Al mediodía, mientras en el puerto de La Restinga el mar resplandece con un azul que parece pintado a mano, en Valverde el cielo permanece inmóvil, cubierto por una niebla densa que no se levanta ni con el sol más testarudo. En la capital administrativa de El Hierro —donde se expiden partidas de nacimiento, se dictan sentencias y se firma la ley— el gris es rutina. Como si el tiempo en este lugar se comportara distinto.
En uno de los edificios bajos de la Avenida Dacio Darias, entre un taller mecánico y una mercería, se alza el juzgado único de la isla. Aquí trabaja Ana Domínguez, la única jueza de El Hierro, que atiende a EL ESPAÑOL entre autos judiciales. En los dos años que lleva en el puesto ha firmado cientos de sentencias, ha resuelto decenas de casos civiles, penales y de familia, y ha dictado sobre cadáveres sin nombre que han llegado desde el mar.
La isla más occidental de España no solo es la más pequeña y despoblada de las Canarias. También es la más expuesta. En los últimos meses, Salvamento Marítimo ha rescatado embarcaciones con más de 200 personas a bordo, algunas con heridos, otras con muertos.
Vista exterior del Juzgado Único de Valverde de El Hierro, donde la jueza Domínguez ha recibido a EL ESPAÑOL.
Hace tan solo unos días, cuatro mujeres y tres niñas migrantes fallecieron ahogadas al volcar un cayuco en el puerto. Lo que para otros territorios sería una catástrofe, aquí es parte del día a día. Y quien debe responder —con papeles, con protocolos, con resoluciones judiciales— es Domínguez.
Donde todos se conocen
La jueza, de origen tinerfeño, llegó a El Hierro sin conocerlo. No había estado antes, ni por turismo. Lo eligió como primer destino porque era la plaza disponible en Canarias y porque nunca le asustó la idea de lo remoto. "Soy más de campo que de ciudad", dice. Ahora, pasados los meses, sabe que El Hierro no admite medias tintas: "O te gusta o no te gusta". A ella, le encanta.
En este territorio de barrancos y sabinas torcidas por el viento, todo el mundo se conoce. Los rostros se repiten en la plaza, en la panadería, en la guagua. Y, a veces, también en la sala de vistas. "He juzgado a personas que después me he encontrado en el supermercado", confiesa Domínguez, sin drama. "Pero se puede ejercer con objetividad incluso cuando conoces a las partes. La ley prevé mecanismos como la recusación o la abstención. Y aquí los usamos".
Javier Martínez, el secretario judicial de la isla, lo resume así: "En este contexto, hay que tener templanza. Aquí no se puede improvisar nada. Hay que conocer las reglas y aplicarlas con el doble de rigor". Él lleva menos de un año en El Hierro, pero ya habla como si llevara toda una vida entre sus pasillos. Junto a Domínguez, conforma el núcleo de la autoridad judicial insular.
En el interior del pequeño juzgado se encuentran la sala de vistas y el despacho desde el que Ana Domínguez instruye casos penales, civiles y de familia en solitario.
Cuando la jueza Domínguez aterrizó en la isla de El Hierro, la serie Hierro de Movistar+ ya era un fenómeno a nivel nacional pero también local. Muchos vecinos la miraban de reojo, entre el orgullo y la distancia. "No me identifico con el personaje de Candela Peña", dice la jueza, al ser preguntada, con calma. "No somos tan viscerales. Pero la serie ayudó a visibilizar la isla".
La ficción, sin embargo, ha dejado una gran marca. A veces la saludan como si fuera ella. O hacen bromas. "A mí me interesa que la gente sepa cómo es realmente el día a día aquí: menos dramático, pero igual de intenso", afirma. Porque a diferencia de lo que muestra la pantalla, en El Hierro no hay un crimen por episodio. Pero sí hay una lucha silenciosa por mantener en pie los engranajes de la ley.
Las causas del mar
La mayoría de los procedimientos que tramitan son civiles: monitorios, cláusulas abusivas, tarjetas revolving. También hay casos de familia: separaciones, custodias, ejecuciones de sentencia. En lo penal, la carga es menor. "Las típicas peleas, algún hurto", resume la jueza. "Pero casi no hay robos. Al conocernos todos, digamos que tenemos cámaras de vigilancia humanas por todos lados", añade Martínez. "Y si alguien hace algo, la Guardia Civil lo está esperando enseguida en la cola del barco a Tenerife".
