Los 900 días de batalla legal de la madre de Álvaro, aplastado por una caseta de socorrismo: "Se me revuelven las tripas"

La actuación del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha sido sonrojante desde que perdió la vida Álvaro Navarro García: una joven promesa del fútbol sala profesional, tras ser aplastado por una caseta de socorrismo de la playa de El Mojón. El informe de la Guardia Civil desveló que la caseta presentaba deficiencias en su montaje y se desplomó sobre la cabeza de Álvaro, pero a pesar de semejante dato, el Consistorio ha consolidado el empleo de dos de los tres responsables de Protección Civil investigados por la muerte de Álvaro -un 2 de agosto de 2022-.

Y ahora, el Ayuntamiento recoge los frutos de su gestión del caso. Un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de San Javier "acuerda la apertura de juicio oral" contra el jefe del Servicio de Emergencias y Protección Civil de San Pedro del Pinatar [Vicente S. H.]; el coordinador [Juan Manuel E. S.] y el responsable del área operativa [Hilario José L. G.], dejando abierta la posibilidad a que el Consistorio sea condenado "como responsable civil subsidiario". De forma que podría llegar a pagar hasta 500.000 euros -más los intereses de demora- a la familia de Álvaro.

El importe de la indemnización que reclaman los padres y los dos hermanos del difunto, se debe a "los daños y perjuicios sufridos, en atención a las circunstancias del accidente, la edad de Álvaro y las secuelas ocasionadas", tal y como recoge el auto que anuncia la celebración de una vistal oral. Incluso contempla que puedan ser condenados a abonar "gastos de terapia psicológica" y la "cantidad que se determine, en ejecución de sentencia, por los gastos derivados del entierro y funeral del fallecido".

"No solo no han suspendido de su puesto de trabajo a los acusados, sino que durante este tiempo han conseguido una estabilización del empleo", tal y como reflexiona Altagracia, muy dolida con la reacción del Ayuntamiento tras la muerte de su hijo, Álvaro, con solo 18 años, y con toda la vida por delante para seguir la estela docente de su madre, sacándose la carrera de Magisterio de Educación Física, mientras soñaba con llegar a la élite del fútbol sala tras despuntar como portero en las categorías inferiores de ElPozo o el Futsal Paulo Roberto.

La prueba de que el Consistorio no suspendió de sus funciones a los tres investigados, se sustenta en que dos de ellos, el coordinador y el responsable del área operativa de Protección Civil, pasaron de ser personal laboral temporal a personal laboral fijo.

De haber sufrido un proceso administrativo disciplinario, ni Vicente podría haber seguido ejerciendo de jefe del Servicio de Emergencias y Protección Civil de San Pedro del Pinatar; ni Juan Manuel ni Hilario José podrían haber participado en un proceso selectivo de estabilización laboral porque se lo habría impedido el artículo 90 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

En concreto, Juan Manuel e Hilario José participaron en un proceso selectivo para la estabilización de 20 plazas vinculadas a Protección Civil y el tribunal, el 13 de febrero de 2024, acordó elevar a definitivas las calificaciones de sus méritos, a pesar de que desde 2023 ya figuraban como investigados por el homicidio imprudente de Álvaro: aplastado por una caseta de la que en teoría ellos eran responsables.

Uno de los puntos donde faltaban los pilares de apoyo de la pasarela del socorrista para darle estabilidad a toda la estrcutura.

En la práctica, el Consistorio premió la -supuesta- mala supervisión del montaje de una caseta de socorrismo que le costó la vida a un adolescente porque la Guardia Civil es taxativa en su informe sobre la terraza del puesto de socorrista: "En las fotografías, no se observa ningún tipo de puntal o vigas de apoyo que apuntalen la terraza a la plataforma de hormigón". También la magistrada Omaira Gonzalvo subraya en un auto que la ausencia de los pilares en la caseta que aplastó a Álvaro, se arrastraba dos semanas antes del siniestro, a causa de unos actos vandálicos arreglados sin un chequeo previo a la estructura: "Los daños causados en el puesto se repararon por uno de los socorristas, sin que por parte de los máximos responsables se efectuaran las comprobaciones oportunas y necesarias, para asegurarse de que el puesto estaba en buenas condiciones y con todos los elementos estructurales necesarios, para garantizar su estabilidad y seguridad".

