En 2011, tras el triunfo electoral del Partido Popular en las elecciones generales, Montoro volvió a ser elegido ministro de Hacienda, esta vez con Mariano Rajoy.
El lobby que colocaba a dedo
Desde que Montoro accedió a la cartera de Hacienda, la influencia del despacho creció notablemente: antiguos socios y familiares asumieron puestos estratégicos en el ministerio y en organismos públicos de gran prestigio.
Por ejemplo, Felipe Martínez Rico, hermano de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, fue nombrado director de Gabinete de Cristóbal Montoro entre 2011 y 2016 y, posteriormente, logró ascender a Subsecretario de Hacienda y Función Pública. Fue una pieza esencial entre la interlocución entre Montoro y la Agencia Tributaria.
Pilar Platero Sanz, quien había sido socia directora de Equipo Económico entre 2009 y 2011, fue nombrada subsecretaria de Hacienda y posteriormente fue presidenta de la SEPI. Miguel Ferre Navarrete, socio colaborador y consultor de EE, fue colocado como Secretario de Estado de Hacienda. Francisco Piedras Camacho, director y responsable financiero del despacho, acabó como asesor principal y responsable técnico en Hacienda.
Estos nombramientos, según las investigaciones, facilitaron que Equipo Económico tuviera acceso directo y privilegiado a los procesos regulatorios y de reforma fiscal en el Gobierno, incrementando notablemente la influencia del bufete en altas instancias gubernamentales.
![El exministro Montoro en el Congreso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/20\/actualidad\/1003743855652_257429556_320x180.jpg"])
En 2012, Equipo Económico registró su pico máximo de ingresos con una facturación de 6,7 millones de euros. Era el momento de mayor bonanza económica del despacho y también el periodo en el que comenzaron a fraguarse las reformas legislativas más controvertidas que, posteriormente, acabaría investigando la justicia.
Los investigadores han documentado cómo empresas del sector gasístico, de la energía renovable, del eléctrico, del juego, de la construcción y de la banca pagaron millones al despacho a cambio de "reformas a demanda", que es como lo ha calificado el juez Rus.
El caso más paradigmático fue el de las empresas gasísticas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Después de intentar, a principios de 2013, que se les incluyera en una rebaja del 85% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y encontrarse con una negativa, decidieron cambiar de estrategia y contratar a Equipo Económico, a la que pagaron 270.000 euros en marzo de 2014.
Tras abonar ese importe, Equipo Económico les redactó un informe de 12 páginas, de las cuales la mitad se elaboraron con información aportada por la propia asociación. Este informe sirvió para conseguir una rebaja del 85% en el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que supuso un ahorro aproximado de 4,7 millones de euros anuales para el sector gasístico.
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en un acto celebrado en 2023. Europa Press
El anteproyecto de Ley 28/2014 incluyó la rebaja del 85% en el IEE que perseguía AFGIM. Los investigadores cifran el ahorro anual para las empresas en 4,7 M € y el menoscabo recaudatorio en 59 M €. Entre 2011 y 2019, se sabe que las compañías y la patronal AFGIM pagaron un total de 779.705 euros al despacho de Montoro.
Los técnicos de Hacienda actuaron contra su propio criterio, según revelaría posteriormente un informe interno que indicaba que no existía base legal suficiente ni justificación económica para conceder una exención de tal calibre al sector gasístico.
Las investigaciones también apuntan a que el ministro Montoro intercedió para que el ajuste energético impulsado por José Manuel Soria, ministro de Industria, fuera más liviano para todas aquellas empresas del sector renovable que habían contado con los servicios de Equipo Económico.
Según ha podido acreditar una investigación realizada por los Mossos, Equipo Económico recibió pagos por parte de Red Eléctrica Española, entre 2010 y 2015, por valor de 1,3 millones de euros; de Ferrovial, entre 2012 y 2014, por 293.424 euros; de Abengoa, entre 2009 y 2015, por 3,9 millones; y de Madrid Network, entre 2008 y 2011, por 1,8 millones.
![Gaspar Zarrías, Pepe Blanco, Cristóbal Montoro y Alfonso Alonso.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/17\/actualidad\/1003743853078_257381555_320x180.jpg"])
Sin embargo, Jesús Ruiz Ballesteros considera que "determinar que alguien ha diseñado una norma para beneficiar a un tercero a cambio de dinero, cuando esa norma tiene que pasar por el Congreso y ser aprobada por la mayoría de la cámara, es prácticamente imposible".