Pero hay un tipo de expediente que deja un silencio más largo al cerrarlo: los que traen las olas. En estos momentos El Hierro es uno de los puntos más calientes de la ruta migratoria atlántica. Según datos oficiales del Gobierno de Canarias, cada día y medio llega una embarcación. A veces con fallecidos: por deshidratación, hipotermia o causas no aclaradas.
"Cuando eso ocurre, el forense actúa autorizado por mí, se levanta el cadáver, se practican autopsias, se remiten muestras a Tenerife", explica Domínguez. Si no hay indicios de criminalidad, se autoriza el entierro. Modesto Martínez, que es el único médico forense de la isla, tiene 69 años. "Aquí, cuando hay una muerte, me llaman a mí. Cuando hay siete, también", explica. Carga sobre sus hombros una tarea que en cualquier otro sitio sería de un equipo completo.
La jueza Domínguez (derecha), junto al médico forense de la isla, Modesto Martínez, durante una visita de la consejera de Presidencia del Gobierno de Canariasy de la subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Tenerife al juzgado de Valverde.
Otras veces, sin embargo, el procedimiento se complica. Por ejemplo, en diciembre de 2024, tres patrones fueron acusados de asesinar a ocho migrantes durante la travesía. El juzgado debe entonces determinar si tiene competencia. "Si fue en aguas internacionales y el cayuco no tenía bandera, España no puede enjuiciar", explica la jueza. Las autopsias, las pruebas, los testimonios… todo puede quedar en suspenso si la ley no permite actuar.
Cuando los migrantes que llegan son menores y no están acompañados, el juzgado interviene solo en casos puntuales: riesgo de desamparo, conflictos institucionales. La tutela en principio recae en el Gobierno de Canarias. En la isla, Quorum77 —una entidad ahora bajo escrutinio tras el cierre de un centro en Gran Canaria— gestiona la acogida.
"Van al colegio, hacen deporte, están integrados", dice Domínguez. "Se les ve en las calles, en el gimnasio, en lucha canaria". Cuando los centros están llenos, se les traslada a Tenerife. O a la Península. "Pero muchos se quedan, al menos una temporada. Son chicos jóvenes que solo quieren empezar otra vez".
![Imágenes tomadas durante la intervención policial que se saldó con la clausura del centro por orden judicial.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/23\/actualidad\/1003743772089_255850059_320x180.jpg"])
La amenaza invisible
En el despacho de la jueza, las estanterías resisten la carga de expedientes. Pero no resistirán lo que está por venir. A partir del 1 de julio, con la entrada del nuevo modelo de Tribunales de Instancia, el juzgado perderá tres de sus cuatro tramitadores. Y sólo quedará uno.
El hallazgo lo hizo EL ESPAÑOL, tras consultar el Boletín Oficial de Canarias del 22 de mayo. En la nueva relación de puestos de trabajo, el Juzgado de Valverde aparece con dotación mínima. "Es inviable", dice Domínguez. "Si ya íbamos justos, ahora nos han cortado las alas". El secretario judicial lo compara con un cuerpo mutilado: "Es como si le quitas tres extremidades y le pides que corra".
Exterior de la sala de vistas del Juzgado Único de Valverde, en El Hierro.
Ambos evitan señalar culpables. Hablan de normativa, de despachos lejanos, de decisiones tomadas sin pisar la isla. Pero el mensaje es claro: si no se revierte, colapsará todo. No solo la justicia. También los registros, los plazos, los nacimientos. La ley misma.
Fuera del juzgado, los coches pasan despacio y el viento sopla como una respiración. En las laderas brilla el sol, pero sobre Valverde el cielo sigue inmóvil. Desde el despacho de la jueza Domínguez se ve el gris aferrado al horizonte. Aquí, en una isla donde no hay cines ni centros comerciales, donde un delito se resuelve antes de que el culpable pueda salir huyendo, Ana Domínguez sigue firme. No dramatiza. No se queja. Pero lanza un aviso: "Sin recursos, colapsaremos".