Este auto al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL pone a los pies de los caballos, a nivel penal, tanto a los tres empleados municipales porque podrían ingresar en prisión como al Ayuntamiento por la elevada indemnización que tendría que abonar. La sentencia de este juicio podría sentar un precedente para que las Administraciones públicas se tomen en serio el mantenimiento y la instalación de las casetas de los socorristas: un elemento común en todas las playas del país.

"Yo quiero la máxima pena de cárcel, la máxima indemnización y una suspensión de empleo y sueldo durante el mayor tiempo posible", según avanza Altagracia, sobre la línea que seguirá la letrada que representa a la familia: Sara Megías del bufete MMB Abogados. De hecho, esta madre coraje recalca que ha rechazo un acuerdo "bochornoso", "ridículo" y "vergonzoso", para que se juzgue lo sucedido con su hijo cuando se subió con unos amigos al Puesto Lima 1 de Salvamento de la playa de El Mojón.

El Puesto Lima 1 de Salvamento, el día 3 de julio de 2022, ya carecía de pilares. Cedida

La instrucción judicial del 'caso Álvaro' se ha demorado durante 881 días que han sido interminables para Altagracia, debido a que la han mantenido anclada a aquella trágica madrugada del 2 de agosto de 2022, impidiéndole mantener el duelo por la muerte de su hijo al verse inmersa en una batalla legal. El auto de apertura de juicio data del 30 de diciembre y ahora, Altagracia suma un mes y una semana aguardando a conocer la fecha en la que se celebrará la vista oral. De modo que la agonía legal de esta madre se eleva a 919 días.

- ¿Cómo ha recibido la familia este auto judicial que finalmente sienta en el banquillo de los acusados a los responsables de aquella caseta de socorrismo?

- Altagracia: Lo hemos recibido con cierto alivio porque ya queda menos para el final. También nos sentimos regular porque esto supone que se removerá todo, al enfrentarnos al juicio por la muerte de Álvaro. En ningún momento, pensamos que esto se iba a dilatar tanto en el tiempo, pero ya han pasado dos años y medio. El tiempo nos ha servido para tener templanza y saber que vamos a luchar para que se haga Justicia por la muerte de Álvaro y por sus amigos que también sufrieron lesiones.

La familia no interpreta como una victoria este auto que fija la celebración del juicio porque califica como "un delito leve de homicidio imprudente, por imprudencia menos grave", la muerte de Álvaro, tras venirse abajo la caseta a la que se subió aquella madrugada de agosto, junto a otros tres amigos que acabaron lesionados cuando disfrutaban de una noche de verano con el resto de la pandilla en la playa de El Mojón. Prueba de ello es que durante la vista oral, la cúpula de Protección Civil de San Pedro también responderá por tres delitos leves de lesiones imprudentes.

"Me parece horrible que se haya considerado un homicidio imprudente como un delito leve", subraya la madre del fallecido. "Sé que será difícil conseguir que en el juicio lo califiquen como un delito grave, pero sería lo normal que lo calificasen como algo grave porque es gravísimo que una persona pierda la vida por algo que hubiera sido muy fácil evitar, si hubieran hecho bien su trabajo. Por eso no tendrían que volver a trabajar".

- ¿Cómo se vive una instrucción de casi 900 días para que se juzgue la muerte de un hijo?

- Altagracia: Es un proceso revictimizador. Es un proceso muy agónico porque cuando crees que avanzas, presentan un recurso y te toca ir a la Audiencia Provincial. Ellos han dilatado este proceso con sus recursos. Aunque en realidad, nunca vamos a descansar por la muerte de Álvaro.

