El primer aviso llegó en forma de golpe. Luego fueron varios. Tres menores migrantes no acompañados recibieron una paliza dentro del centro en el que vivían, según denunciaron ante los educadores y más tarde ante la Policía. Fue el inicio de la caída de "La Fortaleza", el nombre oficial de un centro que, lejos de proteger, terminó convirtiéndose —según las autoridades— en un espacio de castigo, abandono y violencia institucionalizada.
"Comenzamos a investigar tras esa paliza", confirma una fuente de la Dirección General de Infancia del Gobierno canario. Lo que descubrió después la Policía Canaria, el cuerpo autonómico de las islas, fue aún más grave: insultos racistas grabados en vídeo, castigos físicos, negligencias médicas, órdenes para apagar las cámaras de seguridad y un patrón de maltrato sistemático.
El lunes 19 de mayo, efectivos policiales irrumpieron en el recinto. Fue el desenlace visible de la llamada Operación Cábila, bautizada con una palabra que en Canarias designa a una cuadrilla violenta. Nueve trabajadores del centro fueron detenidos, entre ellos la directora, Aroa Q. El Juzgado de Instrucción nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria, especializado en violencia contra la infancia, había autorizado la entrada, el registro y el cierre inmediato de las instalaciones.
Efectivos de la Policía Canaria durante el registro en el centro.
La redada se prolongó durante horas. Agentes de la Unidad Especializada de Violencia e Infancia inspeccionaron cada rincón del centro. Confiscaron teléfonos móviles, ordenadores, documentación interna y tomaron muestras biológicas. También entrevistaron a los 45 menores que vivían allí: 27 subsaharianos y 18 marroquíes. Según fuentes cercanas a la investigación, algunos rompieron a llorar durante los interrogatorios. Otros, enmudecieron.
Ante las preguntas de este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado este viernes que los detenidos están siendo investigados por presuntos delitos de lesiones, amenazas, odio y atentado contra la integridad moral. La investigación, judicializada, sigue bajo secreto de sumario. Y no se descartan nuevas detenciones.
"Era un castigo tras otro"
El centro había sido inaugurado en 2021 bajo el amparo del Real Decreto 23/2020, que permitía habilitar dispositivos de acogida sin licencia municipal en situaciones de emergencia. La Fortaleza I ocupaba las antiguas instalaciones de un restaurante con campo de fútbol, en un terreno rústico junto a la carretera de Bandama, en el nordeste de Gran Canaria.
Desde el inicio, su objetivo era claro: acoger a los menores migrantes considerados más conflictivos, derivados desde otros centros del archipiélago. Pero, según fuentes del caso, el lugar se convirtió rápidamente en un espacio de castigo. "Era un castigo tras otro", afirma un exeducador que pidió el traslado tras tres semanas allí. "No había un protocolo real de actuación, se improvisaba. A los chicos se les encerraba, se les aislaba, se les gritaba".
Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas. No quiero ni una encendida
Aquel episodio inicial de la paliza no fue el único. Otros menores denunciaron insultos racistas. Un educador grabó a su subdirector llamando "negros de mierda" a los chicos. El vídeo llegó a la Fiscalía de Extranjería. El trabajador fue despedido, pero otros siguieron. Y la entonces responsable del protocolo médico, Aroa Q., fue ascendida a directora.
Los migrantes menores de 'La Fortaleza', durante una actividad en el campo de fútbol, en una imagen hecha pública por la empresa gestora del centro.
Fuera cámaras
Cuando el caso estalló públicamente, hace tan sólo unos días, surgió un nuevo escándalo. La presidenta de Quórum 77 —la entidad que gestionaba el centro— envió un audio a todos los recursos que tenía activos en Canarias: "Vamos a tener, hasta nuevo aviso, todas las cámaras de los centros desconectadas. No quiero ni una encendida". La voz era de Delia García García, presidenta de la asociación.
La orden llegó tras conocerse las detenciones. Para los investigadores, fue un intento de evitar que se documentaran futuras situaciones de maltrato. La instrucción fue cumplida por los trabajadores sin dejar rastro. "¿Cómo puede una presidenta ordenar eso y luego decir que no sabía nada?", se pregunta una fuente de la Consejería de Derechos Sociales.