"Téngase en cuenta que, en el Congreso, los distintos grupos pueden hacer o plantear enmiendas y, si finalmente se ha aprobado esa norma tras todos los trámites, es difícil probar el diseño a medida. Yo no veo que sea algo extraordinario que te pidan un trabajo que pueda consistir en un '¿cómo redactaríamos la ley?' Me parece que es un trabajo asumible por un despacho de abogados que pueda manejarse en una especialidad del derecho".
Ballesteros insiste en que "para que pueda considerarse la existencia de delito en esta causa, habría que demostrar que ha habido pagos a funcionarios u otras actividades ilícitas en el desarrollo de la contratación y el trabajo de Equipo Económico. El abono de unos honorarios desproporcionados podría dar algún indicio".
Esto es lo que los investigadores tratan de esclarecer, ya que a la UCO también apuntó en un informe de abril de 2021 a "la posibilidad de que parte de los fondos que pasaron por EE pudieran haber sido transferidos a cuentas de personas físicas o jurídicas radicadas en el extranjero".
El inicio de la investigación
En 2015 llegan a la prensa las primeras sospechas de que Equipo Económico podría estar involucrada en un caso de corrupción. Todo parte de que, en 2012, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio adjudica sin concurso público a Equipo Económico un contrato para la elaboración de un estudio sobre la reforma legal de las cámaras. La adjudicación final fue de 91.000€, aunque algunos informes sitúan el contrato original en 216.000€.
Esta transacción es la que permitió a la Fiscalía Anticorrupción iniciar la investigación contra el despacho, ya que se consideró que este contrato vulneraba la Ley de Contratos del Estado y reflejaba un caso típico de "puerta giratoria" y tráfico de influencias. En ese mismo año, la facturación de Equipo Económico se desplomó un 24%.
Ricardo Martínez Rico, Cristóbal Montoro y Ricardo Montoro en un fotomontaje con documentos del sumario.
Otra pieza importante de la investigación es la vinculada a Abengoa. Es el cliente que más pagó a EE (más de 4,9 millones entre 2008 y 2017). La relación incluyó el nombramiento de un socio de Montoro, Ricardo Martínez Rico, como consejero de Abengoa, apuntando a una conexión privilegiada durante períodos de cambios normativos clave para el sector.
El contrato es considerado uno de los más relevantes por la investigación, pues coincide con modificaciones legales que beneficiaron a la empresa, presuntamente gracias a la influencia de EE. Durante la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en varias ocasiones, se aprobaron partidas y medidas que favorecían directamente el fomento de energías renovables, ámbito en el que Abengoa era líder y gran beneficiaria.
El lavado de cara de Afteli
En 2015 se crea Afteli. Un año después, esta amplía su capital hasta los 200.000 € y absorbe la mayoría de los clientes de Equipo Económico, que cae hasta el 1,59 M € de ingresos, mientras las autoridades investigan sus potenciales actividades delictivas. La mayor parte de la facturación, los clientes y el negocio pasan paulatinamente de una empresa a otra, incluyendo al equipo profesional.
Tras el cambio, Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez se convierte en presidente y máximo responsable a través de la sociedad Tutpim Inversiones, que figuraba como administradora única de Global Afteli. Él ya había sido inspector de Hacienda y desempeñado altos cargos en la Agencia Tributaria y como socio director del área jurídico-fiscal de Equipo Económico.
Otras figuras importantes de la 'nueva' empresa son Luis Miguel Triguero, experto en constitución de sociedades, y Ricardo Martínez Rico, que se convirtió en presidente ejecutivo de la marca y en su socio principal, liderando las operaciones y el asesoramiento estratégico, igual que lo había hecho en Equipo Económico.
En la práctica, este cambio fue principalmente una maniobra societaria y de marca, no una transformación real de equipo ni de estructura. El núcleo de socios y directivos siguió gestionando ambas empresas, y se mantuvo exactamente igual el domicilio social, el ámbito de negocio y las funciones de liderazgo.
![El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el pasado 14 de abril en la comisión de investigación del Congreso sobre la 'Operación Cataluña'.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/20\/actualidad\/1003743855691_257430278_320x180.jpg"])
En 2017 aparece un nuevo documento incriminatorio, esta vez anónimo, remitido a Anticorrupción. En él aparecen nuevas filtraciones sobre los pagos de las gasistas, lo que reactivó la investigación iniciada por los contratos con Cámara de Comercio, que se había quedado estancada y muchas de sus causas habían sido archivadas provisionalmente.