Los amigos de Álvaro homenajeando al guardameta, luciendo su dorsal número 15, tras depositar unas flores en el puesto de socorrismo de El Mojón donde perdió la vida. Cedida

Hace tiempo que tres empleados públicos no son juzgados en la Región de Murcia, con el riesgo claro de terminar con sus huesos en prisión. Del auto por el juicio del 'caso Álvaro' se desprenden penas que suman hasta 4 años y 3 meses de cárcel, para cada uno de los encausados: el jefe del Servicio de Emergencias y Protección Civil de San Pedro del Pinatar [Vicente S. H.]; el coordinador [Juan Manuel E. S.] y el responsable del área operativa [Hilario José L. G.]. En concreto, 3 años por el homicidio imprudente y 5 meses por cada delito de lesiones. 

Todo ello, sin olvidar las peticiones que realizan cada una de las acusaciones particulares "de inhabilitación especial, para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo" contra el trío de responsables de Protección Civil. En el caso de ser condenados por el homicidio imprudente de Álvaro, no volverían a trabajar para la Administración local durante 5 años, mientras que en caso de ser condenados por las lesiones que sufrieron los amigos de la víctima mortal, no volverían a pisar el Consitorio en 3 años.

La otra clave del juicio serán las indemnizaciones porque los importes oscilan de los 180.304 euros que propone la Fiscalía a los 500.000 euros que reclama la familia de Álvaro. A tal cantidad habría que añadir los 56.237 euros que suman las peticiones de compensación que pide el trío de amigos de Álvaro, por las lesiones que sufrieron tras desplomarse la caseta y por las secuelas psicológicas que padecen por lo que vivieron aquella noche. De modo que el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar podría desembolsar en el peor escenario más de 600.000 euros por los intereses legales.

La abogada Sara Megías.

"Entendemos que las cuantías que pide el Fiscal son bajas, en comparación con el sufrimiento causado a los padres de Álvaro y por cómo ocurrió todo", lamenta Sara Megías, abogada de la familia de la víctima mortal. "Los encausados pagarán su multa [de 18 meses con cuota diaria de 12 euros] o irán a prisión".

- ¿Qué le parece que sus clientes hayan tenido que esperar casi 900 días para que por fin se acuerde la celebración del juicio?

- Sara Megías: Este auto ha tardado mucho en llegar por culpa de lo lenta que va la Justicia, especialmente este juzgado, pero es un paso importante porque hay una jueza que ha entendido que esto es constituvio de delito. La vista oral la enfocaré como vengo haciendo desde el principio con mi acusación particular: esto no fue un mero accidente.

Esa caseta de socorrismo estaba mal por el deficiente funcionamiento del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y de las tres personas de Protección Civil que eran sus responsables. Por desgracia, esto le ocurrió a Álvaro con 18 años, pero le podría haber pasado a cualquier persona. Esa caseta no se cayó porque se subieran unos jóvenes, se podría haber caído en cualquier momento porque desde el principio estaba mal construida y con un mal mantenimiento que causó un accidente fatal.

Tanto es así que Altagracia no ha dejado de acudir al psicólogo y a grupos de duelo para intentar continuar con su vida sin Álvaro, cuya imagen preside el perfil de WhatsApp de esta madre en una foto que ilustra este reportaje. En la imagen, ambos aparecen juntos y bromeando con unas gafas de sol. Ahora todo eso es historia porque se ha apagado la sonrisa pícara del portero de fútbol sala que siempre lucía el dorsal número 15.

- ¿Asistirá a la vista oral para mirar a los ojos a los tres responsables de Protección Civil de San Pedro del Pinatar?

- Altagracia: No les veré las caras porque no tengo que ir al juicio porque no soy testigo de nada y lo prefiero. Soy una persona muy pacífica, pero no quiero ver el rostro de esas personas porque no sé cómo reaccionaría. Tan solo de leer sus nombres en el auto se me revuelven las tripas. Así que no quiero pensar qué ocurriría si les veo las caras.