La versión oficial por parte del Gobierno de Canarias, sin embargo, intenta acotar responsabilidades: "Se trata de unos pocos trabajadores concretos", dijo la consejera Candelaria Delgado. "La ONG ha colaborado y ha apartado a los implicados".
Los vecinos del barrio de Monte Lentiscal, consultados en el terreno por EL ESPAÑOL, llevaban años alertando. "Peleas, gritos, basura por todas partes", recuerda un vecino de la calle próxima. "A ellos [los niños] no los escuchábamos, los veíamos solos, desatendidos. Nadie supervisaba mucho. Una vez uno de ellos se escapó y salieron a buscarle en una furgoneta, a golpes e insultos", dice.
"Bienvenido. La Fortaleza I. Bandama", puede leerse en un cartel a la entrada del centro.
El Ayuntamiento de Santa Brígida, según recuerdan varios vecinos, denunció en su día la apertura del centro ante la Agencia de Protección del Medio Natural por estar en suelo no autorizado. Pero la maquinaria administrativa no actuó a tiempo. Cuando la denuncia fue procesada, el centro llevaba más de un año funcionando. "En realidad denunciaron porque no querían tener migrantes por aquí. Ya sabe usted, a veces somos [los vecinos] un poco cerrados. Pero en ningún caso pensamos que ocurriría algo así", sentencia el mismo vecino.
Diferentes fuentes próximas al caso creen que la saturación del sistema canario de acogida favoreció que centros como este se mantuvieran abiertos pese a los reiterados avisos. "No había otro lugar donde meter a estos chicos. Y algunos centros se sabían intocables", reconoce un funcionario del área. La crisis migratoria pasó a considerarse de manera extraoficial crisis de acogida por la falta de recursos a lo largo y ancho de las Islas Canarias.
![El hombre de 48 años posa para la cámara de EL ESPAÑOL en una de las playas donde, cuando cae la noche, grupos de migrantes se suben clandestinamente a cayucos para iniciar su travesía hasta Canarias.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/02\/26\/actualidad\/927167496_253430173_320x180.jpg"])
Problema estructural
La Dirección General de Infancia del Gobierno autonómico recibió desde 2024 varios correos anónimos de trabajadores denunciando irregularidades en La Fortaleza. Uno de ellos incluía la grabación que sirvió de detonante para la intervención judicial. "Castigos físicos y escupitajos en la comida con la intención de vejar a los menores", explica una fuente anónima. También hubo avisos desde centros educativos y del Servicio Canario de Salud.
Pese a ello, la estructura de la entidad gestora se mantuvo intacta hasta la redada. La directora seguía al frente del centro, junto a los mismos trabajadores sociales y el mismo personal auxiliar sin formación especializada, que seguía principalmente al cuidado de los menores.
"Es un problema estructural", explica otra fuente del área de Infancia. "Hay muy pocos recursos, mucha sobrecarga, y una idea extendida de que los menores migrantes no importan demasiado. Se les puede encerrar en cualquier parte, y nadie hace muchas preguntas", sentencia.
Efectivos de la Policía Canaria durante la entrada por orden judicial al centro.
El centro Emena La Fortaleza I fue, finalmente, sellado. Los menores fueron trasladados a otros dispositivos en la isla. Algunos, gestionados por la misma ONG. La Dirección General de Infancia asegura que esos traslados fueron "inevitables" ante la falta de plazas disponibles. Pero los expertos advierten que podrían suponer una nueva revictimización.
Según fuentes oficiales, los nueve detenidos fueron puestos en libertad tras declarar ante la Policía. Aún no hay imputaciones formales. La jueza instructora continúa recopilando pruebas. La Fiscalía, de momento, guarda silencio. Pero el caso sigue creciendo. Podría haber más víctimas. Más responsables. Y más centros bajo sospecha.
Mientras tanto, la verja oxidada de La Fortaleza permanece cerrada. Dentro, solo quedan papeles rotos, colchones malolientes y una red de silencio que tardará en deshilacharse. La historia de este centro es la historia de cómo un lugar destinado a proteger se convirtió en símbolo del castigo. Una fortaleza que no contenía el peligro: lo albergaba. Hasta que una paliza encendió la alarma y la justicia —esta vez sí— escuchó los gritos.