A raíz de esa denuncia anónima, la Fiscalía Anticorrupción presenta la primera querella formal contra los socios de Equipo Económico por presuntas prácticas de tráfico de influencias y prevaricación. Meses después, un tribunal de Tarragona que investigaba a la empresa gasista Messer Ibérica de Gases por otro delito encuentra, por pura casualidad, correos internos que refuerzan la hipótesis de que existían pagos a Equipo Económico.
Tras los grandes avances en la investigación durante 2017 –reactivada por la denuncia anónima y el hallazgo de correos en Messer Ibérica–, el año 2018 resulta crucial para desenmascarar la actividad de Equipo Económico. En agosto de 2018, el juez Rubén Rus abre formalmente diligencias y decreta el secreto de sumario para evitar filtraciones e injerencias externas.
A partir de 2018, Afteli asume casi toda la operativa del viejo Equipo Económico, superando los 3,4 millones de euros de ingresos, mientras el viejo despacho queda virtualmente vacío. Los socios, ya bajo el foco judicial, blindan sus movimientos y preparan estrategias legales ante las diligencias inminentes. Los investigadores sostienen ya que Montoro seguía siendo "socio de hecho" mediante testaferros y que los 779.705 € en pagos de las gasistas compraron dos reformas fiscales clave.
Ese mismo año, Montoro firmó el Real Decreto-ley 6/2018 que modifica epígrafes del IAE y otorga una nueva ventaja fiscal a las gasistas; los correos del sumario acreditan que la propuesta salió de AFGIM y fue pulida por Equipo Económico/Afteli.
"Sólo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasistas mediante la modificación del IAE a través de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado, que modificó el Real Decreto Legislativo 1175/1990", señala la investigación.
Las diligencias han permanecido bajo secreto hasta ahora, cuando el instructor lo ha levantado y ha dirigido el procedimiento contra la cúpula de Hacienda del PP, contra las empresas gasistas y contra 14 de sus directivos. De acuerdo con la resolución judicial, Equipo Económico (EE) habría obtenido pagos por importe de esos 779.705 euros de Air Liquide, Abello, Messer, Praxair, Carburos Metálicos y AFGIM (que engloba a las anteriores).
Según el juez, hay indicios de la existencia de una "organización", en la que "muchos de los intervinientes habrían desempeñado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".
![El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, en un acto celebrado en 2023.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/19\/actualidad\/1003743855397_257425214_320x180.jpg"])
Equipo Económico, horas después de hacerse públicas las acusaciones, negó "de forma tajante y rotunda haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas englobadas en la AFGIM". EE ha denunciado también "la indefensión que ha sufrido al haber permanecido el procedimiento judicial durante siete años en una situación de secreto de las actuaciones", algo que consideran "absolutamente anómalo".
Ruiz Ballesteros coincide con esa tesis: "Aún no se ha publicado información ni documentos que puedan dar una opinión formada. Lo que sí es llamativo es que lleven siete años de investigación secreta para un Estado de Derecho; pues si hay caso, hay caso; si no, que se archive, porque tener a cualquier persona siete años investigada es un perjuicio en sí mismo".
Por su parte, la defensa de los socios de EE, también investigados, ha presentado un recurso de apelación directo en el que pide a la Audiencia Provincial de Tarragona que declare nulos los correos electrónicos incautados por los Mossos d'Esquadra en una causa diferente y que dieron origen al 'caso Montoro'.
En otro escrito, la defensa solicita que se le comunique todo lo que ha hecho el Juzgado con posterioridad al último tomo cuyo secreto se ha levantado y que termina en julio de 2024.
Ingresos de Ricardo Montoro procedentes de Equipo Económico.
Los abogados ignoran todavía, por tanto, lo que se ha realizado en el seno del proceso durante el último año, en particular el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue encargado por el juez instructor Rus en octubre de 2023 y se refiere a los pagos realizados a Equipo Económico.
"El verdadero límite legal y ético lo saben aquellos que realizan el negocio", reflexiona Ruiz Ballesteros. "Si lo que haces o lo que propones piensa en que mejoras los servicios de los españoles, lo estás haciendo bien. Sin embargo, si lo que haces tiene como único fin mantenerte tú en el sillón político para seguir cobrando, entonces, obviamente puede existir un delito de tráfico de influencias y administración desleal, puesto que sólo buscas beneficio personal, cuando la política, por definición, es el servicio público, dedicar tu tiempo y trabajo para beneficiar a tus vecinos".
