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Los investigadores creen que el exministro Montoro continuó siendo 'socio de hecho' de su consultora gracias a testaferros
Detectan "anomalías" en las operaciones de transmisión de la titularidad del despacho y la existencia de sociedades instrumentales vinculadas a los socios que "buscarían la opacidad".
Más información: El juez considera que Montoro jugó un "rol nuclear" y abusó de su poder para beneficiar a empresas de varios sectores
Los investigadores de las actividades realizadas por Equipo Económico, empresa fundada en 2006 con el nombre de Montoro Asociados por Cristóbal Montoro, creen que éste continuó siendo 'socio de hecho' de la consultora tras ser nombrado ministro de Hacienda en el Gobierno del PP de Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018.
Distintos informes incorporados a las diligencias que ha tramitado en secreto el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona se refieren a la existencia de indicios de que entre las personas que habrían continuado siendo socios de hecho de Equipo Económico estaba Cristóbal Montoro, "quien estaría sirviéndose de testaferros para titular un patrimonio que sería ilícito".
Para los investigadores, ello explicaría el correo electrónico en el que Felipe Martínez Rico -que ostentó puestos de la máxima confianza de Montoro, como jefe de su gabinete en 2011 y subsecretario de Hacienda en 2016- pregunta al entonces ministro por el currículum que debe aparecer en la web de transparencia del Gobierno, en el que "se omite información sobre la actividad privada que podría estar realizando".
De esta forma, las bases de datos públicas no recogerían la existencia de la relación de Montoro con la consultora ni los ingresos reportados, en su caso, a través de Equipo Económico.
Correo de Felipe Martínez Rico a Cristóbal Montoro.
Un informe de la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) a la Fiscalía Anticorrupción, fechado el 5 de octubre de 2020, resalta que "llama la atención que existan socios [de Equipo Económico] que prácticamente no perciban formalmente ingresos del despacho, la obtención de ingresos por diversos exsocios en ejercicios posteriores a su salida formal, el no ejercicio de derechos de adquisición, así como las discordancias entre los porcentajes de participación en Equipo Económico y los ingresos percibidos directa o indirectamente por los socios (...)".
A los autores del informe les llamó también la atención que el paquete accionarial de Cristóbal Montoro, formalmente vinculado a la consultora hasta abril de 2008, tras ser elegido diputado en el Congreso, "acabara en manos de [Ricardo] Martínez Rico (que parece no detraía ingresos del despacho acordes al porcentaje de su participación formal) así como en las de su hermano (del que no consta el ejercicio de funciones, ni toma de decisiones, ni representaciones o autorizaciones de cuentas, ni flujos de renta inherentes a su participación, por otro lado nada desdeñable)".
"A su vez", añade el informe, "pudiera parecer que Ricardo Montoro repartió dichas participaciones al resto de socios no en función al porcentaje de éstos en el momento de la transmisión (quedándose fuera el accionista mayoritario) sino aproximadamente coincidente con los porcentajes existentes en el ejercicio de 2008, cuando Cristóbal Montoro permanecía en el despacho".
Según los investigadores, ello "redundaría en el mantenimiento del estatus, del control societario [y] de las condiciones o pactos entre los socios" del despacho de asesoría fiscal y financiera.
Otros informes de Mossos d'Esquadra (noviembre de 2019) y de la Guardia Civil (abril de 2021) inciden también en que las "anomalías" en las operaciones de transmisión de la titularidad del despacho y la existencia de sociedades instrumentales vinculadas a los socios reflejan un funcionamiento de la "trama" que "buscaría la opacidad".
Según los Mossos, los socios que han entrado y salido de Equipo Económico compraron y vendieron la acción al precio de constitución de la mercantil, sin que se haya tenido en cuenta el valor de la compañía en cada momento.
Ello indicaría que "pueden estar recibiendo sus beneficios de forma encubierta".
También "resulta llamativo" que los ingresos percibidos por los socios "no se adecúen a su participación formal" en el despacho, lo que, unido a las "anomalías" en la titularidad del accionariado "indiciariamente revelaría la existencia de otros beneficiarios finales reales o su eventual condición de testaferros de terceros".
"Reformas a demanda"
La investigación ha puesto de manifiesto que alrededor de Equipo Económico se constituyeron complejas estructuras societarias por las que circularon los fondos recibidos de las empresas que pagaron a la consultora para lograr reformas legislativas que les beneficiaron. Lo que el juez llama "reformas a demanda" de las empresas que acudían a Equipo Económico "tras aceptar pagar por ello".
Esa segunda estructura societaria "alejaría la ganancia de su origen presuntamente ilícito, velando los beneficiarios efectivos". Según los investigadores, cada uno de los socios ha figurado al frente de una sociedad instrumental constituida con esa finalidad.
De este modo, el precio pagado por las gasistas a cambio de modificaciones tributarias en su beneficio habría sido redistribuido, empleando esa red de sociedades interpuestas, "en beneficio en última instancia de los principales socios de hecho o de derecho".
Aunque la investigación se centró inicialmente en el pago a Equipo Económico de un total de 779.705 euros entre 2011 y 2019 por parte de las empresas gasistas agrupadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), los investigadores sospechan de que la consultora fundada por Montoro podría haber actuado igual con mercantiles de otros sectores, como el energético, la construcción o el juego.
Según los Mossos, la investigación ha permitido identificar una "pluralidad de sectores de la actividad económica y empresarial" que habría recurrido a la "artimaña" de contratar a Equipo Económico "para conseguir cambios normativos que beneficiasen sus cuentas de resultados".
Este cuerpo policial afirma que la actividad que realizaba Equipo Económico "excedía de lo que sería el traslado de las posiciones de grupos de interés, al ir mucho más allá", ya que se "aprovecharon" de la "estrecha colaboración" con miembros del Gobierno que formaban parte del Consejo de Ministros y participaban en la iniciativa legislativa y la aprobación de normas con rango de ley.
El juez Rubén Rus ha acogido esta tesis y sostiene que "a cambio de cuantiosos pagos, con abuso del ejercicio de la función pública", los ex altos cargos de Hacienda y los socios de Equipo Económico "intervienen decisivamente en reformas legislativas de favor, generando para sus clientes ventajas fiscales a cargo del erario público".
En una resolución conocida el pasado 16 de julio, el instructor atribuye a Montoro y ocho de sus exaltos cargos, los socios de Equipo Económico, 14 empresarios y varias sociedades jurídicas presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, corrupción en los negocios y falsedad.
